La política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia del Covid-19, así como contribuir a impulsar la reactivación económica, según un informe elaborado por la Cepal. También se advierte que la región perdió unos US$ 325.000 millones –equivalente al 6,1% del PIB– en 2018 por incumplimiento tributario. En particular, la evasión del impuesto sobre la renta empresarial “es especialmente aguda”.
El Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2020 -un informe anual que publica la Cepal- analiza en esta oportunidad la respuesta fiscal de los países de la región frente a “la crisis humana y económica” generada por el Covid-19 y las medidas para mitigar su propagación.
Al igual que lo señalara hace una semana la Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, (ver CRÓNICAS del 1º de julio, Pág. 13), el informe sostiene que la política fiscal debe jugar un papel central en la mitigación del impacto social y económico derivado de la pandemia del Covid-19 y, al mismo tiempo, proporcionar el impulso necesario para lograr una reactivación de la actividad económica que permita guiar a la región hacia un desarrollo sostenible e inclusivo.
El informe destaca la rapidez con que los países han reaccionado ante la crisis mediante la adopción de paquetes de medidas fiscales que representan, en promedio, un 3,2% del PIB de América Latina. Como se detalla en el informe, estos paquetes contemplan medidas de gasto público, alivio tributario y apoyo de liquidez respaldado por los gobiernos de la región.
Sin embargo, se advierte que el manejo de la política fiscal en la actualidad se ve complejizado por un entorno macroeconómico poco favorable y altamente incierto. A los aumentos del endeudamiento público observados durante la última década, se suma el hecho de que, debido a la pandemia, los países enfrentan caídas en la recaudación tributaria como consecuencia de la contracción en la actividad económica y menores precios de los productos básicos (commodities). Paralelamente a esta pérdida de ingresos, se da un fuerte crecimiento de las necesidades de gasto para mitigar los efectos sociales y económicos de la pandemia.
Con ese telón de fondo, la Cepal interpreta que las medidas fiscales ya anunciadas representan un primer paso en lo que podría ser un largo camino hacia la recuperación de la región. De acuerdo al documento, en los próximos meses, y ante el eventual levantamiento gradual de las medidas de confinamiento, los países deberán impulsar importantes medidas de estímulo fiscal con el objetivo de contribuir a la reactivación de la actividad económica, la inversión y la creación de empleo de calidad. Para ello, serán necesarios mayores esfuerzos fiscales y que la región cuente con acceso adecuado a medidas de financiamiento.
Evasión fiscal
Un punto importante al analizar la política fiscal en el contexto de pandemia es el de la evasión tributaria, problemática que aborda la Cepal en su documento. Según se documenta, la región perdió unos US$ 325.000 millones –equivalente al 6,1% del PIB– en 2018 por incumplimiento tributario. En particular, la evasión del impuesto sobre la renta corporativa en la región “es especialmente aguda”, advierte el organismo.
Las últimas cifras disponibles, de 2018, apuntan a los gravámenes que pagan las empresas sobre sus beneficios (el conocido como impuesto sobre la renta corporativa o de sociedades) y a los tributos que abonan las personas físicas por sus ingresos como la principal fuente de evasión: el 3,8% del PIB. El IVA es la segunda, con alrededor del 2,3% del PIB. “Las pérdidas recaudatorias representan un desafío importante desde el punto de vista de la capacidad de reacción de la política fiscal ante choques macroeconómicos y de la movilización de recursos nacionales para el financiamiento del desarrollo sostenible”, sostiene el informe.
Frente a este desafío, los países de la región se encuentran desarrollando una serie de acciones e innovaciones para acotar los espacios para evasión y así impulsar la movilización de recursos internos para financiar los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
