El abogado Carlos Delpiazzo advirtió sobre las posibles consecuencias que podría conllevar la aplicación de la Ley de Medios en Uruguay y enumeró algunas de sus 20 inconstitucionales. Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Pedro Abuchalja, aseguró que la normativa arrastra intereses partidarios y definió la misma como un “instrumento que va a posibilitar a un grupo político manejar al Uruguay”.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 19.307 (Ley de Medios) que espera para ser reglamentada, fue analizada por Carlos Delpiazzo -abogado, profesor y político uruguayo- durante una conferencia sobre Tecnología, Telecomunicaciones y Democracia, organizado por el Instituto Manuel Oribe en el Parlamento el 20 de junio. Durante su ponencia, el especialista declaró que esta normativa “habilita a un régimen estatista, autoritario, intervencionista y limitativo de la libertad”, que se quiso garantizar desde el año 1830.
“La sola comprobación de que la ley 19.307 consta de 202 artículos frente a la brevedad de las normas legales precedentes, más allá de las falencias técnicas que la ley tiene, evidencia un talante, y una postura que es claramente estatista, intervencionista, autoritaria y, por ende, peligrosa para la libertad”, consideró.
En diálogo con CRÓNICAS, Delpiazzo observó que la normativa plantea muchos problemas en la práctica, y que excluye a los nuevos medios de telecomunicación. “A partir de ahí genera toda una serie de problemas en relación al paradigma constitucional de garantizar plenamente todas las libertades vinculadas a la comunicación y expresión del pensamiento”.
En este sentido, el abogado señaló que la Ley de Medios “plantea un verdadero cambio de paradigmas”, puesto que en el artículo 29 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay se prevén las libertades de expresión de comunicación con un criterio liberal y garantista. “La palabra liberal viene de libertad, entonces si somos defensores de la libertad, somos liberales, sin ‘neos’ ni ningún prefijo de ningún tipo”, aclaró.
Al mismo tiempo, señaló que la normativa posee una inconstitucionalidad genérica, dado que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “ha sido categórica” al afirmar que la libertad otorgada en el Artículo 29 de la Constitución es un derecho individual del ciudadano frente al Estado y una institución indispensable del Estado democrático.
Al mismo tiempo, aseveró que puede existir el riesgo de que en el futuro los instrumentos brindados por la Ley de Medios, puestas en manos inescrupulosas puedan acabar enteramente con la libertad. “Por eso ya tenemos casi 20 sentencias de la SCJ declarando, a mi juicio tímidamente, la inconstitucionalidad de muchas de sus disposiciones”, expresó.
Para el especialista, una de las inconstitucionalidades “más graves” que plantea la normativa es la violación del principio de igualdad, ya que excluye a los medios nuevos de comunicación que derivan de las nuevas tecnologías. Además, opinó que la regulación que se plantea es detallada y minuciosa, y que se impone un diseño constitucional “pesado”, junto a un régimen sancionatorio “tremendo” a las empresas ya existentes. “La esencia de esta ley no es democrática porque encierra una profunda violación del principio de igualdad por todo lo que deja afuera”, enfatizó.
Igualmente, dijo que posee un diseño institucional desmedido y que su régimen es “asfixiante” del derecho público. Respecto a las sanciones que prevé, apuntó que las mismas constituyen el capítulo más largo. “Parecería que los medios de comunicación son algo negativo que hay que tener acotado, y que si se sale un poquito de sus límites, se debe sancionar”, remarcó.
Consultado sobre si detrás de esta ley se encuentran intereses políticos partidarios, Delpiazzo opinó que “siempre que se dicta una ley con este grado de detalle hay, seguramente, intereses políticos”, sin embargo, agregó que eso implicaría atribuir intenciones, por lo que comentó que cuando se legisla se debe pensar en el futuro a mediano plazo. “Cuando haya eventuales aplicadores que hoy no sabemos ni siquiera quienes son, el resultado puede ser negativo”, calificó. Finalmente, agregó: “Si Justino Jiménez de Aréchaga viera esta ley, se moriría de vuelta”.
“Una orden partidaria”
Por su parte, Pedro Abuchalja, presidente de la presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), definió a la Ley de Medios como el “instrumento que va a posibilitar a un grupo político manejar al Uruguay”.
En conversación con CRÓNICAS, Abuchalja dijo que la ley “es muy fuerte”, mencionó que su reglamentación acarreará problemas “muy serios” y subrayó que se prioriza el interés colectivo sobre el individual. “En un momento, el presidente de la República, dijo que la mejor ley de medios es la que no existe, pero sacó adelante una ley que dice que el derecho individual no es importante, si no el colectivo”, manifestó.
Al mismo tiempo, comentó que la normativa arrastra intereses políticos y que “algunos personajes creen que no dejando que llegue la información a la gente, se evitan las sensibilidades”. En esta línea, recordó que la legislación “fue votada por los 50 legisladores del Frente Amplio. No tuvieron ninguna baja. Fue una orden partidaria”, aseguró.
Por otra parte, Abuchalja dijo que cuatro de “los mejores juristas” analizaron los artículos “elaborados por un grupo fantasmagórico”, señalando la inconstitucionalidad de más de 54 de ellos.
“Esta ley fue aprobada por senadores y una mayoría mayor de diputados, que desde el punto de vista jurídico y democrático, dejaron mucho que desear”, sentenció. Asimismo, aseguró que “algunos” legisladores le comentaron que el voto de aprobación a esta ley se debió exclusivamente a disciplina partidaria. “Les dije que estaban rompiendo la constitución quebrando la democracia en los medios de comunicación, y me respondieron que no tenían más remedio”, sostuvo.
Abuchalja declaró que Uruguay está sufriendo una crisis de cambios, que se han solapado lentamente, y que las personas frente a los problemas tienen temores. “Las culpas y responsabilidades son de los medios. Es decir que el país se debe enterar cada vez más de menos cosas”, opinó. A su vez, resaltó la apertura que han tenido los medios de comunicación y que de no haber sido así, “el Frente Amplio no hubiese accedido al gobierno”.
Finalmente, expresó que aguarda que el Poder Ejecutivo entienda que “la libertad de medios es fundamental para el ejercicio de la democracia. La democracia es el poder del pueblo”, concluyó.
Aplicaciones libres
En tanto, Silvana Olivera, directora por el Partido Nacional de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), brindó su opinión sobre el proyecto de ley que pretende regular las aplicaciones, el cual ya obtuvo media sanción en Diputados y se encuentra ahora en el Senado. En este ámbito, sostuvo que la mejor ley es la que no existe, y remarcó que no se deben regular las aplicaciones a nivel legislativo, pero sí dentro de cada sector.
Olivera comentó que aguarda que el proyecto se analice correctamente en la Cámara correspondiente, puesto que hay algunos puntos que “no son muy convenientes para un sector que se debe promover”. Asimismo, mencionó el desarrollo que ha tenido en el último tiempo el sector del software en Uruguay. “Parte de ese desarrollo ha sido porque ha habido poca legislación y se les ha permitido a los empresarios que con su inteligencia y capacidad trabajen sin tener tantas regulaciones y leyes”, consideró.
Ursec en cifras
Olivera brindó a la prensa algunas de las cifras de Ursec en el último año. En este sentido, dijo que regulan a 3.500 agentes y que se encuentran recaudando cerca de un millón de dólares por mes, entre tasas y precios.
Asimismo, señaló que en los últimos cinco años recaudaron US$ 160 millones, y que en 2016 transfirieron US$ 9.700.000 al Correo. “Tenemos un presupuesto anual de US$ 5,5 millones y todo este trabajo, que es bastante, lo estamos llevando adelante con 70 esforzados funcionarios”, comentó.
