La Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) celebró un fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que rechazó el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) contra una ley que impedía el cobro a comercios que cuentan con televisores expuestos al público. El directivo de CEDU, Carlos Delfino, dialogó con CRÓNICAS al respecto.
El recurso de Egeda, institución originada en España, reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) desde 2007 y que recauda el “impuesto al televisor” activamente desde 2011, apuntaba justamente contra el artículo 331 de la Ley Nº 20212, que originalmente impulsó el nacionalista Jorge Gandini y cuya aprobación en 2023 agregó el artículo 39 a la ley de derechos de autor, impidiéndoles cobrar el impuesto de la forma en que lo venían haciendo. El fallo Nº 1247/2024 de la SCJ lo desestimó.
Según CEDU, este fallo ratifica que “Egeda no pueda cobrar el denominado impuesto al televisor”, es decir, un tributo a locales comerciales por contar con un televisor visible al público con la premisa de proteger los derechos de productores audiovisuales uruguayos.
CEDU catalogó el hecho como una “victoria significativa” tras un trabajo coordinado entre agrupaciones para erradicar un impuesto “que se exigía de forma arbitraria y sin los debidos respaldos legales”.
Por su parte, en marzo Gandini también celebró la decisión en X y escribió que “Egeda no puede cobrarles a establecimientos culturales, turísticos, deportivos, gastronómicos, de entretenimiento, de salud y tantos otros, un impuesto mensual por el solo hecho de tener un televisor expuesto al público, aunque estuviese apagado, tal como lo hizo, o lo pretendió hacer, durante años”.
El expresidente de la institución, hoy miembro de la directiva y presidente del Centro Comercial e Industrial de Las Piedras, Carlos Delfino, dijo a CRÓNICAS que a algunos comerciantes “les hicieron una encuesta por mail o por teléfono” y, al confirmar que contaban con televisor, “pagaban $ 600, $ 2000 o $ 100 por televisor, sin criterios claros para establecer el precio ni una lista que dijera cuánto sale tener un televisor prendido”. Lo anterior fue lo que comenzó a llamar la atención respecto al problema, y Delfino afirmó que los valores variaban por comercio, rubro y también en el tiempo, por lo cual los comerciantes comenzaron a alertarse entre sí y a consultar ante sus respectivas cámaras. “Cobraban lo que podían, y la recomendación era que no firmaran nada, porque si vos firmabas, caías”, añadió.
“Nosotros nunca estuvimos en desacuerdo con las funciones de Egeda porque es una entidad civil para la defensa de una gremial de emprendedores, puntualmente en el rubro audiovisual, pero comenzaron a realizar cobros indiscriminadamente por tener un televisor: lo hicieron en hoteles, casas de salud, sanatorios, entre otros”, dijo Delfino, para luego agregar que este accionar derivó en una auditoría por parte del Consejo de Derechos de Autor en 2016, que a su vez llevó a una resolución en 2019 que exigió a Egeda cobrar solamente por las entidades que representaba.
Sin embargo, en la representación radica otro problema. Para Delfino, durante la puja por el impuesto nunca estuvo del todo claro a quién representaba Egeda, ya que “representa más bien a parte de Europa, a la Televisión Española y a la RAI (compañía de radiodifusión pública de Italia), pero no representaba a ESPN ni FOX, por ejemplo, o sea que si un comerciante tiene un televisor con un partido de fútbol no deberían cobrarle”. “Nunca se pudo comprobar a las entidades que representaban y ese fue el gran problema”, finalizó el representante.
Incertidumbre sobre si el impuesto continuará de otra manera
En el comunicado detallan que Egeda continúa siendo una asociación civil reconocida por el MEC y habilitada para gestionar los derechos de los productores audiovisuales en Uruguay, aunque no realizando cobros “como los que venía efectuando hasta ahora”. Lo mismo alertó Delfino, y aclaró que aún cuentan con el poder de cobrar porque son una entidad con ese fin y “no le prohibieron esa función”, aunque deberán buscar otra manera.
De querer continuar cobrando, dijo el directivo, “tendrían que hacerlo sobre los programas o canales que cada televisión emite y ellos representan”, algo prácticamente inviable, ya que deberían “fiscalizar cada televisor, en cada comercio”, para ver qué contenidos que el ente representa se reproducen. En ese sentido, los comerciantes aún no están seguros sobre si el impuesto continuará de otra manera.
“Nosotros no estamos en contra de pagar los derechos que tendríamos que pagar, el problema fue que abusaron y se hizo indiscriminadamente. Es una lucha de larga data, nosotros no bajamos los brazos nunca y estamos contenidos porque para las gremiales comerciales conseguir algún logro es bastante difícil”, aseveró.
