Desde que asumió el actual gobierno, tanto el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, como el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, han mantenido un discurso de respaldo al accionar policial. Así lo han sentido los propios efectivos, según manifestó a CRÓNICAS la presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay, Patricia Rodríguez. Además, lamentó las acusaciones que se han hecho públicamente sobre abuso policial en las últimas semanas y aseguró que detrás de eso existe un motivo ideológico.
La comunicación entre las autoridades y los funcionarios policiales es fluida. El vínculo hasta el momento ha sido bueno y se han alcanzado acuerdos a raíz de planteos que el sindicato ha realizado, relativos a las condiciones laborales, contó Rodríguez.
El gobierno ha mantenido un discurso de respaldo del trabajo policial, algo que es celebrado por los efectivos. “Lo que expresan públicamente no ha quedado solo en las palabras, se ha sostenido con hechos y con gestos”, señaló la representante sindical.
En los últimos meses, miembros del gremio se han reunido con Lacalle Pou y Larrañaga para plantear sus discrepancias con algunas propuestas plasmadas en el proyecto del Presupuesto Nacional, por entender que iban a complejizar la vida del trabajador y que vulneraban ciertos derechos ya adquiridos.
Tras los encuentros mantenidos, se pudo solucionar casi el 80% de los puntos que plantearon los funcionarios y actualmente están debatiendo los restantes con el Senado, ámbito en el que se encuentra la iniciativa presupuestal.
Una de las medidas que generó más controversia fue el recorte en la asistencia a los familiares directos de los funcionarios policiales en Sanidad Policial. Es decir, todos aquellos que tuvieran Fonasa iban a perder esa cobertura, lo que representaba “un gran perjuicio” para la familia del policía, dado que los costos del Hospital Policial son menores a los de otros centros de salud, entre otras razones. En este caso lograron que se quitara ese artículo del Presupuesto.
Si bien también pudieron cambiar otras modificaciones propuestas por las autoridades nacionales con las que se veían perjudicados, un área importante en la que todavía están a la espera de instrumentar políticas es la vivienda. El problema del acceso a un inmueble es algo que pretenden solucionar, sobre todo, teniendo en cuenta que a los trabajadores policiales les descuentan el 1% del sueldo para un fondo de vivienda.
Los “antipolicía”
En la noche del domingo 1º de noviembre, un grupo de personas reunidas, aparentemente sin las medidas de protección del Covid-19 necesarias, en la Plaza Líber Seregni, fueron exhortadas por la policía a retirarse del lugar y no acataron la orden, según la versión del Ministerio del Interior. Por el contrario, algunas personas que presenciaron los incidentes denunciaron que en el procedimiento existió abuso policial.
Acerca del episodio, Rodríguez explicó que al policía le toca siempre lo más complejo y “el trabajo que a nadie le gustaría hacer”, que es marcar los límites y hacer cumplir las normativas vigentes.
A partir de la pandemia del Covid-19 y la emergencia sanitaria que se declaró en el país, los funcionarios policiales fueron llamados a preservar la salud de los uruguayos mediante un protocolo. Aunque al día de hoy el Ministerio de Salud Pública permite la realización de determinadas actividades con decenas de participantes, al mismo tiempo, obliga a que se tomen los recaudos necesarios para evitar el contagio del virus.
Es por ello que la policía tiene el deber de que se cumpla ese postulado y, en caso de constatar la existencia de aglomeraciones en las que no se respeten las medidas preventivas, debe exhortar a través de altoparlantes a que la gente se separe. Muchas veces son los propios vecinos los que la alertan de estas situaciones, por el riesgo de la exposición al Covid-19.
Tal como informó el Ministerio del Interior a la policía, se hicieron más de 350 intervenciones de este tipo, de las cuales solo en dos se registraron incidentes. Significa que para el sindicato no ha sido un procedimiento problemático en términos generales, aunque sí perciben “una particularidad en la manija que se da para que no se acaten las exhortaciones”, sumada a “los insultos o las pedradas, con una violencia que no empieza por parte de la policía”, indicó.
Consultada sobre de dónde proviene esa “manija”, la vocera del gremio argumentó que se trata de “organizaciones que son antipolicía”, tanto de la sociedad como de grupos políticos. “Es una cuestión más ideológica que de la propia labor del funcionario, o sea, el rechazo se da solo por el hecho del uniforme que viste. A la policía se la acusa de represiva y de que vulnera los derechos de los trabajadores, pero nuestro enemigo no es el trabajador, es la delincuencia”, apuntó.
Además, aseguró que existe una estigmatización de la función policial, cuando en realidad son personas que “salen a ganarse el pan, como cualquier otro funcionario, y están lejos de salir a reprimir, que es el relato que se busca instalar”.
Nuevo protocolo
Luego de los episodios ocurridos y las consiguientes acusaciones de abuso policial, el sindicato está a la espera de la elaboración de un protocolo de actuación ante las aglomeraciones, máxime considerando que, con la llegada del verano, se prevé que la gente haga más actividades al aire libre.
El propósito es que no haya ninguna duda jurídica ni de ningún tipo para que los trabajadores puedan actuar respaldados por la ley y, a su vez, cuenten con la colaboración de la población al hacerlo y se eviten los enfrentamientos.
