El Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica del Uruguay publicó un informe sobre las relaciones laborales en el primer semestre de 2017. En este período, la conflictividad laboral global fue un 40% mayor a la del mismo semestre del año anterior. Si se analizan períodos similares de los últimos 10 años, se observa que se ubica en valores intermedios muy similares a otros años y bastante más baja que la del año 2015.
Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2017 se registraron 52 conflictos, cifra menor a la del año pasado (63), lo que quiere decir que los conflictos de este año fueron más largos, tuvieron mayor adhesión, o ambas.
En estos seis meses se registraron dos paros generales parciales. El primero fue el 8 de marzo, en rechazo al feminicidio y la violencia de género. El otro se realizó el 21 de junio, en defensa del presupuesto del 6% para la educación y 1% para la investigación, y en defensa de la negociación colectiva -tanto privada como pública-.
Si se analiza el tipo de medidas adoptadas de los 52 conflictos, 10 de ellos llevaron a la ocupación de los lugares de trabajo, en su mayoría liceos, por agresiones al equipo docente o por malas condiciones de los edificios. En total se perdieron 342.201 jornadas laborables y se involucraron en los conflictos 800.000 trabajadores.
En la dinámica mensual se observa, a partir de abril, una tendencia al crecimiento de la conflictividad global, que llega a la cifra más alta en junio. En ese mes se discutió la Rendición de Cuentas, que implicó varios paros de la Educación Pública y en la Salud Pública, porque sus reclamos no fueron contemplados en el presupuesto. A esto se agrega el mencionado paro general.
El 67% de la conflictividad sectorial, sin considerar los paros generales, se registró en el sector privado. Allí se destacó la construcción, que representó la mitad de la conflictividad del semestre, hecho que se explica porque hubo cuatro fallecimientos en accidentes laborales. Lo siguió la industria manufacturera, con paros en la industria frigorífica por salarios; y en la industria láctea, por envíos a seguro de paro.
Dentro del sector público, la rama más conflictiva fue la educación, con paros en todas las ramas por mayor presupuesto en la Rendición de Cuentas. En la Administración Pública se sumaron varios, donde se reiteró el largo conflicto del Poder Judicial por el aumento salarial, hubo paros en el sector limpieza de la Intendencia de Montevideo -en este caso en rechazo a la suspensión de trabajadores por el mal uso de una máquina-, y se sumó el conflicto de Ancap que, si bien no fue cuantitativamente significativo, en el índice fue muy importante por sus implicancias.
El 56% de la conflictividad global fue por mejoras salariales y allí hubo dos conflictos con peso
determinante. Uno de ellos fue el paro general parcial del 21 de junio, y el otro, los paros en todas las ramas de la educación por un presupuesto del 6+1%. En condiciones de trabajo, como en otras ocasiones, se sumaron los paros en la construcción por mayor seguridad y también varios en liceos y escuelas por agresiones. En empleo se consideraron los paros de la industria láctea por envíos a seguro de paro y en el transporte interdepartamental por despidos, conflicto que culminó con acuerdo.
El 31 de diciembre de 2016 vencieron 20 acuerdos celebrados en Consejos de Salarios. De esa cifra, 19 tenían resultados publicados en la página web del Ministerio de Trabajo el 1º de julio de 2017.
De los ámbitos analizados, 10 tuvieron consenso de los tres actores (52,5%), en tanto que hubo cuatro votaciones en las que el resultado se obtuvo, en todos los casos, con la aprobación de empresarios y trabajadores; en dos casos con abstención del Poder Ejecutivo (10,5%) y en los otros dos con su voto en contra (10,5%). Cinco acuerdos fueron bipartitos (26,5%), y tuvieron forma de convenio colectivo, en un caso entrado por Mesa de Entrada para su registro y en los otros cuatro presentados ante el Consejo para que este gestionara su registro y publicación.
