Ante la difícil coyuntura empresarial, respuestas a gran escala

Columna > Confederación Empresarial del Uruguay

La recuperación será más lenta y gradual de lo inicialmente esperado y, pese a los programas puestos en marcha por los gobiernos, es esperable un alto nivel de destrucción de empresas y empleos. Cuanto mayor sea este efecto, mayor será la pérdida de capacidades acumuladas en las empresas, la dispersión de conocimientos y experiencias y la ruptura de relaciones de confianza entre los actores económicos.

Ante esta situación la CEPAL propone tres conjuntos de medidas:

1.Ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas.

2.Reforzar las transferencias directas a las empresas para evitar la destrucción de capacidades.

3.Apoyar a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis.

El primer conjunto de medidas implica aumentar la liquidez de las empresas, principalmente las de menor tamaño, mediante:

  • La postergación o cancelación de los pagos de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales, o el adelanto de las devoluciones de impuestos por lo menos hasta finales de 2020.
  • La suspensión del pago de los servicios de luz, agua, gas y telecomunicaciones, sin multas ni corte de servicios, hasta finales de 2020.
  • La flexibilización y mejora de las condiciones de crédito:

-Los períodos de gracia deben ser de por lo menos un año y los plazos de cinco años o más.

-Deben reforzarse las operaciones de crédito a través de la banca de desarrollo, que tiene una mayor propensión que la banca comercial a asumir el riesgo asociado a las empresas de menor tamaño.

El segundo conjunto de medidas busca evitar la destrucción de capacidades:

  • Cofinanciamiento de la nómina salarial diferenciando según el tamaño de las empresas:

30% para las grandes empresas, 50% para las medianas, 60% para las pequeñas y 80% para las microempresas. Este subsidio tendría una duración de seis meses y su costo se estima en un 2,7% del PIB

  • Una contribución en efectivo para los trabajadores autónomos formales5.

Este subsidio por seis meses para cada trabajador autónomo podría llegar hasta 500 dólares según el poder adquisitivo en cada país. Los recursos públicos comprometidos a nivel regional representarían un 0,8% del PIB y alcanzarían a más de 15 millones de trabajadores

Estas dos medidas complementan las propuestas de la CEPAL de establecer un ingreso básico de emergencia para toda la población en situación de pobreza en 2020 y un bono contra el hambre para la población en pobreza extrema, con un costo del 2,1% y el 0,6% del PIB, respectivamente (véanse CEPAL (2020) y CEPAL/FAO (2020)).

En la medida en que el cofinanciamiento de la nómina y el apoyo en efectivo a los trabajadores autónomos sean eficaces, disminuirán el desempleo y la pobreza, reduciéndose así el costo total del ingreso básico de emergencia y del bono contra el hambre. Existiría una sinergia entre las medidas de apoyo al empleo y la reactivación y las de atención inmediata a las situaciones personales y familiares más críticas.

El tercer conjunto de medidas supone tomar en cuenta el rol y la importancia de las grandes empresas. Estas representan el 39% del empleo formal y más del 90% de las exportaciones, su rol es protagónico en los sectores de mayor intensidad tecnológica y extremadamente relevante en la generación de cadenas de proveedores. Por ello su aporte al incremento de la productividad de los países es clave para garantizar el crecimiento, así como la transición hacia un modelo de desarrollo más sostenible.

Aunque su capacidad de resiliencia es mayor en la fase de emergencia, en comparación con las empresas de menor tamaño, las pérdidas de empleo, capacidad productiva, tecnológica y exportadora son riesgos reales que pueden condicionar seriamente la fase de reactivación.

Por estas razones, además del acceso al crédito en condiciones favorables y el cofinanciamiento de la nómina salarial, es necesario considerar la posibilidad de que el Estado participe en la recapitalización de grandes empresas de sectores estratégicos para   el crecimiento del país. Estos apoyos deben estar condicionados a que estas empresas se comprometan a no despedir trabajadores por un plazo determinado desde la recepción del cofinanciamiento o de los aportes de capital, a no distribuir utilidades por un período similar y a implementar planes de inversión para acelerar la reactivación o aumentar la sostenibilidad ambiental de sus operaciones. Asimismo, las grandes empresas deben empeñarse en reducir los plazos de pago a sus pequeños proveedores, llegando posiblemente a pagos al contado.

Fuente: CEPAL 2 de julio de 2020