Por Silvana Pérez Bonavita (*) | @perezbonavita
Como podrán recordar, durante todo el periodo legislativo pasado este tema tan trascendente mantuvo el foco encendido en ambas cámaras. En Diputados, quienes nos pronunciamos en contra de esta ley atroz dimos una gran pelea. Lamentablemente, sólo Cabildo Abierto mantuvo una coherencia en defensa de la vida, mientras que los demás partidos complotaron en contra de los más vulnerables y aprobaron el proyecto en la Cámara de Representantes. Muy pocos actores políticos blancos y colorados no dieron su voto al Frente Amplio, gran patrocinador de esta iniciativa junto al Partido Colorado. En el Senado el tratamiento se tomó con la misma seriedad, y pese a las grandes presiones, que nos consta hubo hacia algunos senadores que no estaban a favor, ganó la protección a los más frágiles y el proyecto naufragó.
Evidentemente, como era de esperar, ni bien comenzó esta legislatura se puso el tema sobre la mesa nuevamente, esta vez con una prepotencia sin precedentes. La conformación de las cámaras, y por ende sus comisiones de trabajo, han cambiado enormemente; hoy solo un miembro de la Comisión de Salud en Diputados integró la misma en el período pasado. Pero pese a que todos los demás miembros son nuevos en la comisión y varios de ellos en la actividad legislativa, se planteó como prioridad aprobar esta ley y que quienes no habían estado antes leyeran las actas del período pasado para evacuar sus inquietudes, lo cual es sin dudas un atropello a la calidad de representante nacional, quiénes deben decidir para la población que leyes aprueban o no. Estas decisiones no pueden tomarse leyendo algo que ya pasó, cada legislador debe tener la oportunidad de realizar todos los intercambios enriquecedores que requiera, previo a tomar postura alguna. Finalmente sí se logró recibir algunas delegaciones, muy pocas.
Pero más allá de los tecnicismos administrativos, aquí estamos hablando de vidas humanas. Para empezar, aclarar que esta “moda” de la eutanasia se ha aplicado en varios países. Parece ser que junto a la ideología de género, la perversión dentro de la educación que afecta a nuestros niños y la legalización de sustancias sin percepción del riesgo, esta moda o cultura del descarte está cada vez más presente.
Son numerosas las experiencias internacionales en las cuales se ha abierto la puerta a la eutanasia y hoy en día es incontrolable detener su avance, incluyendo solicitudes de personas sanas, sin límites de edad y sin fundamentos claros.
La eutanasia no es más que un negocio para todo el sistema de salud. Los cuidados paliativos, que deben ser universales en nuestro país y así lo establece una ley que aprobamos en el periodo pasado, evidentemente son mucho más costosos que la eutanasia, y lamentablemente en este tema vemos como dar muerte es el negocio más rentable.
Son numerosas las contradicciones del proyecto. No sólo despenaliza el dar muerte sino que lo institucionaliza, otorga al Estado una licencia para matar; mejor dicho, obliga a hacerlo, contra todo principio consagrado en el Código de Ética Médica.
Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) aún se aguarda la reglamentación de la ley de Universalización de los Cuidados Paliativos en todo el territorio. Esta reglamentación se encuentra detenida por la Junasa; una vez más aquí vemos las tristes prioridades. Es difícil encontrar otra explicación que no sea la de promover la eutanasia como única alternativa para no seguir sufriendo. La persona que solicite la eutanasia no quiere morir, lo que quiere es no seguir viviendo así y está más que estudiado que cuando se accede a los cuidados paliativos esta percepción cambia radicalmente. Entonces, ¿es oportuno aprobar la eutanasia en estas circunstancias?
Muchos militantes activos de esta ley se hacen eco de encuestas a la población, queriéndose apoyar en una falsa opinión pública. Más de la mitad de los encuestados no conocen el contenido del proyecto. Y hay errores de conceptos claves como por ejemplo la sedación paliativa, la cual dentro de los cuidados paliativos podría aplicarse para evitar el dolor, pero no es una técnica que acorte ni alargue la vida.
En el articulado encontramos definiciones como que la persona debe encontrarse psíquicamente apta. Entonces, me pregunto: ¿Hasta qué punto una persona que atraviesa un sufrimiento así se encuentra libre de decidir? ¿No estamos aquí frente a un consentimiento viciado?
También aparecen definiciones totalmente subjetivas, como sufrimiento insoportable, y condición de salud incurable e irreversible. Si vamos a lo que el proyecto avala, una persona con diabetes podría cumplir con los requisitos para solicitarla.
Por otro lado, el proyecto nada detalla sobre si la persona debe ser uruguaya o residente, solamente que se brinda a toda persona mayor de edad con las condiciones expuestas antes. Esto bien podría abrir las puertas al turismo de eutanasia. Creo que Uruguay ya bastante tiene con los lamentables rankings de autoeliminación que lideramos. Hay mucho para hacer, pero no es este el camino, sino todo lo contrario.
No se establece ninguna instancia de evaluación psicológica ni psiquiátrica, recargando toda responsabilidad al médico actuante, quien se verá obligado a cumplir múltiples roles que nada tienen que ver con su profesión, como corroborar la incompatibilidad que se establece que los médicos no puedan tener relación hasta el cuarto grado de consanguinidad, investigar si la voluntad es libre, chequear que de los dos testigos que se solicitan al menos uno no tenga beneficio económico, cumplir con la solicitud -o sea matar al paciente, todo lo contrario a su formación donde el médico aprende a salvar vidas no a dar muerte-. Y como si esto no fuera poco, es quien debe, una vez asesinada la persona, remitir historia clínica y demás antecedentes al MSP, certificando la muerte como causa natural, o sea, es obligado a falsificar dicho certificado, lo que representa un disparate jurídico.
Luego de toda esta odisea para el profesional de la salud, el MSP realizaría el contralor, donde en caso de apartamiento del procedimiento legal comunica a fiscalía y responsabiliza al médico actuante. Esto, cuando el paciente ya está muerto y nada se puede hacer.
No podemos dejar de mencionar que no está previsto en el proyecto la comunicación a la familia o allegados del paciente, o sea que los mismos pueden ni siquiera estar enterados de la decisión de la eutanasia, algo que sería fundamental por razones de humanidad.
Como diputada, y en nombre de quienes creen en la vida, afirmo con profunda convicción que Uruguay no está preparado para la eutanasia. El camino continúa siendo el del alivio al sufrimiento. La eutanasia disfrazada de compasión no es más que un atajo peligroso que traiciona nuestro compromiso con la vida.
(*) Diputada de Cabildo Abierto.
