Análisis: ¿tiempos de reestructuración financiera?

Las organizaciones que utilizan el financiamiento bancario, de acuerdo con el Banco Central, son categorizadas como deudores con capacidad de pago fuerte, adecuada, con potenciales dificultades o capacidad comprometida o muy comprometida.

Por Darío Andrioli (*)

En algunas etapas de sus vidas, las empresas pueden estar en las categorías de mayor riesgo por tener problemas importantes para cumplir con sus compromisos financieros, ya sea por razones estructurales o debido a una coyuntura específica. En el momento actual puede sumarse una fase de no crecimiento de la economía con la pandemia por Covid-19.

Como en los temas de salud, es necesario prevenir, monitoreando algunos indicadores clave de desempeño financiero, utilizando información histórica y proyectada que permita evaluar la relación de la generación de fondos provenientes de operaciones con el servicio de deuda a atender.

Un primer indicador duro en el análisis financiero para medir la capacidad de pago en el mediano plazo es el número de ejercicios requeridos para pagar el endeudamiento financiero, que habitualmente se hace mediante el ratio Deudas financieras/Ebitda. Este indicador dimensiona el número de años de beneficios antes de deducir intereses, impuestos y amortizaciones, que son necesarios para saldar las deudas financieras.

Causas y efectos

La capacidad para cumplir con su deuda puede estar comprometida por un alto nivel de endeudamiento, por la baja generación de fondos, o por la combinación de ambos factores.

Detectada la potencial dificultad de cumplimiento, se requiere la identificación y valoración de las causas que afectaron la generación de fondos. Puede ser por diferentes razones: caídas de ventas por ciclo recesivo de la economía,  pérdida de posición competitiva, alto peso de los costos fijos, márgenes nulos o negativos, eventos extraordinarios (como problemas climáticos en el agro o la actual emergencia sanitaria).

También las causas de origen de las dificultades financieras pueden ser decisiones agresivas de inversión y dividendos, que determinaron un alto apalancamiento que le quita flexibilidad a la estructura de financiamiento.

Las dificultades comienzan manifestándose en la caja de la empresa afectando su capital de trabajo, no permitiendo invertir o recurriendo a endeudamiento en condiciones no adecuadas. La empresa opera observando demasiado  “su saldo diario de caja”,  sin tiempo para actuar sobre las causas de los problemas y erosionando su rentabilidad.

Por su parte, la categorización de las empresas deudoras en el sistema financiero considera, entre otros indicadores negativos, atraso en el repago del crédito, pérdidas ocasionales o sistemáticas, el deterioro del capital de trabajo, los resultados acumulados negativos o el patrimonio neto afectado.

Proceso de reestructuración

Si bien no hay recetas para llevar a cabo reorganizaciones financieras, es necesario considerar algunos aspectos relevantes para encarar el proceso.

En forma simplificada, podemos distinguir las siguientes etapas o fases del proceso de reestructuración: diagnóstico del riesgo financiero, diseño del plan de reorganización, negociación con los acreedores e implementación de la reestructura operativa y financiera.

En primer lugar, no es sólo diferir el pago de la deuda, sino que es necesario mejorar la generación anual de fondos (Ebitda), denominador del ratio que decíamos. Para ello, se debe revisar las operaciones de la empresa para identificar oportunidades de mejoras en la racionalización de costos, gestión de inventarios, venta de activos fijos no funcionales, así como posibles incrementos de ingresos operativos.

En segundo lugar, es clave, con los cambios identificados en la operativa, elaborar flujos de fondos sensibilizados para apreciar la nueva capacidad de pago y determinar los años necesarios para distribuir el servicio de deuda.

Con el plan de reestructuración, la empresa estará en mejores condiciones entonces de comenzar la negociación con los acreedores financieros. Puede consistir en extender el plazo de pago de la deuda, períodos de gracia, bajar el costo financiero, obtener quitas, cambiar de moneda e incluso lograr financiación adicional.

Debe considerarse, además, posibles refuerzos de garantías, compromisos financieros y no financieros que el convenio de refinanciación pueda exigir y la posible dificultad de acceso a nuevos financiamientos bancario y comercial por afectación de la categoría crediticia por la reprogramación.

Estos procesos de reperfilamiento no son fáciles y suelen extenderse en el tiempo, por lo que es necesario anticiparse al riesgo de incumplimiento. Observamos que muchas veces se plantean cuando la afectación de la liquidez está muy comprometida, soportando tasas altas de mora y con poco margen de negociación para las deudas vencidas.

Otro aspecto a tener en cuenta es la posible unificación de las deudas en un solo acreedor, lo cual si bien desde el punto de vista teórico puede presentar ventajas, en la práctica las instituciones financieras no suelen prestar para cancelar deudas.

El proceso de reestructuración financiera debe considerar la perspectiva de los acreedores y que muchas veces los mismos se agrupan en los denominados “clubes de bancos” para el otorgamiento de refinanciaciones.

Acuerdos de reorganización empresarial y concursos

Si las dificultades de liquidez no son solucionadas se puede condicionar la solvencia de la empresa, siendo la Ley de Concurso y Reorganización empresarial una alternativa a considerar. Esta ley indica como presunciones relativas de insolvencia el patrimonio negativo, las obligaciones vencidas con más de tres meses y los impuestos vencidos más de un año, así como embargos por demandas y suspensión de cuentas en el sistema bancario.

El concurso puede ser planteado en etapas tempranas de problemas financieros y solicitado en forma voluntaria por el deudor (80% de los concursos son solicitados por las empresas deudoras). En este caso la empresa deberá presentar, entre otros elementos, memoria explicativa con su historia económica y legal, estados financieros, inventario de bienes y derechos, así como relación de acreedores a la fecha de presentación.

La declaración del concurso del deudor establecerá la designación de síndico o interventor, según corresponda y la convocatoria a junta de acreedores. Esta declaración judicial no implica necesariamente discontinuar la actividad de la empresa, suspende el devengamiento de intereses (salvo créditos laborales, prendarios e hipotecarios hasta el límite del monto garantizado) y ningún acreedor puede promover la ejecución, pero no es fácil en esta situación financiera mantener la empresa en marcha.

Antes de reunirse la junta de acreedores, la empresa deudora debe presentar al juez una o varias propuestas de convenio, acompañadas de un plan de continuación o de liquidación. La propuesta podrá consistir en quitas y/o esperas de la deuda, cesión de bienes a los acreedores, capitalización de pasivos, entre otras (históricamente casi un cuarto de las solicitudes llega a convenios de pago con los acreedores).

De acuerdo con información de la Liga de Defensa Comercial, en 2019 la cantidad de solicitudes de concursos solicitados y los montos de las deudas relacionadas fueron algo menores que el año anterior. Se presentaron 105 solicitudes, 5% menos que en 2018, pero manteniéndose por encima del promedio histórico.

Ahora, con la pandemia de Covid-19, se prevé un incremento significativo de solicitudes de concurso. Incluso, considerando las circunstancias particulares, hay un proyecto de ley propuesto por el Colegio de Abogados de extender los plazos que obligan a las empresas a presentarse a concurso.

Destacamos que la ley también prevé que la empresa deudora puede suscribir un acuerdo puramente privado de reorganización con los acreedores quirografarios y subordinados, para lo que deberá obtener la aprobación del 75% del pasivo quirografario con derecho a voto.


Consideraciones finales

En los últimos años hemos observado algunos casos de emisión de obligaciones negociables de oferta privada, a mediano plazo y con garantía de cesiones de contratos o hipotecaria, que han contribuido a  la reorganización financiera de empresas con algunas dificultades.

En otros momentos también se implementaron fondos específicos como el Arrocero o Lechero, herramientas de ayuda para mejorar el perfil y la presión del endeudamiento de esos productores.

En esta crisis del Covid-19 el Banco Central, considerando su impacto en las finanzas de las empresas, autorizó a los bancos a extender por hasta 180 días los vencimientos de pago de las operaciones de crédito vigentes al momento de declararse la pandemia. Esto, si bien puede contribuir transitoriamente, no brinda una alternativa de reestructuración financiera, e incluso en la práctica las instituciones bancarias lo han hecho por un plazo menor o para deudores de menor dimensión. Por su parte, ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) sí prevé reperfilar deudas de micro y pequeñas empresas con plazo de hasta cuatro años, incluido uno de gracia.

Respecto a la evaluación de la presión del endeudamiento, el primer indicador de deudas a Ebitda que mencionamos debe complementarse con un análisis para el corto plazo con los préstamos bancarios con vencimiento de corto plazo/Ebitda. También, en algunas actividades que presentan variaciones significativas de rentabilidad, es recomendable utilizar el Ebitda medio de los últimos ejercicios, o considerar el Ebitda proyectado. Identificadas las alertas tempranas de estos indicadores financieros, es imprescindible contar con un presupuesto del fluir de fondos para el período de repago del endeudamiento.

En suma, hay que detectar a tiempo la necesidad de una reestructuración financiera, ésta no debe ser sólo diferimiento de pagos de las deudas, y es necesario comenzar en forma rápida un proceso de reorganización que no es fácil.


(*) Contador Público. Diploma Program Management Development, Esade Barcelona. Socio director de Carle & Andrioli, Mentor de Endeavor y Profesor de Universidad ORT.