Por: Dr. Juan Raúl Williman Sienra | @jrwilliman
El 25 de abril de este año se presentó el Informe 2024 del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), sistema que, debido a su relevancia, debería tener mayor difusión y repercusión. Nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA) y su protección contra la violencia son un tema de Estado. La normativa internacional y nacional reconoce la violencia hacia las mujeres, NNA como una violación de derechos humanos fundamentales, que se da y se dio históricamente por las desigualdades estructurales y la discriminación histórica que han sufrido las infancias y las mujeres.
De hecho, se presentó con motivo del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato y Abuso Sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Contó con la presencia del presidente de la República, entre otras autoridades, lo que jerarquiza institucionalmente la importancia del Sipiav, de su trabajo y de los datos y cifras que nos aporta todos los años en sus informes, lo que permite diagnósticos objetivos, basados en información de calidad.
El Sipiav es un sistema interinstitucional creado en el año 2019 por la Ley Nº 19747, que funciona en la órbita del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, quien lo preside, y que tiene como objetivo prevenir, atender y reparar situaciones de violencia hacia NNA. Funciona a nivel nacional, local y territorial, con la participación de diferentes instituciones (Fiscalía General de la Nación, ANEP, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior y Ministerio de Salud Pública) y fundamentalmente con equipos extendidos por todo el territorio nacional.
El sistema está integrado por un Comité Nacional, que lo coordina estableciendo políticas y estrategias para la prevención y atención de la violencia. También por Comités de Recepción Local en todos los departamentos del país, que brindan orientación y coordinan la atención de los casos. Estos, a su vez, son apoyados por equipos técnicos, que brindan seguimiento y supervisión caso a caso.
Este trabajo lo realiza en base a un modelo de atención, que está definido por un marco conceptual que permite comprender y abordar la violencia contra NNA, con énfasis en la perspectiva de derechos y género. El modelo de atención incluye protocolos y guías que establecen procedimientos para la atención de casos, incluyendo la denuncia, la investigación y la respuesta.
De hecho, la presencia del Sipiav en territorio en el año 2024 es de 36 Comités de Recepción Local, que se distribuyen en todo el territorio. El sistema desplegó en total 661 técnicos en los 36 comités antes referidos.
El informe anual arroja que el sistema de Comités de Recepción Local recibió y abordó 684 situaciones de violencia que involucraron a 1215 NNA.
Los números totales del informe indican que durante el año 2024 se detectaron, registraron y/o intervinieron en 8924 situaciones de violencia hacia NNA, lo que implica el trabajo de más de 24 situaciones diarias. Y, según el informe, 2501 fueron situaciones nuevas que ingresaron durante el año 2024, lo que arroja casi siete casos nuevos por día.
En esta oportunidad, el informe presentó como dato la variable Violencias Sexuales, en la cual se incluyó a las situaciones de abuso sexual y a las de explotación sexual comercial. Los datos indican que una situación de cada cinco se trató de violencia sexual, esto es, un 22% de las situaciones registradas se trata de este tipo de violencia, porcentaje que se mantiene estable en relación a informes de años anteriores.
Los datos del Sipiav indican que el mayor tipo de violencia registrado es el maltrato emocional con el 38%, seguido por situaciones de negligencia con el 23% y, por último, el maltrato físico que llega al 17%.
Otro aspecto relevante del informe es que se mantiene de forma prácticamente invariable la preeminencia de la violencia dentro de los núcleos familiares o de convivencia. Según el informe, nueve de cada 10 personas agresoras corresponden a familiares directos o a integrantes del núcleo de convivencia de NNA violentados, lo que dificulta enormemente la visualización de la situación de violencia y favorece que los episodios de violencia ocurran con frecuencia y se transformen en situaciones crónicas.
Según los datos registrados, el 14% de las agresiones se le imputa a la pareja de la madre, el 38% al padre, el 23% a la madre, el 14% a otro familiar y solo el 10% a otro no familiar. En materia de violencia sexual, según el informe, tres de cada cuatro personas agresoras son familiares directos o integran el núcleo de convivencia. Y solo uno de cada tres NNA logra visualizar la violencia y el daño sufrido como algo no natural.
Los números de por sí resultan impactantes, sobre todo si pensamos que estos son los casos que llegaron al sistema, y que en realidad no sabemos cuántos son los casos que no llegan al sistema, en tanto hoy existe una alta complejidad de las situaciones de violencia, muchas vinculadas con ambientes delictivos, y sobre todo teniendo en cuenta las innegables dificultades de las personas para acceder a prestaciones básicas, ya sea por la incidencia de la pobreza y/o la cronicidad de las situaciones de violencia y vulneración de derechos.
La protección de las NNA es un tema de Estado, pero también es un tema de todos quienes aspiramos a una sociedad más justa y menos violenta. De hecho, en conocimiento de una situación de violencia hacia NNA, se puede denunciar directamente a través de los Comités de Recepción Locales, los que pueden recibir denuncias de forma presencial o virtual, o incluso se pueden comunicar con la línea 112, ya sea en casos de emergencia o en graves situaciones de riesgo inmediato. Todos somos en parte responsables.
(*) Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Udelar). Maestrando en Ciencias Criminológico-Forenses (UDE). Profesor de Derecho Procesal y coordinador del Diplomado en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UDE. Profesor Grado III de Práctica Profesional II y III en la Facultad de Derecho de la Udelar. Encargado del Consultorio Jurídico Descentralizado en materia Penal, especializado en asistencia a las víctimas y familiares de las víctimas del delito, Convenio Udelar-Asfavide-Ministerio del Interior. Consultor para el PNUD. Consultor para Unicef. Integrante del Comité Técnico del Gabinete Coordinador de Políticas destinadas a las víctimas y testigos del delito (Decreto Presidencial 46/2018).
