La movilidad sostenible incorpora un conjunto de procesos y acciones orientados a conseguir el uso racional de los medios de transporte, tanto de particulares como colectivos. El propósito final es reducir el número de vehículos automotores que circulan, con el objetivo de reducir el impacto ambiental y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. En los últimos años esto se ha convertido en una prioridad para los gobiernos de muchas de las principales ciudades de América Latina, lo cual se ve reflejado en los diferentes planes de movilidad que tienen en carpeta, a los cuales cada vez se incorpora más el concepto sustentable o sostenible.
Por: Ec. Ignacio Gervaz (*)
El transporte sostenible de una ciudad apunta a la generación de sistemas de transporte público de calidad, en detrimento del uso del automóvil particular. Un modelo de desarrollo que promueve el alto uso del auto genera más costos que beneficios a la sociedad. El concepto de movilidad sostenible implica un cambio en la priorización de los modos de desplazamiento, donde se prioriza la asignación de recursos (económicos y de espacio físico) a aquellos modos más eficientes en el uso del espacio, y que son a su vez los que menos impacto generan al medioambiente. Esto implica que sea el peatón el primero en la cadena de prioridades, luego la bicicleta, después el transporte público, y por último el vehículo privado de baja ocupación.
Asociado a lo anterior, la inversión en la infraestructura necesaria para promover la movilidad a pie y en bicicleta es más baja que aquella para el transporte público y el automóvil. Sin embargo, en ciudades con alto grado de urbanización y con distancias largas, el transporte público colectivo es el elemento fundamental de la movilidad sostenible. Dentro de este nuevo sistema, se evidencia la necesidad de compatibilizar la caminata, la bicicleta y el transporte público de forma integrada, promoviendo la intermodalidad.
En contraposición a lo anhelado anteriormente, el nivel de motorización en la región continúa aumentando. Según el estudio del BID “¿Sabías que tener un auto privado en la región cuesta 4.600 dólares anuales?”, elaborado por Eugenia Rivas et al., con un crecimiento anual promedio del 4,7%, en el año 2015 la motorización alcanzó un promedio de 201 vehículos por cada 1.000 habitantes, cifra que equivale aproximadamente a un vehículo cada cinco personas.
Esta situación se entiende que obedece a diversos factores, donde el mencionado estudio identifica tres principales: el crecimiento del ingreso junto con el símbolo de estatus del automóvil, y los problemas asociados a la seguridad ciudadana en la región, contribuyen a explicar el incremento sostenido de la motorización; el deterioro en la calidad del servicio de transporte público favorece el traslado de usuarios hacia el transporte privado; el costo del transporte privado no internaliza los costos asociados a la congestión, a la contaminación acústica ni ambiental. De esta manera, los precios relativos del transporte privado y del transporte público se encuentran distorsionados a favor del primero.
Si estos patrones de movilidad no logran ser modificados, se espera que la motorización continúe aumentando y el uso del transporte público continúe disminuyendo. Esto implicará que las velocidades de circulación en las vías se reduzcan de manera exponencial con la entrada de nuevos vehículos.
En cambio, si la planificación actual de movilidad logra revertir la situación hacia un mayor uso del transporte público, esta podría mejorar. Brindar servicios de calidad en el transporte público y trabajar sobre los problemas devenidos del incremento de la mayor motorización, necesitan de políticas de transporte integrales para revertir las tendencias mencionadas anteriormente. Las políticas a implementar hacia una movilidad sostenible deben romper este círculo vicioso y generar apoyo hacia inversiones que incentiven el uso del transporte público y desincentiven el uso del auto particular.
Conocer las necesidades de financiamiento de inversión, mantenimiento y operación de su sistema de transporte para los siguientes años es un elemento fundamental para comenzar a planificar la movilidad. En la forma de financiar estas acciones no se identifica una solución única, diversos países han implementado instrumentos como: impuestos generales, sobretasa al combustible, peajes urbanos, cobros por congestión y mecanismos de captura de valor. Este último se ha implementado en países de fuera de la región y comenzó a desarrollarse en América Latina, donde crecen las áreas de influencia del transporte masivo (comercio, viviendas, oficinas y hoteles) y posteriormente se vende y/o recibe renta por el uso de estas propiedades.
Otra de las acciones que apuntan a mejorar la sostenibilidad de la movilidad está asociada a la electrificación en el sector del transporte, ya que es responsable de gran parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. El uso del vehículo eléctrico contribuye al ahorro de energía y a la reducción del calentamiento global, puesto que es el único cero emisiones en su propulsión.
En este sentido, en Uruguay, si bien se vienen implementando medidas para la electrificación del transporte, resulta imprescindible profundizar las mismas para que el país logre mayor eficiencia sectorial y una mejora ambiental por reducción de emisiones contaminantes. En cuanto a la planificación de la movilidad sostenible, se encuentra dentro de las políticas de gobierno y se están ejecutando programas que buscan apoyar la planificación, con acciones concretas que se han logrado en los últimos años, donde se entiende que existe espacio para seguir ampliando las medidas a implementar.
(*) Economista especializado en gestión y financiamiento de infraestructura en AIC Economía & Finanzas.