En los últimos días, Uruguay ha experimentado largas e intensas lluvias en todo su territorio, provocando evacuaciones y pérdidas materiales para su población. Sumado a la sequía de 2023, que dio lugar a la peor crisis hídrica en los últimos años, nos hace replantearnos si la infraestructura existente es capaz de hacerle frente a dichos fenómenos acentuados por el cambio climático.
Por Mateo Alonso (*)
Según el Informe de situación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), presentado el 17 de marzo de 2024, existen 1.561 personas desplazadas (853 evacuadas y 708 autoevacuadas) en todo el país debido a los eventos meteorológicos adversos ocurridos en la semana del 11 de marzo. A su vez, se registraron cortes de rutas, puentes inundados, voladuras de techo, caídas de árboles, entre otras consecuencias de las fuertes tormentas.
Por otra parte, en 2023 se registró la mayor crisis hídrica en 70 años, la cual restringió el acceso al agua potable. Debido a esto se aumentó la cantidad de agua proveniente del Río de la Plata, aumentando la salinidad de la misma. También se prohibió su uso para fines no prioritarios, como riego, lavado de autos y veredas, entre otros.
Uruguay ha sido, tanto en Latinoamérica como en el mundo, un país pionero en el combate contra el cambio climático, tanto por la transición de su matriz energética a fuentes mayoritariamente renovables como por la emisión de deuda indexada a indicadores de sostenibilidad y cambio climático. Sin embargo, debido a los recientes fenómenos producidos por el mismo, se pone en duda si el país cuenta con la infraestructura suficiente para hacerle frente a estos eventos climáticos que deberían ser cada vez más recurrentes.
Importancia del drenaje pluvial y su debido mantenimiento
El drenaje pluvial es un sistema de captación, conducción, descarga y disposición final de las aguas pluviales, evitando así daños materiales y humanos. A su vez, el drenaje pluvial evita la acumulación de agua contaminada, impidiendo enfermedades y problemas sanitarios, por lo cual es importante que se tenga en cuenta a la hora de integrarlo en la planificación urbana de las ciudades. Es necesaria la mayor extensión posible del drenaje pluvial para que toda la población esté cubierta ante posibles inundaciones, sobre todo en las comunidades más vulnerables, que generalmente residen en viviendas precarias construidas de manera informal en áreas naturalmente propensas a inundaciones.
El “Plan Nacional de Aguas Pluviales Urbanas para Uruguay”, realizado por el Consorcio CSI Ingenieros y DICA & Asociados en 2023, detalla que la falta de infraestructura referente al drenaje pluvial afecta directamente a 87.000 personas aproximadamente (36.000 viviendas) distribuidas en 320 localidades del país, traduciéndose en más de US$ 200 millones anuales en pérdidas.
Ilustración 1: Niveles de riesgo de inundación en Uruguay
Fuente: Geoportal Dinagua
Al mismo tiempo, es igual de importante el correcto mantenimiento del drenaje pluvial, el cual tiende a obstruirse debido a las hojas, residuos y sedimentos que suelen acumularse en los puntos de recolección del agua pluvial. Este debe ser periódico, ya que al hacer mantenimientos únicamente ante pronósticos de lluvias intensas los mismos están sujetos a la exactitud de los pronósticos y puede desembocar en inundaciones ante lluvias imprevistas.
Para afrontar el desafío se realizó el Plan Nacional de Aguas Pluviales Urbanas para Uruguay a solicitud del Ministerio de Ambiente y el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo es establecer los cimientos para la gestión futura de las aguas pluviales en áreas urbanas a nivel nacional, abordando la mitigación del riesgo de inundaciones y aprovechando las oportunidades que el agua ofrece para el desarrollo territorial y la integración socio-urbana.
Uruguay a casi un año de la crisis hídrica
El 2023 estuvo muy marcado por la sequía que azotó a Uruguay. Esto se vio reflejado tanto en una pérdida del bienestar de la población como de grandes pérdidas en la producción agropecuaria equivalentes al 3% del PIB, lo cual comprometió el crecimiento económico del país en 2023. Era difícil imaginar que un país rico en agua dulce como Uruguay pudiera verse tan afectado y que el abastecimiento de agua potable pudiera verse comprometido, lo cual nos hace preguntarnos si acaso no existe una brecha de infraestructura referente al acceso al agua potable.
El 19 de junio de 2023 el gobierno decretó la emergencia hídrica para toda la zona metropolitana de Montevideo y alrededores, aunque el agua potable ya se encontraba bastante comprometida previamente y ya se habían iniciado políticas para hacerle frente a dicha problemática.
El gobierno desplegó una serie de medidas a modo de respuesta ante la crisis hídrica entre las cuales se encuentran la construcción de la represa de Paso Belastiquí, la compra de una planta desalinizadora diseñada por la UTEC, entrega de agua embotellada gratis a beneficiarios del Mides, exoneración impositiva para el agua embotellada, entre otras. Todas estas medidas de mitigación si bien impactaron positivamente en el manejo de la crisis, no son lo suficientemente sólidas para prevenir una crisis futura, lo cual da lugar a la necesidad de formular nuevas políticas preventivas y a modo de reforzar el acceso al agua potable.
Una de estas posibles medidas es el Proyecto Arazatí, que consta de una planta potabilizadora ubicada en San José sumado a una tubería de conducción hasta el recalque Melilla y los tanques de Cuchilla Pereira, con una inversión inicial aproximada de US$ 250 millones. Dicha planta potabilizadora contará con una capacidad productiva máxima de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, lo cual se traduce a un tercio de la demanda diaria de la zona metropolitana al día de hoy. El proyecto fue presentado mediante una iniciativa privada por el Consorcio Aguas de Montevideo, conformado por las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. Dicho consorcio fue el adjudicatario luego del proceso de licitación. Si bien el Proyecto Arazatí es un paso inicial para reducir la brecha de infraestructura referente al acceso de agua potable, la misma debe ser acompañada de un mayor número de políticas y medidas para poder hacer frente ante eventuales desastres meteorológicos como el ocurrido en 2023.
En definitiva, Uruguay debe tomar nota y aprender de lo sucedido en los años recientes en materia de inundaciones y sequías. Ser un país rico en recursos hídricos debería traducirse en una infraestructura acorde a los mismos, de modo que se proteja a la población de eventuales variaciones meteorológicas, las cuales sabemos irán en aumento producto del cambio climático. Esta infraestructura suele acarrear una gran inversión inicial y grandes costos de operación y mantenimiento, pero si la misma puede evitar grandes pérdidas económicas como las ocurridas en 2023, a lo mejor no resulta tan costosa como pensamos.
(*) Analista en Economía en AIC Economía & Finanzas
