Durante el Seminario Internacional “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento”, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera, dijo que mientras el 40% de las mujeres está privada de libertad por temáticas de drogas, en los hombres, esta cifra no alcanza el 15%. A la vez, Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres, reconoció que hubo un aumento de procesamientos a mujeres, que se debe, sobre todo, al uso de éstas como “mulas”.
Por Anahí Acevedo @AnahiPapov
Mientras que en Brasil la población encarcelada por delitos de drogas representa el 27% del total, en el caso de las mujeres asciende al 60%, y este último número trepa al 75% en Costa Rica, donde el 26% de los encarcelados lo está por delitos de estupefacientes. Esta tendencia es regional y afecta a todos los países del continente, incluyendo a Uruguay.
La mayoría de las mujeres encarceladas está en prisión por delitos de drogas de bajo nivel, y muchas mujeres se involucran en el mercado ilícito de drogas para sostener a sus familias. Así lo asegura el Grupo de Trabajo sobre Mujeres, Políticas de Drogas y Encarcelamiento, una agrupación de oficiales latinoamericanos y expertos en derechos humanos.
Ante estos datos, el pasado lunes 24 de octubre tuvo lugar en el Ministerio de Relaciones Exteriores el Seminario Internacional “Mujeres, políticas de drogas y encarcelamiento” organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Junta Nacional de Drogas (JND) donde diversos especialistas y representantes de organizaciones brindaron el panorama de las mujeres privadas de libertad respecto a drogas.
En este ámbito, Diego Olivera, secretario general de la JND, informó que en las cárceles uruguayas el 40% de las mujeres tiene una causa vinculada a una infracción en torno a la ley de drogas. En los hombres, esta cifra no alcanza el 15%. Al mismo tiempo, dijo que un quinto de las mujeres privadas de libertad tiene menos de 23 años, y que el 60% vivía previamente con sus hijos, siendo, en su mayoría, jefas de hogar.
Olivera declaró que la temática de drogas está “muy presente” en las cárceles, particularmente en las penitenciarías de mujeres, y afirmó que el enfoque de género “está siendo reconocido” en la estrategia que la JND aprobó para todo el quinquenio el pasado año.
La ley 19.172 que regula el uso del cannabis está ligada con la mejora de la situación de las mujeres privadas de libertad, según Olivera. En esta línea, dijo que hay “una enorme cantidad” de mujeres procesadas por causas relacionadas al cannabis, por lo que espera que la regulación tenga un efecto positivo en la descriminalización y la reducción de los procesamientos con prisión en caso de mujeres.
Mulas
Por otro lado, Mariela Mazzotti, directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reconoció a CRÓNICAS que Uruguay “tiene una deuda” en políticas de drogas, mujeres y cárceles, y que esto no involucra solo al Ministerio del Interior sino también a las políticas sanitarias, educativas, preventivas y de oportunidades contra el narcotráfico.
Mazzotti indicó que desde hace una década vienen en aumento los procesamientos con prisión de mujeres en Uruguay por delitos vinculados al microtráfico de drogas, tales como el transporte de las sustancias a través de las denominadas “mulas”. En este sentido, describió: “El aumento es tal que son más las mujeres que están por este tipo de delito que quienes estaban hace unos años por temáticas de violencia doméstica”.
Igualmente, dijo que existe una conexión “muy fuerte” entre el tráfico de drogas y la trata de personas, sobre todo, de mujeres. “Una de las modalidades es producir la adicción en las mujeres, porque es una forma de conseguir su voluntad para hacer otro tipo de cosas”, explicó.
Consultada sobre cómo es el perfil mayoritario de las llamadas “mulas”, la directora de Inmujeres afirmó que en el transporte de drogas hay una tendencia de utilizar personas que no resulten sospechosas ante los controles de Aduana, por lo que también se usan a adultos mayores, pero que la tendencia es utilizar mujeres.
A la vez, Mazzotti opinó que es necesario que existan medidas alternativas a las penas carcelarias en caso de mujeres que pierden su libertad por delitos relacionados a drogas. Consideró que estas penas alternativas deberían facilitar la rectificación de las conductas y el poder encaminar proyectos de vida. “Muchas provienen de sectores muy vulnerados y quizá tengan historias de abuso y violencia previas que las coloca con más facilidad en estas circunstancias”, observó.
Intervenciones prioritarias
Por su parte, el representante de OPS, Eduardo Levcovitz, señaló que Uruguay tiene un crecimiento en el consumo de drogas lícitas e ilícitas que se enfatiza más en el caso de mujeres jóvenes, y que si bien “hay un grado importante” de implementación de la Estrategia Nacional de Drogas, las intervenciones en este grupo “son absolutamente prioritarias” para considerar el plan. “Hay que organizar intervenciones y políticas públicas específicamente para este grupo”, opinó.
En otro orden, Levcovitz señaló que la situación de las mujeres, niñas y adolescentes en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) “es de las más preocupantes” y que es “indispensable” tener una posición “muy osada” para reconocer los derechos.
