En diálogo con CRÓNICAS, el jerarca del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio, se refirió a la reforma previsional que Uruguay necesita, que actualmente está a observación de la Comisión de Expertos de la Seguridad Social (CESS). Al respecto, expresó que se debería mejorar la base de aportantes como para que la presión fiscal sea menor y favorecer el desarrollo de la economía, pero esto se dificulta con la informalidad y las nuevas formas de empleo. Esto también obliga, añadió Odizzio, a modernizarse y evaluar nuevas formas de control fiscal para mejorar la recaudación del ente.
Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo
– ¿Cómo va el trabajo con la Comisión de Expertos de la Seguridad Social?
– El BPS no la integra. Es decir, es una comisión que no tiene integración institucional, sino que tiene integración partidaria y social. Como hay numerosos organismos de seguridad social, se entendió que la representación institucional hubiera sido injusta si solo hubiera estado presente algún organismo y no todos.
Entonces hay una representación política-partidaria, donde están todos los partidos representados, y hay representantes por los trabajadores, jubilados y empresarios.
En ese marco nosotros fuimos convocados, como fueron convocadas diversas instituciones, y el pasado 8 de diciembre hicimos una exposición; por un lado, los cuatro representantes designados por el Poder Ejecutivo, y después cada uno de los representantes sociales -que son los trabajadores, empresarios y jubilados-, y allí manifestamos lo que entendíamos los temas importantes para el BPS a tener en cuenta.
Obviamente sí participa también nuestra asesoría en seguridad social, aportando información de la proyección del sistema, el financiamiento, y la cantidad de personas en cada actividad.
– Usted afirmó, en la presentación de “BPS en cifras”, que “se están buscando instrumentos que hagan posible que, en el futuro, la presión fiscal sea menor y favorezca el desarrollo de la economía y de los sectores productivos”. ¿Cuáles serían algunos de esos instrumentos?
– Si el sistema, para equilibrar el financiamiento, requiere mucha asistencia de rentas generales, eso se financia con impuestos. Obviamente uno de los desafíos de la reforma es lograr la sustentabilidad sin aumentar la presión fiscal, porque eso quita competitividad a nuestra empresa.
Entonces, los instrumentos serían mejorar la inclusión, o sea, la base de aportantes. El sistema todavía tiene un número importante de personas que están en la informalidad -la pandemia puso de manifiesto que había un sector importante de la economía que estaba fuera del sistema-, y el BPS esperemos que cuente, a partir de la reforma, con instrumentos que favorezcan la inclusión en el sistema, porque eso mejora el aporte sobre la masa salarial que generan estas personas que se inscriben.
Obviamente también hay un tema de que hay nuevas formas de empleo, nuevos mecanismos de trabajo que hoy pueden generar servicios al exterior, etc. Ahí también el sistema tiene que ser atractivo para lograr la inclusión de esos trabajadores que hoy -en muchos casos- trabajan prácticamente desde su casa y con una autonomía que los hace difícil de captar por los sistemas de recaudación.
– ¿Se tiene que modernizar?
– Sí. Nosotros estamos ahora evaluando nuevas formas de control fiscal, para que estas situaciones estén dentro del sistema, pero en términos de eficiencia de la gestión del BPS, es muy caro recaudar fiscalizando. Lo que es más económico para la administración tributaria es recaudar en lo que se llama el tramo voluntario, o sea, cuando la persona realmente entiende que le es conveniente estar dentro del sistema. Entonces ahí se formaliza y comienza a aportar.
– ¿Estaría de acuerdo en que hubiera una unidad reguladora de seguridad social?
– Creo que el nuevo sistema tiene que tener alguna entidad, que sea reguladora y, si se quiere, que haga la tutela de que los instrumentos que prevea la reforma, se apliquen (porque a veces las regulaciones están pero no se aplican).
“Por el peso relativo que tiene el BPS, a veces se asocia seguridad social con el Banco”.
Sí, esa figura creo que debería existir, y creo que también tendría que ser independiente de todos los servicios que gestionan seguridad social, pero eso es algo que está fuera de nuestro ámbito de decisión, porque será el Parlamento, en definitiva, con el proyecto de ley que apruebe el que dispondrá.
Por el peso relativo que tiene el BPS, a veces se asocia seguridad social con el Banco. Hay muchos otros actores, y es muy difícil pensar que un actor pueda ser juez y parte, pero una entidad reguladora con la forma que la ley le provea, creo que va a haber, debería haberla, y creo que alguien lo va a contemplar.
Retirados
Por lo general, la media de personas dada de baja por retiro cada año es de unos 10.000. ¿En 2020 diría que se superó, fue menor, se igualó?
Las altas jubilatorias estuvieron alrededor de las 29.000.
– ¿El gobierno vio un monto de ahorro importante por este factor?
– La previsión que teníamos de las altas jubilatorias, que concreta todos los sectores de actividad, estuvo dentro de lo proyectado, se cumplió. Lo que se va a ver en las economías de los sectores va a ser la no reposición. Es decir, se contrata a una persona cada tres o cada cinco, depende el organismo, pero en la economía eso se ve después en una reducción progresiva -que no es instantánea- de la plantilla durante estos cuatro años que tenemos por delante.
– ¿Cómo se vio afectado el BPS en esta materia?
– Por ejemplo, no se repusieron vacantes que -en muchos casos- estaban sin cubrir desde hace dos años.
Entonces el BPS tenía, en 2005, 4.080 funcionarios, y hoy tiene 4.200. O sea que la política de mantener la plantilla ya viene de hace muchos años aquí; creo que el problema es que el incremento que se dio de los funcionarios públicos fue principalmente en la administración central.
Revisión rigurosa
– ¿Qué están haciendo para controlar que las jubilaciones por incapacidad y las incapacidades transitorias sean adecuadas y no se den abusos?
– Allí hay una normativa bastante clara. Por un lado, las condiciones de acceso, que se han flexibilizado a partir de 2008 lo que hizo que aumentaran de manera importante la cantidad de altas de discapacidad, y luego hay una regulación que emana del Ministerio de Trabajo que es una metodología para evaluar la pérdida de capacidad del trabajador. La conjunción de esos dos instrumentos es lo que determina la cantidad de altas.
En realidad, nosotros lo que hacemos es aplicar la normativa. Si el sistema actual ha elevado ese número de altas por incapacidad, y alguien entiende que en muchos casos esto está siendo un instrumento demasiado flexible, puede estar en el marco del análisis que haga la reforma o no, pero en definitiva, el BPS el resultado que obtiene es producto de integrar las normas que están en vigencia.
Es más, usualmente tenemos algún tipo de planteo de personas que no se sienten en condiciones de seguir trabajando, y cuando se hace la evaluación clínica y se determina que no tiene la jubilación por incapacidad, en algunos casos a veces se nos adjudica cierta rigurosidad o rigidez, pero nosotros aplicamos los instrumentos que están definidos.
