Desde hace meses que la Ley de Inclusión Financiera está en el centro de la polémica, y nada indicaría que eso vaya a cambiar pronto. Es fuertemente criticada por la oposición y los empresarios, pero el gobierno la defiende por entender que el mundo camina hacia la bancarización, y que es una norma que beneficia a la mayoría de los uruguayos. Algunos partidos pretenden hacerle correcciones por la vía legislativa, pero para el Frente Amplio (FA) no debe modificarse.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Una de las aristas más controversiales de esta ley es la obligatoriedad, que en los hechos implica que salarios, pensiones, jubilaciones y honorarios, deben ser abonados únicamente a través de una cuenta bancaria que no tiene costo para quien recibe el dinero.
Pero partidos opositores, así como empresarios nucleados en la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este –que impulsan el plebiscito para modificar la normativa-, plantean que detrás de esta medida se esconde la finalidad de acrecentar los controles por parte del Estado, y que el hecho de que sea de carácter obligatorio limita la libertad, puesto que los ciudadanos ya no pueden optar por cobrar sus haberes en efectivo: deben hacerlo por medio de una tarjeta de débito.
Así lo dijeron a CRÓNICAS legisladores de la oposición, que advirtieron por el exceso de control estatal que se desprende de esta ley. Sin embargo, para una parte del FA, el objetivo de aquellos es otro: poder evadir impuestos y continuar con las relaciones laborales en negro.
Ese fue el argumento que esbozó el diputado del MPP, Sebastián Sabini. “Se habla de la libertad ocultando el interés de defender a quienes hoy tienen más facilidades para evadir sus obligaciones; eso es lo que está detrás del plebiscito. La intención de evitar los controles viene de la oposición sin duda, porque de lo contrario no se explica cuáles son las razones para que esté en contra de esta ley, que beneficia a la mayoría de la población”, enfatizó.
“La intención de evitar los controles viene de la oposición, porque de lo contrario no se explica cuáles son las razones para que esté en contra de esta ley”, afirmó el diputado Sebastián Sabini.
En la misma línea, agregó que “muchos de los sistemas de regulación de los Estados son obligatorios. Pagamos los impuestos, que se llaman así justamente porque estamos obligados a hacerlo, y eso no es un recorte a la libertad, es parte de las reglas de la democracia”.
Por el contrario, para el senador del Partido Nacional (PN), Javier García, “si [la norma] es tan buena, si todo el mundo sale beneficiado, no entendemos cuál es la razón de la obligatoriedad, porque sería presumir que la gente no es inteligente y no se da cuenta de las cosas que la benefician. Hacer que los ciudadanos tengan que bancarizarse obligatoriamente presume que si tuvieran la libertad no lo harían”.
Los nacionalistas pretenden que el modo de cobrar las retribuciones sea opcional. De hecho hay un proyecto de ley que presentó en marzo el líder de Todos, Luis Lacalle Pou, que persigue ese fin. Pero si las correcciones en el Parlamento no prosperan, el senador ya anunció que apoyará el plebiscito impulsado por el sector empresarial.
Las diferencias
Al razonamiento de Sabini adhirió, en parte, el diputado del FLS y presidente de la Cámara Baja, José Carlos Mahía, quien aseguró que detrás de la negativa a la obligatoriedad está el deseo de promover “una economía en negro”. Dijo también que hay una pretensión de sortear los controles estatales, aunque prefirió no referirse concretamente a la oposición. De todas formas, comentó que no hay dudas de que “hay un tema político detrás de esto, porque lo primero que hicieron fue ponerle un cintillo partidario”.
“Hacer que los ciudadanos tengan que bancarizarse obligatoriamente presume que si tuvieran la libertad no lo harían”, dijo el senador Javier García.
El astorista remarcó que “decir que hay un exceso de control o que la ley limita la libertad es excusarse para seguir pagando fuera del Estado algún tipo de obligaciones que tendrían que estar tributando; me parece que lo que se esconde es eso, y que en algunos casos subyace una mentalidad conservadora y un permanente ‘no’ a los cambios”.
“Que la oposición busca evadir controles es una tontería monumental. Es parte de la libertad del ciudadano administrar su economía doméstica como lo crea conveniente. Y si el mundo camina hacia allí, naturalmente la economía lo va a hacer, no hay necesidad de obligar”, respondió García. Lamentó que “el sistema financiero es el gran beneficiado”, y se mostró alerta por el “exceso de control” del gobierno, que “se ha querido erigir como el gran tutor de todos los uruguayos y decidir la vida de cada uno”.
Para el senador del Partido Colorado (PC), José Amorín, es probable que la ley beneficie a mucha gente, pero no cambiaría mucho si los que creen que los perjudica pudieran optar por cobrar el sueldo en efectivo. “Estoy seguro de que esta norma se hizo a los efectos de controlar, para conocer cuánto gana cada uno exactamente, y para que esté todo bancarizado para poder recaudar más”, aseveró.
A su vez, aclaró que no tiene ningún interés en evadir los tributos: “Me parece que es fundamental que el gobierno cobre impuestos, pero creo que hay límites que no deberían pasarse, como la libertad. Los cambios culturales se van dando naturalmente, y una ley obligatoria no es una forma válida de hacer un cambio de ese tipo”.
Detrás de la negativa a la obligatoriedad está el deseo de promover “una economía en negro”, aseguró José Carlos Mahía.
Consultado acerca de este tema, el diputado de la Liga Federal, Darío Pérez, opinó que “es más complejo que si la normativa es obligatoria o no; lo importante es la velocidad a la que viene el cambio en relación con la infraestructura y la educación que se ha hecho sobre eso, y en realidad yo amo la libertad, por lo tanto, preferiría que no fuera obligatoria”.
Por más flexibilidad
A diferencia de blancos y colorados, para el Partido Independiente (PI) la obligatoriedad es correcta en términos generales, pero debería ser flexible para algunos casos particulares. Su líder, el senador Pablo Mieres, señaló que no tiene mucho sentido obligar a generar cuentas bancarias para salarios pequeños, así como jubilaciones y prestaciones sociales más bajas, por lo cual planteó la posibilidad de que se admitan esas excepciones.
El parlamentario se mostró optimista por la idea de que el FA acepte modificar la ley en ese aspecto, tras el antecedente de cambio que él mismo marcó en esta norma, cuando el año pasado impulsó, y finalmente se aprobó en el Poder Legislativo, la eliminación de la obligatoriedad para las personas que viven en pueblos con menos de 2.000 habitantes.
“Yo creo hay una motivación que es correcta, que es ayudar a incorporar instrumentos de intercambio comercial más modernos porque el mundo va en ese camino. Y obviamente también hay una búsqueda de controlar la evasión en la medida que se ingresan todas las transacciones a un sistema que puede ser monitoreado”, concluyó el presidente del PI.
