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El nuevo impuesto (ICIR) gravará con 8 dólares a aquellos productores que tengan predios entre las dos mil y cinco mil hectáreas con un Índice Coneat 100; con 12 dólares a quienes posean entre 5 .000 y 10.000 hectáreas, y para los que poseen más de 10.000 hectáreas será de 16 dólares por hectárea y afectará entre 1.200 y 1.500 productores. El gobierno estima que el mismo alcanzará al 2% de los ruralistas y alcanzará a los 60 millones de dólares de recaudación.
El presidente de la ARU, José Bonica, señaló que este impuesto raya con lo inconstitucional. El tiempo político ya fue laudado, por eso alentamos a los productores que se presenten ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar el impuesto, porque estamos en un país de derecho y por eso consideramos que no solo tenemos el derecho, sino la obligación de hacerlo .
El tiempo político ya pasó, ahora será importante escuchar a la Suprema Corte de Justicia para saber cuál es su opinión , subrayó.
FRU
Por su parte, el presidente de la Federación Rural del Uruguay (FRU), Miguel Sanguinetti, además de coincidir con el titular de la ARU, agregó que los productores deberán presentar el recurso en forma individual, aunque aclaró que hay profesionales en ambas gremiales para asesorar a sus asociados.
Indicó que la ley sería violatoria de varios artículos de la Constitución , y consideró que el tributo es un capricho del presidente de la República (José Mujica), ya que el vicepresidente (Danilo Astori) y el ministro de Ganadería (Tabaré Aguerre) no estaban de acuerdo con el mismo . Ésta seria la explicación a la expresión de que el tiempo político ya había finalizado , porque pese a no estar de acuerdo el ministro del ramo, igualmente firmó la aplicación del tributo. Acotó que la ley viola la independencia de las intendencias.
Sanguinetti afirmó que diariamente llaman entre tres y cinco productores para asesorarse y se estima que ya hay, al menos, 100 titulares de predios aprestándose a iniciar la impugnación.
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