Ante el aumento que habrá en las tarifas de servicios públicos para inicios de 2017, llamado un “tarifazo” por la oposición, analistas explican que el aumento es para mejorar el resultado fiscal del país mientras los gremios vinculados a los servicios públicos reciben el aumento con críticas. Industriales desaprueban la medida y dicen que les quitará competitividad.
Por Joaquín Requena | @ReqJ
El Poder Ejecutivo resolvió subir las tarifas de los servicios públicos a partir de enero de 2017 y se aplicará un aumento a los servicios de Ancap del 8%, OSE del 8,2%, Antel del 8% y UTE del 7,5%. El ajuste tarifario fue anunciado el mismo día en que se supieron los datos de crecimiento de la economía nacional, en el que se registró un aumento interanual del 2% del PIB acompañado de un dato de inflación que ha ido en declive (8,1% a 12 meses de noviembre).
El aumento no fue bienvenido por integrantes de la oposición, quienes lo tildaron de “tarifazo”. El ministro de Economía, Danilo Astori, explicó en entrevista con El Espectador, que no cree “que se pueda hablar de tarifazo”. Antes, en conferencia de prensa había dicho que el ajuste está “muy en línea con lo que ha sido la inflación más reciente medida interanualmente”.
En diálogo con CRÓNICAS, el economista Alfonso Capurro de CPA Ferrere dijo que “es bastante claro que [el ajuste] es para mejorar la posición fiscal”. El analista explicó que a pesar de que bajó el precio del barril de petróleo –lo que significa una rebaja en los costos de producción de Ancap– esto no se tradujo a los precios, lo que significa que la suba de tarifas no está fundamentada por los costos, sino que se está buscando recaudar más para reducir el déficit fiscal que ha estado en 3,5% del PIB. Capurro agregó que el gobierno ha buscado remediar su situación fiscal a través de recortes en gastos de la inversión pública.
Industriales descontentos
Consultado por CRÓNICAS, Washington Corallo, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, dijo que “no era el momento oportuno para subirlas [las tarifas] ahora”, sino que “era un gran momento para recuperar competitividad”.
La CIU tiene previsto emitir un comunicado, en conjunto con la Cámara Mercantil, la Asociación Rural y la Cámara de Comercio donde expresan no estar de acuerdo con los dichos del ministro Astori sino que “descontentos” con la medida. “Si había una suba de un 4% o 5% tal vez no estábamos de acuerdo del todo pero era lógico porque de esa manera estábamos descomprimiendo el peso del Estado”, dijo el jerarca de los industriales.
En cuanto a competitividad, el economista Isaac Alfie dijo a CRÓNICAS que es probable que la suba tarifaria se traduzca en una rebaja de salarios o de puestos de trabajo. A su vez, Alfie publicó en su cuenta de Twitter “todo indica que UTE hará transferencias extraordinarias al MEF. Pueden ser ahora pero seguro lo serán en 2017”, en alusión al resultado fiscal favorable del ente y cómo puede aportar contra el gasto público.
Mano de obra
Trabajadores de los distintos servicios públicos manifestaron un malestar general ante la suba de tarifas. La Agrupación UTE (AUTE), gremio de los trabajadores del ente de electricidad, emitió un comunicado al otro día de anunciarse el aumento y lo catalogó como “absolutamente injusto”.
Por su parte, la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) publicó un comunicado el pasado martes, titulado “Ante el tarifazo en OSE.” Los agremiados del servicio público de agua señalan que “OSE presenta desde el año 2009 déficit en sus cuentas” y dijeron sentir “la obligación de denunciar que no se están haciendo las cosas bien en OSE”.
El PIT-CNT, a su vez, emitió su postura respecto al aumento de tarifas este martes. En una declaración de cuatro puntos, el Secretariado Ejecutivo de la central dijo no compartir el aumento tarifario, “en función de su impacto en deprimir los ingresos de las grandes mayorías”. El comunicado agrega que el PIT-CNT se deslinda de “todos aquellos” que “critican el aumento de tarifas”.
