Emaldi: “Si se promulga el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, se nos exime del pago de unos US$125.000 por mes” por Gas Sayago

Hasta 2028> no será necesario incorporar más fuentes de generación de energía

En entrevista con CRÓNICAS, la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, expresó que la auditoría que llevó a cabo PriceWaterhouseCoopers (PwC) sobre Gas Sayago es un informe “independiente, que recoge todos los hechos que sucedieron en torno” a la regasificadora. Asimismo, se refirió al proyecto de ley enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo el pasado lunes que, aunque transfiere deudas por más de US$ 40 millones correspondientes a Gas Sayago, de prosperar, UTE y Ancap serán eximidos de pagar a la  ANP unos US$ 125.000 por mes por el espacio ocupado. “En definitiva, estaría impactando positivamente en las finanzas de UTE y Ancap”, indicó Emaldi.


– ¿Cómo se encuentra la red eléctrica nacional?

– Venimos monitoreando todos los meses el estado de la calidad del servicio de la red de transmisión y distribución, seguimos con los indicadores de gestión de calidad de servicios que son el tiempo de corte -que es el promedio de todos los cortes en minutos y horas que tenemos registrados- y la frecuencia de corte  -que es cuántos cortes ha tenido el cliente en promedio-.

Vamos de acuerdo a lo esperado, no tenemos en ese punto nada a destacar. Cuando hay temporales, por ejemplo, tenemos un mayor impacto, sobre todo en las redes rurales que por su distancia y por su acceso cuando hay eventos de vientos fuertes o rayos es más difícil su reposición. 

La calidad del servicio la hemos visto afectada por los robos de cable. Este año el robo de cable respecto al año anterior se viene incrementando en el orden del 50%. El año pasado tuvimos pérdidas por 350 mil dólares por este tema, pero lo que más nos preocupa es lo que tiene que ver con la calidad del servicio. 

Cuando roban 20 o 40 metros afecta a un número más acotado de clientes, el problema es cuando vandalizan alguna subestación porque eso deja un número más grande de clientes sin servicio.

En este momento, se está trabajando de forma integrada en un plan con los Ministerio del Interior e Industria, la Fiscalía y Antel para evitar y detectar estos robos.

El Ministerio del Interior requisó dos instalaciones; en una se hallaron 1.200 kilos de cable y en la otra unos 500 kilos. Sé está de la ruta de todo lo que hace a ese negocio, que nos pega bastante en la calidad del servicio.

– ¿Hay alguna zona afectada en particular?

– Tuvimos la zona de Progreso, y otras zonas de Canelones y Montevideo con más afectaciones. 

A medida que se van identificando y denunciando estos sucesos en ciertos lugares, pasan a darse en otros. 

Además, algo preocupante es que se han perdido varias vidas humanas porque es una actividad que implica mucho riesgo.

– UTE y la empresa del Gobierno chino Machinery Engineering Coporation firmaron un contrato de suministro y construcción para el proyecto de cierre del anillo de transmisión del norte del país. ¿Qué significa esta obra para el Uruguay?

– Va a ser la mayor obra con la que va a contar el sistema eléctrico en esta administración. Es una obra que implica la construcción de 320 kilómetros de línea de alta tensión. Con esto se va a lograr cerrar el anillo de trasmisión de todo el país, en particular de la zona norte.

En caso de tener una afectación del servicio, con esta obra se va a poder brindar -sin que haya un perjuicio- otra vía de respaldo. 

Ya se había construido un trayecto de esa obra, que es el que está entre Melo y Tacuarembó; ahora se está realizando el tramo restante entre esta última ciudad y Salto. Este tramo va a pasar por Chamberlain, que es una localidad cercana a la planta de UMP 2; entonces la obra implica esos 320 kilómetros de línea más la adecuación de algunas estaciones de transmisión para poder transmitir esa energía.

Es una de las principales obras de este periodo y va a brindar la calidad, la confiabilidad y la seguridad que se requiere en el servicio eléctrico a nivel nacional.

La obra va a mejorar la disponibilidad para las exportaciones que hacemos a Brasil y Argentina. Refuerza todo el sistema eléctrico y lo deja en una posición de robustez que evitará apagones.

– ¿Cuál fue su impresión al ver los resultados que arrojó la auditoría a Gas Sayago? 

– El trabajo de PwC fue muy dedicado, que llevó seis meses y que contiene un informe de 600 páginas. Allí se recoge toda la historia y los sucesos que se dieron en Gas Sayago.

Este documento tiene la ventaja de ser un informe independiente, los auditores se fijaron en documentación que tanto UTE, Ancap, Gas Sayago y el Ministerio de Industria a través de la Dirección de Energía tenían. No fue un estudio basado en entrevistas ni en opiniones, sino que se fundamentó en un análisis de evidencia.

La gran ventaja es que brinda una mirada integrada que no teníamos, en particular en UTE. Detalla año por año, etapa por etapa, los gastos que se hicieron y las decisiones que se fueron adoptando. Se confirma la invalidad del proyecto desde sus inicios, en las etapas intermedias y finales.

La preocupación, cuando uno lee el informe, es el manejo de los dineros públicos. Más allá de que Gas Sayago era una sociedad anónima, su capital estaba conformada por Ancap y por UTE.

Lo que remarca la auditoría es que un proyecto de esta envergadura tiene que cumplir determinadas etapas de evaluación antes de embarcarse en el mismo. Tiene que tener un plan de negocios que incluya estudios de prefactibilidad, de factibilidad, análisis de sensibilidad, de los distintos mecanismos de conformación de estructura financieras.

Hay una serie de pasos que en este caso no hay evidencia de que los hubo. 

Hay muchos documentos, pero formalmente no hay uno que integre y que sea actualizado en base al avance del proyecto. 

Se evidencia en el informe que se manejaba una demanda de 10 millones de metros cúbicos de gas, de los cuales Argentina iba a tomar la mitad, pero en realidad nunca se dio ese paso formalmente, que debía conformar un consorcio que implicaba la incorporación de dos millones de dólares de capital para conformar el consorcio; pero ese paso nunca se dio.

Entonces, la mitad de la demanda que el proyecto tenía en cuenta desapareció y la otra mitad, que mayoritariamente iba a ser por el lado de UTE, tampoco se entiende. En el mismo momento y, en paralelo, se estaban desarrollando en el país 2.500 megavatios de energía eólica y fotovoltaica.

Los ingresos a Gas Sayago estaban sobredimensionados porque no estaba la demanda firme de Argentina. Además, se sabía que en esos años ese país encontró los yacimientos de Vaca Muerta con una posibilidad enorme de poder explotar y sacar gas allí. 

A la vez, Uruguay estaba desarrollando las energías renovables. La prueba está en que, en años normales de lluvia, el 98% de nuestra energía es de origen renovable, las térmicas se utilizan solo en un 2%; por lo tanto, la demanda de Uruguay no justificaba los otros cinco millones. 

Este informe establece que un proyecto de esta envergadura debería tener ciertas pautas y no las tuvo. Eso lo refleja claramente.

“La preocupación, cuando uno lee el informe (de PwC) es el manejo de los dineros públicos. Más allá de que Gas Sayago era una sociedad anónima, su capital estaba conformada por Ancap y por UTE”.

– La directora de UTE por el Frente Amplio (FA), Fernanda Cardona, aseguró que la auditoría presenta resultados contradictorios y equivocados. ¿Qué opina de esta crítica?

– Es su declaración. En la sesión de directorio, donde ella planteó su posición sobre la auditoría, no presentó ningún dato contradictorio. No sé a qué se refiere con ello porque dijo que, básicamente, no se iba a expedir sobre los temas de fondo, sino que cuestionaba el valor de la auditoría, pero eso ya se sabía de antes y ella votó la resolución por la cual contratamos a la auditoría.

– La confusión entre membresía pian c y piano puso un manto de duda sobre la auditoría realizada por PwC. ¿Tiene algún reparo con la auditoría?

– Como aclaramos en ese punto, en la contabilidad de Gas Sayago estaba registrado «membresía de piano»; la fuente de ese dato es la contabilidad de Gas Sayago. 

La responsabilidad de PwC no era hacer una auditoría contable; las auditorías contables estaban hechas por otra firma, todos los años Gas Sayago cerraba su balance y tenía, además, su auditoría externa.

La información estaba registrada y validada por esa auditoría externa; el error es de Gas Sayago en registrarlo de esa manera.

– ¿Por qué, si el capital de Gas Sayago es 100% público, este estudio es reservado?

– El estudio no es reservado para aquellos organismos públicos que necesiten del acceso. Lo hemos presentado a la Fiscalía y a la Jutep y a algún otro organismo público que nos lo solicitara.

Estamos analizando a nivel de directorio cómo hacer la difusión, dado que el estudio fue contratado por UTE y hay determinadas cláusulas de confidencialidad acordadas con la auditoría. 

– ¿De cuánto estima que sería el total de las pérdidas?

– Lo que nosotros hemos difundido en la conferencia de prensa y que está en el informe, a los 213 millones de dólares le tenemos que agregar una estimación del orden de unos 37 millones por los juicios que todavía Gas Sayago tiene, en particular con OAS. Pero eso es una previsión, porque no sabemos cómo va a finalizar el proceso.

A su vez, están los ocho millones de dólares estimados para quitar los pilotes, y hay unos tres millones de dólares que son de funcionamiento hasta que se extinga totalmente la sociedad.

– Como parte del proceso de liquidación de Gas Sayago, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento el lunes 14 de junio un proyecto de ley para que las deudas, por más de 40 millones dólares, que mantiene la sociedad anónima sean pagadas por Ancap y UTE. ¿Cómo impacta esto en las cuentas del ente?

– El Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de ley para la extinción de la sociedad.

De prosperar ese proyecto de ley, estarían UTE y Ancap eximidos de pagar a los otros organismos del Estado por gastos eventuales del uso de piso de ese obrador hasta que se dilucide de quién es la propiedad y haya que movilizar todos esos materiales para devolverle a la ANP el espacio que hasta ahora se está utilizando, precisamente, para esos materiales.

La ventaja de esta ley -en caso de promulgarse- es que se nos exime del pago a la  ANP, que era básicamente el monto mayor -unos 125.000 dólares por mes-. En definitiva, estaría impactando positivamente en las finanzas de UTE y Ancap.

En el caso de los juicios que están en proceso, de todas maneras, igual UTE y Ancap tenían que hacerse cargo, dado que Gas Sayago no cuenta con fondos.


Energía suficiente hasta 2028

Durante la entrevista mantenida con la presidenta de UTE en el Palacio de la Luz, Emaldi se refirió a los costos fijos que implican los contratos de energías renovables, “que usemos o no, debemos pagar”. 

Consultada acerca de si existe una sobrecontratación de energías renovables, explicó que los estudios técnicos arrojan que “hay en el orden de los 300 y 400 megavatios de sobreinversión en energía eólica. Eso hace que hasta 2028 no sea necesario incorporar más fuentes de energía de forma masiva más allá de algunas adecuaciones”. En este contexto, sostuvo que en este periodo “no se van a hacer más obras de generación de energía” y señaló que es necesario optimizar el uso de esa energía.