Nicolás Cichevski, economista y gerente senior de CPA Ferrere
La economía uruguaya tendrá dos grandes hitos en este 2025: la negociación salarial y la Ley de Presupuesto, que marcará la cancha de cara a lo que resta del quinquenio. Entrevistado por CRÓNICAS, el economista Nicolás Cichevski destacó como una “innovación” que las pautas de la negociación presentadas por el Ejecutivo prioricen la recuperación de trabajadores con salarios inferiores a los $ 39.000, pero advirtió sobre el hecho de que las negociaciones no incorporen las heterogeneidades de cada sector. Por otro lado, dijo que mientras no se tengan tasas de crecimiento superiores a las de la última década, es “difícil” que la situación de la pobreza mejore “estructuralmente”.
-¿Qué consideraciones tiene al respecto de los lineamientos que presentó el Poder Ejecutivo para la negociación salarial?
-Si bien había cierta incertidumbre sobre qué iban a contener las pautas y cuál iba a ser el diseño, las pautas están alineadas a las intenciones que habían declarado Gabriel Oddone y Juan Castillo. Por un lado, incorporan un mecanismo de indexación, que termina reflejando un mejor nivel de indexación en comparación con el mecanismo que se utilizaba hasta este momento. La forma en que está diseñado, en particular para el eventual correctivo anual del primer año, hace que la probabilidad de que tenga que ser aplicado sea bastante baja, porque el correctivo aplica o mira la inflación subyacente, que es la que excluye los precios más volátiles.
-¿Atienden la posible variable, por ejemplo, de frutas y verduras por factores externos?
-Era uno de los problemas de este tipo de correctivos, porque la fruta y la verdura un día tienen un precio, pero como consecuencia de distintos factores podría existir alguna variación y eso se trasladaba a los precios. Y el hecho de que se considere la inflación subyacente, en teoría, debería mitigar este problema, porque además incorpora un rango de tolerancia. Es posible plantear este tipo de lineamientos, en definitiva, porque nos hemos acostumbrado en los últimos dos años a convivir con menores niveles de inflación. Y para el correctivo final, que aplica al segundo año, en este caso se enfoca en la inflación global y el correctivo final actúa como seguro contra la pérdida de salario y no es que se activa si la inflación es superior al 4,5%. Entonces, en definitiva, por un lado, creo que son lineamientos que reducen el nivel de disfunción de la economía, lo que debería ser una buena noticia para el Banco Central del Uruguay (BCU), porque debería facilitar el objetivo de lograr una desindexación sin mayores costos en materia de actividad. Menor indexación debería promover a que, en el futuro próximo, las expectativas de inflación a cuatro meses continúen su trayectoria actual. La otra particularidad de los lineamientos es el incremento salarial sugerido para los trabajadores. El diseño de la negociación colectiva hace que, en términos generales, cada subrama negocie para un conjunto de empresas que integran cada subsector. La innovación en este lineamiento es priorizar la recuperación o el crecimiento salarial de los trabajadores con salarios inferiores a los $39.000, que es uno de cada tres trabajadores formales en el país. Hay varias formas de evaluar la discusión.
-¿Esto está alineado al crecimiento y situación actual de la economía?
-Creo que hay un par de cuestiones a tener en cuenta. En materia de inflación, en términos generales, lo que está sugerido en las pautas está relativamente alineado a los objetivos de inflación del BCU, sobre todo en el segundo año, que el incremento salarial propuesto es del 5,5%, que está dentro de lo razonable si se toma en cuenta la inflación esperada del 4,5%. En el primer año está algo por encima de lo que nosotros teníamos en nuestros modelos, pero estamos hablando de décimas y eso no debería ser un problema a nivel agregado en materia de inflación.
-¿Y cómo se inserta la productividad en esta discusión?
-Esto ha sido un tema de discusión no solo en los últimos meses, sino que ya el gobierno anterior había hecho énfasis en incorporar la productividad como medida de ajuste de los salarios. Si pensamos en términos promedios de la economía, cuando crece en el entorno del 2%, como tiende a crecer Uruguay más allá de los últimos 10 años, hay un espacio para que el salario real, en promedio, crezca 1%. Entonces, esto se compara con lo que está sugerido en las pautas y, a nivel promedio, está relativamente alineado. De esta forma, el incremento promedio del primer año es de 1,6% y en el segundo año es de 1%. Eso es cierto para el promedio de la economía, lo que ocurre es que existe el consenso de que las negociaciones colectivas deben incorporar mejor en los acuerdos salariales las heterogeneidades a nivel de sectores, de tamaños de empresas y de regiones. No es lo mismo un sector del comercio en Montevideo que en el norte del país, por ejemplo. Ese proceso de contemplación de las heterogeneidades todavía es muy escaso. No es lo mismo pautar incrementos en sectores cuya coyuntura es más favorable, que en aquellos cuya coyuntura no es tan favorable o en sectores en donde fundamentalmente están en regiones donde, por lo general, la productividad es más baja. Ahí es donde, si bien está sugerido, creo que es importante que las negociaciones que transcurrirán durante buena parte de este segundo semestre intenten incorporar estas heterogeneidades en regiones y sectores para evitar un eventual riesgo en materia de empleo, en particular en los sectores que más demanda tienen de trabajadores de baja calificación.
“Uno de los factores clave para reducir los niveles de pobreza y de desigualdad es tener un mercado laboral dinámico”
-Este año traerá también la Ley de Presupuesto, que definirá los lineamientos en materia de gasto y redistribución para el quinquenio. ¿Cómo imagina usted la arquitectura y armado de esta ley, teniendo en cuenta las restricciones fiscales que tiene el país y las demandas sociales existentes?
-No es discutible el hecho de que, a partir de la finalización del ciclo de alto crecimiento en Uruguay en 2014, que venía de la mano con un muy buen escenario externo, la mejora en los indicadores de desigualdad se ralentizó significativamente. Tanto en los datos de pobreza infantil como de pobreza en términos generales –aunque tuvimos en el medio el cambio de metodología- lo que se observa son indicadores estancados en el entorno a los niveles que tenemos hace 10 años y, entre otras cosas, uno de los problemas es el bajo crecimiento. No quiero caer en la obviedad de que la solución de estos problemas es crecer más, pero en la medida en que Uruguay no logre recuperar tasas de crecimiento superiores a las que tuvo en la última década, es muy difícil que la situación de la pobreza tienda a mejorar de forma estructural. Uno de los factores clave para reducir los niveles de pobreza y de desigualdad es tener un mercado laboral dinámico y eso requiere una economía que crezca. Tenemos problemas en el mercado laboral con tasas de desempleo estructuralmente altas y problemas sobre todo dentro de la población joven. La tasa de desempleo entre jóvenes de 18 y 19 años es de 20%, casi el triple que el promedio de la población, que ronda el 8%. Sin embargo, varía significativamente según el nivel socioeconómico. Entre los jóvenes que residen en hogares del quintil 1, el de menos ingresos, la tasa de desempleo es de 36% y entre los jóvenes del quintil 2 es de 22%. En el otro extremo, entre los jóvenes del quintil 4 y 5 la tasa es similar al promedio de la población, rondando el 9%.
“Hay consenso extendido en que Uruguay ha mejorado en materia de institucionalidad fiscal”
-La regla fiscal ha sido reconocida por la academia y especialistas en el tema como una innovación positiva para el país. Sin embargo, se ha hablado de la posibilidad de realizarle mejoras. ¿Qué cambios imagina posibles?
-Donde hay consenso extendido es en que Uruguay ha mejorado en materia de institucionalidad fiscal. Dentro de esto está la generación del Consejo Fiscal Asesor, la creación del Comité de Expertos y cierto énfasis técnico que se le ha dado a la discusión. Y dentro de la institucionalidad fiscal se inserta la regla fiscal, cuyo cometido es, en cierta forma, señalizar el estado actual de las finanzas públicas y de su trayectoria esperada, y, eventualmente, mostrar en qué medida el gobierno está cumpliendo con estos objetivos. La regla y sus pilares lo que intentan asegurar es, dado lo que crece la economía, lo que se paga de tasa de interés, el tope de deuda que tiene y los niveles de deuda, si se quiere que la deuda en relación con el PIB se mantenga estable en el tiempo, se necesita alcanzar un déficit fiscal de determinado nivel. Hay cierto consenso en Uruguay de que el déficit fiscal debe ubicarse en torno al 2%, para que justamente la deuda no aumente año a año. Luego, puede haber años en particular que, por variaciones en el tipo de cambio y en factores transitorios, el déficit sea alto y la deuda no haya aumentado, o viceversa. Pero, en términos de mediano plazo y con una óptica focalizada en la sostenibilidad, Uruguay debe lograr un déficit del 2%. La regla anterior fijaba una meta indicativa del resultado fiscal estructural y tenía un tope de gasto alineado a un crecimiento potencial de la economía. Más allá de temas metodológicos y el cómo estimar cuál es el crecimiento potencial de Uruguay, que no es observable, una de las discusiones que, incluso fue algo señalado por el Consejo Fiscal, es que si por alguna razón los números fiscales en el período empeoran, que ya ocurrió de 2023 a 2024, por ejemplo, con sucesivas correcciones que el gobierno anterior fue realizando, lo que en cierta forma se reclama es que la meta debe ser basada en aspectos técnicos y que un eventual deterioro debería tener incorporado un mecanismo de corrección. Parte de esa discusión es la que sustenta la fijación de un nivel de deuda prudente. No es otra cosa que estimar cuál será el nivel de deuda. La definición del nivel de deuda prudente, más allá de que debe realizarse con fundamentos técnicos, también tiene consideraciones en materia reputacional.
