Como consecuencia de lo dispuesto en la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020, la Ursea se convirtió en un servicio descentralizado. Hoy su presidenta es la ingeniera Silvana Romero, quien en conversación con CRÓNICAS dio detalles de diversos temas asociados al organismo. Entre ellos, destacó el trabajo realizado durante el 2022, haciendo énfasis en la concreción de siete consultas públicas, así como también de alrededor de 1.100 inspecciones de control de calidad. Además, se refirió a la detección de glifosato en el agua potable de cinco departamentos y explicó por qué no se tomaron medidas.
Consultada en relación al balance del trabajo realizado durante el 2022, Romero fue más allá y aseguró que tanto la promulgación de nuevas normativas en búsqueda de optimizar el funcionamiento de algunos servicios como la regulación de los mismos, “han sido muy prolíficas en los últimos años”.
De forma concreta, detalló que en este año se realizaron siete consultas, algunas de ellas ya finalizadas, en las que recibieron aportes tanto de los organismos interesados como de la sociedad civil. Por otra parte, se llevaron adelante alrededor de 1.100 inspecciones para controlar la calidad de cada uno de los servicios correspondientes, para así verificar “que se cumpla lo dispuesto en los reglamentos”, señaló la jerarca.
A su vez, puntualizó que, en este nuevo rol de servicio descentralizado, desde la aprobación de la LUC se trabajó sostenidamente en la adaptación tanto de la estructura como de las competencias. “Los años 2021 y 2022 han sido de transformación institucional, y ahora nos corresponde la consolidación de nuestra organización”, complementó.
Los hidrocarburos
La puesta en marcha de esta labor en el sector de los hidrocarburos estuvo focalizada en el desarrollo de un marco regulatorio para llevar adelante “la distribución secundaria de combustibles líquidos en base a las directivas impartidas por el Poder Ejecutivo”, destacó la responsable del organismo. Es en este sentido que, por ejemplo, se aprobó la metodología de cálculo del Precio de Paridad de Importación (PPI) en 2021, y también se elaboró y se puso en consulta pública este año la Metodología de Cálculo del Precio Máximo Intermedio. Este último instrumento tiene el objetivo de calcular el precio máximo al que los distribuidores pueden vender el combustible a las estaciones de servicio. En lo que tiene que ver específicamente con los envasados y la distribución de supergás, se trabajó en el desarrollo de una nueva regulación, según comentó Romero, “atendiendo en igual forma los lineamientos del Poder Ejecutivo”.
Agua potable y presencia de glifosato
Según consignó La Diaria el pasado 19 de noviembre, un monitoreo de la Ursea encontró glifosato en el agua potable de cinco departamentos. La presidenta corroboró a CRÓNICAS esta información, aunque aclaró que “los resultados obtenidos se encuentran muy por debajo del valor máximo permitido para este parámetro”.
Expresó además que la normativa vigente para el agua de consumo humano se basa en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la que por su parte establece cuál es el valor máximo permisible para la presencia de diferentes sustancias o compuestos químicos.
En lo que tiene que ver con este caso particular, la titular de la unidad reguladora indicó que se detectó glifosato “en un porcentaje tan bajo que no fue posible cuantificarlo en los análisis”. Añadió que por parte de Ursea, a raíz de esto, se consideró que no hay gravedad en esta situación y por lo tanto no se tomaron medidas al respecto.
Proyecto Neptuno y las cianobacterias
Roberto Chiazzaro, director de Ursea en representación del Frente Amplio (FA), se refirió a que este proyecto no se debería realizar por la presencia de cianobacterias en la zona del Río de la Plata, donde por el momento se planifica su construcción. Romero, en tanto, señaló que, al encontrarse esta iniciativa en etapa de definición, aún no corresponde la participación de Ursea. Asimismo, explicó que una vez que se defina su construcción, sí se deberá considerar y evaluar la calidad de agua por parte del servicio descentralizado que dirige.
