Carlos Magariños, director de Estrategia Global y Asuntos Externos de Vrio Corp -la empresa que administra las operaciones comerciales de la filial latinoamericana de Directv-, se refirió a la actualidad del negocio de la TV paga en Uruguay y la región y puso énfasis en los trabajos que se está haciendo junto a otras empresas y plataformas para convencer a las autoridades de la necesidad de flexibilizar las regulaciones del sector en Latinoamérica, lo que redundará en beneficio de los consumidores.
La industria de las telecomunicaciones y audiovisual ha sufrido grandes transformaciones de la mano de los cambios tecnológicos, de mercado y en los hábitos de los usuarios. Precisamente en ese universo, ¿qué cambios son los más relevantes?
La velocidad del cambio tecnológico genera nuevos productos y permite desarrollar nuevas plataformas para llegar al cliente final. Pero la velocidad con que tiene lugar ese cambio tecnológico en esta industria es verdaderamente muy disruptiva, entonces aparecen nuevas plataformas, nuevas tecnologías para transmitir contenido, los patrones de consumo también cambian rápidamente debido a esa disrupción tecnológica. La velocidad y tipo de respuesta que exige es muy sofisticada, eso fue lo que nos llamó mucho la atención cuando el grupo Werthein tomó control de la compañía Vrio, que tiene todas las licencias de Directv en América Latina, porque veíamos en ese momento una gran ola regulatoria sobre el sector que no está reconociendo todos esos cambios tecnológicos de los que hablábamos. Es un sistema regulatorio que todavía está anclado a una tecnología que tiene entre 15 y 20 años. Entonces, donde vimos una oportunidad de contribuir al debate sectorial, es en el hecho de que tal vez algunos sectores de la industria pensaban que la ola regulatoria podía ser enfrentada de manera independiente, con la capacidad que tienen de interlocución algunas compañías en algunas regiones de Latinoamérica. Nosotros tenemos la visión de que esa ola hay que abordarla en conjunto, con todos los jugadores de la industria: los proveedores de internet, de tv paga, las plataformas digitales. Tenemos que tratar de encontrar algunos puntos mínimos de consenso porque el problema que enfrentamos va mucho más allá de nuestro negocio, porque se trata, nada menos, que de contribuir a disminuir la brecha digital. El Banco Mundial ha publicado un reporte donde pone el número de personas sin acceso a las redes móviles en 3.000 millones a nivel global. Eso es más o menos un 40% de la población mundial, que si lo aplicamos a América Latina serían 200 millones. Ahí se distinguen distintos tipos de brechas: de infraestructura, porque hay una falta de inversión para generar la conectividad física; y hay una brecha de uso, porque aun existiendo la conectividad física la gente no tiene acceso ya sea porque no puede pagar los costos o porque no sabe cómo utilizar los datos. Es un número significativo y demanda un esfuerzo conjunto tanto del gobierno como de las empresas. Tenemos que dialogar para ver cómo podemos trabajar juntos en la reducción de la brecha digital, no por altruismo sino por nuestra propia conveniencia, porque cuanta más gente esté conectada, las posibilidades de aumentar nuestra participación en el mercado crecen. Es un paradigma propio del siglo XXI que nos obliga a reconciliar opuestos. Las empresas tenemos que aprender a competir y cooperar para aumentar la conectividad y facilitar las soluciones digitales del mundo moderno.
Imagino que esa realidad de la región es dispar, según se trate del país. ¿Lo ve así?
Sin ninguna duda es así. Yo creo que América Latina comparada a otras regiones del mundo tiene mucho para hacer en materia de conectividad y digitalización. No somos los peores del mundo, pero tampoco estamos al tope de la lista. Y en esa posición intermedia hay mucho para ganar. Dentro de la región también hay disparidades. Por ejemplo, destaca el caso de Uruguay, que tiene una gran conectividad a internet, y otros países donde la situación está menos avanzada. Incluso algunos ya avanzaron con la implementación del 5G, otros, la mayoría, están en ese proceso, pero hay un denominador común en materia regulatoria, que es cambiar la concepción que el regulador tiene de este sector. El regulador tiene una concepción histórica de que este es un sector del que se pueden extraer impuestos, pero eso cambió. Concebir a nuestro sector como uno en el que se puede hacer minería impositiva atenta contra la reducción de la brecha digital. Porque reducirla requiere muchas expresiones que tiene que hacer el gobierno, pero que también tenemos que encarar las empresas. Una regulación moderna tendría que apuntar en ese sentido.
A partir del diálogo, hubo un acuerdo entre muchas empresas de impulsar esta idea de que necesitamos un marco regulatorio moderno, flexible, que no grave excesivamente a las empresas y que, sobre todo, sea equitativo, que no cobre más a una en detrimento de la otra porque eso perjudica a todo el ecosistema.
¿Cuál es el eco de las autoridades ante la propuesta?
Se habló mucho de lo que estamos conversando, es decir, de la necesidad de regularizar el nivel de presión impositiva, de ecualizar las cargas regulatorias porque la industria no tiene condiciones de funcionar a largo plazo en el sentido de reducir la brecha digital si esas decisiones no se toman. No hubo una discusión o contrapunto, todos estuvimos de acuerdo con que es necesario pensar en una legislación moderna. Creo que en esta industria hay más espacio para aumentar la cooperación que en otras, tal vez porque es más moderna. Aquí aparece ese espacio para aumentar la cooperación, fomentar la confianza. Después competiremos, pero aumentar la digitalización, la conectividad, reducir la brecha digital es un buen negocio para todos, sobre todo para la gente; y para los gobiernos es muy útil porque le prestan un servicio importante a la sociedad en materia laboral, educativa y de salud. Para las empresas también es una gran ventaja porque amplía el tamaño del mercado. Después tendremos que competir con nuestros productos para ganar ese mercado, pero es una situación ganar-ganar. Deberíamos ser capaces de llevarla adelante.
Hace hincapié en que las regiones están en ese debate sobre regulaciones inteligentes y modernas que se necesitan para impulsar los procesos de inversión privada y reducir la brecha digital. ¿A qué regulaciones se refiere?
Tenemos unos requisitos de desempeño como por ejemplo, obligaciones de atender call center 7×24, y eso conlleva una inversión de recursos fenomenal. Entonces, no sé si con las tecnologías actuales es un requisito indispensable que debe seguir siendo impuesto a las compañías. Es tal vez una rémora de un estadio previo de la tecnología donde se hacía necesario este tipo de servicios o requerimientos por parte de las autoridades para prestarlo. Hoy funcionan muchas empresas del mercado que compiten con nosotros y no tienen ninguno de esos requisitos, lo cual quiere decir que se ha pasado de moda. Los requisitos de must curry por ejemplo, son obligaciones que con las nuevas tecnologías no sé cuánto sentido tienen. Habría que revisar en qué condiciones son necesarias ese tipo de regulaciones y cuál es el marco apropiado para llevarlas adelante.
¿El debate sobre las regulaciones lo ve más factible hacerlo país por país o trabajarlo a nivel regional?
Hay que hacerlo por los dos canales. País a país cada compañía lo está haciendo. Por supuesto, las empresas muy importantes están concentradas en un solo país. Hay otras que trabajan en toda la región, como nosotros, entonces hay que ir acompañando el esfuerzo en los dos canales, y asegurar que el mensaje sea coincidente para no enloquecer a los reguladores, sino facilitar la tarea.
¿Uruguay está bien parado? ¿Qué deberes hay para hacer?
Uruguay tiene una larga tradición en materia de conectividad y ha progresado mucho. Me parece muy importante que los marcos regulatorios sean abiertos, faciliten la competencia y brinden más oportunidades para que todas las empresas con la independencia y el tipo de tecnología con la que trabajen puedan concurrir al mercado y ofrecer servicios más baratos para los uruguayos. Si tuviera que mencionar un aspecto que Uruguay tiene espacio para mejorar, es eso. Cuando uno compara los precios regionales, el consumidor uruguayo enfrenta costos más altos, lo cual uno podría explicarlo en términos de este esfuerzo que hizo el país por mejorar la conectividad, que es superior al promedio de América Latina. Una vez hecho esto, es muy importante que los reguladores, gobiernos y congresos eviten ceder a las tentaciones que inevitablemente tienen lugar en los distintos actores por capturar ese gran esfuerzo de conectividad. Para que haya conectividad para todos es importante que exista una competencia abierta, irrestricta, completamente libre para que haya mejores servicios a menor precio, y así se beneficien los consumidores. La regulación orientada a fomentar la competencia es la que mejores resultados genera para el consumidor.
