“La justicia social no es dar por dar, sino dar porque realmente lo necesitan y se complementa con estimular el trabajo”

María de Lima, directora del Área de Descentralización y Cohesión de OPP

En el año 2020, cuando asumió el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou, se resaltaba como una de las principales líneas de trabajo el favorecimiento a las políticas de descentralización. Desde ese momento hasta ahora sucedieron una diversidad de hechos, entre ellos, la asunción de María de Lima como titular del Área de Descentralización y Cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Esta sección en particular, desde su importante responsabilidad en el manejo de fondos, ha debido enfrentar diversos desafíos y cambios, sobre los cuales la mencionada jerarca dio detalles en diálogo con CRÓNICAS.

Por Matías Kapek | @matias_kb

-Tanto en campaña como en diferentes instancias ya dentro del gobierno se ha hecho énfasis en la importancia de la descentralización. ¿Cuáles fueron las principales líneas que se plantearon al comienzo del mandato desde el Área de Descentralización y Cohesión?

-Lo más importante fueron las instancias de diálogo que se tuvieron a la hora de armar el presupuesto nacional con los intendentes y alcaldes. A partir de ahí se trabajó en diferentes áreas, por ejemplo, en el desarrollo económico. A instancias de esto se acordó que el Fondo de Desarrollo del Interior, un fondo que vuelve a los departamentos en obras, dedique por lo menos el 15% a obras hechas en los gobiernos municipalizados, y que al menos el 3% se destine a proyectos de desarrollo productivo.

-¿Cuál es la importancia de hacer foco en el desarrollo económico?

-La obra es importante, pero pensar en los departamentos o municipios en clave de desarrollo económico es vital. Se trata de tener en cuenta la cadena de valor que nutre la economía de un municipio o un departamento. Incentivar o potenciar proyectos en este sentido es un cambio que profundiza la descentralización.

-¿Qué significó para los municipios este cambio en el proceso de distribución de los fondos?

-Fue un cambio bien interesante. Antes los dineros que iban por el Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal, iban en cuotas a la intendencia, este ejecutaba en el territorio municipalizado o no, como se pudo constatar. Ahora la transferencia llega a través de la intendencia, pero después de que haya venido a OPP el plan operativo anual con todos los proyectos. A partir de ese plan ya se encuentra definido cuáles son y cuándo empezarán a ejecutarse los proyectos, y posteriormente se recibirán las certificaciones de que la obra ha venido avanzando. Este nuevo proceso es un ganar-ganar para todos. Nosotros tenemos la seguridad de que le estamos haciendo llegar al vecino el dinero a través de las obras y los municipios tienen la seguridad de que esa plata les va a llegar. Los montos enviados varían según el municipio y sus necesidades básicas insatisfechas, los índices de educación y los habitantes.

-A partir de este sistema, ¿qué tipo de inversiones podría destacar dentro de los municipios?

-Podría destacar que en varios municipios han decidido generar urbanización. Se trata de llevar la luz, generar una buena vía de circulación, el cordón cuneta con las veredas y canalizar los pluviales adaptándose al territorio. Podemos hablar de barrios, por ejemplo, dentro del propio Montevideo: el Cerro, Capra y Punta de Rieles. Algunos municipios destinaron más de $ 80 millones, lo que genera un gran impacto y hace que el barrio se valorice. Por otra parte, en Cerro Largo, por ejemplo, es digno de ver cómo en municipios más rurales los alcaldes han puesto plata de su presupuesto para llevarle la luz eléctrica a hogares de vecinos carenciados y a su vez el agua potable al medio rural. Nosotros somos articuladores de política pública, pero quienes ejecutan los dineros y hacen que esto sea realidad son los propios gobernantes electos por su pueblo.

-¿Es correcto afirmar que en 2022 la mayor cantidad de fondos del área de descentralización fueron destinados a cuestiones vinculadas a la urbanización?

-Exacto. Más del 60%, creo que alrededor de 67%, se destinó a infraestructura. Luego también entra la parte de desarrollo económico, lo cultural y lo social, pero lo importante fue la infraestructura. Además, cuando generás infraestructura, estás generando trabajo, si generás trabajo hacés una ayuda social, generás atención a las necesidades básicas.

-¿Cómo ha convivido con el presupuesto destinado al área? ¿Considera que se ha contado con los fondos necesarios?

-Contamos con el Fondo de Desarrollo del Interior que terminó distribuyendo durante 2022 en el país $ 2.300 millones, lo cual, con el ajuste del IPC para el 2023, va a tener un incremento. A su vez, también tenemos el Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, que ha aumentado para este quinquenio en un 35% por el ajuste del IPC. La forma de distribución a veces hace que existan, por ejemplo, municipios con más habitantes pero índices muy buenos que reciben menos plata y reclaman más importancia. Estas discusiones se dan a través del colectivo, tanto de los intendentes y como de los alcaldes, los cuales deben llegar a un acuerdo cuando se arman los reglamentos de distribución a través del Congreso de Intendentes o del Plenario de Municipios.

-La pandemia, según usted en algún momento había mencionado, llevó tanto a los gobiernos departamentales como a los municipios a plantearse algunas problemáticas internas que quizás no eran tan habituales en la planificación presupuestal. Me refiero a cuestiones vinculadas principalmente a la ayuda social de primera línea. Terminada la pandemia y dentro de un contexto país que parece retomar su funcionamiento, ¿ese tipo de cuestiones siguen generando demanda de fondos? ¿Qué lugar ocuparon dentro de las inversiones del año 2022?

-Es una cuestión que ha quedado más de lado por suerte. Son temas que tienen que ver con que somos seres humanos y queremos lo mejor para nuestra gente, esto se ve sobre todo en los gobiernos de cercanía. Con respecto a esto se está logrando en el territorio nacional una actividad más coordinada. Se coordinan el Ministerio de Desarrollo Social, el municipio, la intendencia, buscando llegar al desarrollo de políticas que tratan de ser lo más justas que se pueda a nivel social. La justicia social no es dar por dar, sino dar porque realmente lo necesitan y se complementa con estimular el trabajo. Los programas exitosos que hemos tenido como el de jornales solidarios o los programas de acceso del Mides han generado ese acercamiento con los gobernantes tanto departamentales como municipales. Esto ha permitido esa ayuda justa, el llegar a los ciudadanos desde otra manera, generándoles valor y también ayudándolos en su autoestima.

-¿Cómo evalúa los resultados obtenidos en su gestión hasta el momento?

-Muy buenos. Siempre digo que mi gestión no es personal, sino que surge a partir de estimular, articular y acompañar los procesos de gestión de cada uno de los gobernantes electos por el pueblo. Nosotros estamos al servicio de los gobiernos municipales y departamentales, creo que entender eso ha servido mucho para estos cambios que hemos realizado. Los recursos no sobran, pero bien planificados y con buena ejecución mejoran la calidad de vida a las personas.

-¿Con qué expectativas se comienza el 2023? ¿Hacia dónde se apunta?

-En principio, en el hecho de seguir trabajando en las temáticas que hoy ya se encuentran en carpeta. Por otra parte, a fines de enero vamos a informar qué planificó cada departamento y el país a través de diferentes proyectos. Eso ya lo estamos analizando, estamos recibiendo todas las carteras de proyectos tanto de las intendencias como de los municipios. Hay que ver en qué temáticas nos vamos a enfocar en 2023 en el Uruguay y a su vez individualmente en las 19 realidades por cada intendencia y las 125 realidades de las localidades municipalizadas.


El foco en la juventud y la marca de la pandemia

-Se están desarrollando políticas de descentralización que apuntan a las Oficinas de la Juventud de los gobiernos departamentales y los municipios. ¿De qué se trata? ¿A qué se debe el hecho de hacer foco en esta porción de la sociedad?

-Nosotros tenemos temas en agenda que hemos podido recabar a través de una encuesta que hicimos con los gobiernos municipales y departamentales cuando asumimos. En esa instancia preguntamos cuáles eran las temáticas que más les interesaba trabajar en los territorios. A partir de ahí tenemos tres programas extrapresupuestales en ejecución, uno de ellos es el proyecto de juventud; se firmaron 50 proyectos en municipios y 13 proyectos en intendencias, estamos destinando cerca de $ 20 millones. Se evaluaron proyectos de 13 intendencias, llegando a financiar proyectos en cinco, y además se revisaron proyectos de 29 municipios, llegando a concretarse la financiación en 13 de ellos.

El gobierno nacional ha puesto mucha atención en la juventud después de la pandemia, donde los jóvenes se vieron muy limitados en su accionar. En este sentido se realizaron foros en cuanto a la salud mental donde hemos podido ver que es necesario gestionar espacios públicos y lugares de contención para jóvenes. Por eso estamos muy contentos de haber podido lograr este llamado a intendencias y municipios para sostener esta parte de la sociedad que es el futuro de nuestro país.


El control, la otra arista de la distribución de fondos

-La contracara de esta asignación de fondos es el control de cómo estos se utilizan. ¿Cómo es ese proceso?

-Siempre se trata de que lleguen. El éxito de todo gobierno, tanto departamental como local y nacional, depende de que los dineros lleguen. Nosotros tratamos siempre de estar cerca, articulando y viendo cómo podemos lograr que esas obras se hagan. Lógicamente, no todos trabajan de la misma manera. Nosotros tenemos técnicos expertos en las temáticas que van haciendo un seguimiento continuo de las obras, de la ejecución y del avance.

-¿Qué pasa si identifica una mala utilización de fondos? ¿Qué medidas se toman? ¿Ha ocurrido?

-Ha pasado. Si no está bien hecha la obra hay que actuar, por eso es casi continuo el seguimiento. En ese caso se les pide que se deshaga y que se vuelva a hacer. Hay diferentes métodos de control, por ejemplo, cuando se termina la obra y esta es tercerizada se hace un

puntaje a la empresa. En el caso de las intendencias, si se identifica un incumplimiento, se le pide mejorar la obra.