Pablo Mieres: «Estamos en un escenario proactivo hacia la movilización y hacia el conflicto»

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social


El ministro de Trabajo y Seguridad Social se refirió a las más recientes movilizaciones sindicales y explicó que el actual escenario es proclive al conflicto porque los sindicatos buscan presionar para obtener mejores resultados en las negociaciones, para demostrar poder ante un inminente congreso del Pit-Cnt y por el rol de la central sindical como promotora del referendum en contra de la Ley de Urgente Consideración. Mieres se mostró auspicioso de cara a lo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) proyecta como la reactivación del empleo y fue enfático en la importancia que tiene para el gobierno modificar la negociación colectiva: “Estar observado por la OIT no condice con la tradición uruguaya”, remarcó.


El Menú En la confortable cava de Panini´s el ministro de Trabajo degustó sorrentinos rellenos de queso cuartirolo, lomito ahumado y tomillo, con crema de champignones y nueces. Acompañó el plato principal con agua mineral con gas.


Según la más reciente encuesta de Cifra, los uruguayos consideran que el empleo es el principal problema del país, las cifras oficiales reflejan una caída en las últimas mediciones que hacen llegar al desempleo a 10,4%, aunque el director de empleo, Daniel Pérez señaló a CRÓNICAS que el MTSS tiene indicadores más auspiciosos. Haciendo un estado de situación ¿Cómo se encuentra Uruguay hoy en materia de empleo?

A mí me parece razonable que la gente esté preocupada por el empleo porque hace años que venimos con un problema creciente que la pandemia agudizó, pero que era pre-existente. Ahora, en la reactivación, el primer objetivo es lograr llegar a una situación similar a la prepandemia y no estamos lejos de eso. 

Estamos en el orden del 10%, hubo una caída de la cantidad de ocupados en el período de la pandemia. Hoy tanto el nivel de actividad como el de ocupación están muy cerca de la prepandemia, pero de cualquier manera, no es un escenario satisfactorio.

 La situación que teníamos al comenzar el gobierno, que heredamos del gobierno anterior, eran mala, era como una pendiente descendente permanente de los últimos tres años.

 Incluso el último número de desempleo, de febrero del 2020, fue de 10,5%. 

En la medida en que hay sectores que todavía no tienen su expansión de reactivación a pleno, como es el caso del turismo, o de los eventos y los espectáculos, que son dos actividades que son intensivas en puestos de trabajo habrá probablemente una recuperación mayor. Esperamos que antes de fin de año nos encontremos en una situación similar a la pre-pandemia o quizás mejor. Pero hay que esperar los números.

En la edición de CRÓNICAS del 24 de setiembre de 2021, el director de Trabajo, Daniel Pérez, decía a CRÓNICAS que el objetivo del MTSS era recuperar los puestos de trabajo que se tenían pre-pandemia y “seguir de largo”. ¿Qué objetivos tienen de cara al final del periodo en relación a la creación de empleo?

Exacto. Nosotros tenemos la expectativa de que, en la medida que la economía retoma una senda de crecimiento, ese desarrollo esté acompañado de generación de puestos de trabajo. 

Yo me imagino un escenario, en los próximos dos años, en donde el país va a crecer con inversión y esa inversión está asociada al incremento de puestos de trabajo.

Esa es mi expectativa, de todas maneras, hay que ayudarlo y para ayudarlo también hay que tener una mirada puesta en cómo ayudamos a los más débiles. Y ahí está la Ley de Promoción del Empleo que acabamos de aprobar, que está ya en funcionamiento y que nosotros creemos que va a empujar en la línea de jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad, que son justamente aquellos sectores más afectados por la falta de empleo. 

Vale decir que si el principal problema hoy de los uruguayos es el empleo es porque hemos logrado que otro problema que era muy importante, que es la seguridad, bajara. En la misma línea, el empleo aparece en la medida de que la pandemia está controlada y la salud no está en el primer lugar de las preocupaciones. Entonces el empleo aparece como la asignatura pendiente y es verdad. Asumimos el desafío y el reto de recuperarlo.

¿Y hay alguna cifra que tengan como meta en cuanto a la creación de puestos de trabajo?

 Yo prefiero no dar cifras, diría que nuestra meta es que al finalizar este período de gobierno los números, tanto de desempleo como de tasa de actividad y seguros de paro, estén por encima de los que teníamos antes de pandemia. 

En Uruguay se perdieron 50.000 puestos de trabajo entre 2016 y 2019 y, otro tanto, en la pandemia en el año 2020.

 A mediados de este año teníamos números que indicaban que de esa pérdida había habido ya una recuperación. Yo tengo la esperanza de que esos 50.000 puestos de trabajo que se perdieron en 2020, se hayan recuperado antes del final del 2021. Y, por lo tanto, ya vamos camino al siguiente escalón.

Dentro de la misma línea el gobierno propuso una pauta y comenzaron las reuniones en el marco de la novena ronda de consejos de salarios. ¿Cómo ve el inicio de las negociaciones?

Es una ronda en condiciones de normalidad, a diferencia del período puente.

En esta novena ronda que es por dos años se abren todos los grupos, subgrupos y bandejas y, por lo tanto, se negocia en las condiciones más tradicionales.

Además, como las condiciones sanitarias lo permiten, se da en un ambiente que habilita que los sindicatos lleven adelante sus reivindicaciones y movilizaciones. 

Yo no veo ninguna característica que las aleje de las tradicionales.

 Es compleja, nosotros marcamos una pauta desde el gobierno muy clara. El compromiso que había asumido el gobierno, y se cumplió, es que fuera una pauta por un período más largo-de dos años-, que se abrieran los grupos, que hubiera una contemplación de la heterogeneidad de la realidad del sector empresarial, de los sectores de actividad y que hubiera un componente de recuperación en el transcurrir de los dos años, con respecto a la pérdida salarial ocurrida en la octava ronda.

A su vez, el movimiento sindical nos había pedido que hubiese un aumento salarial al comienzo del nuevo período. Todo eso está contemplado en la pauta del Poder Ejecutivo. Cumplimos con los planteos que nos pidieron, tanto las cámaras empresariales como el Pit-Cnt. La recuperación no es completa, está calculada en el orden de un 1,6% de lo que podíamos llamar como la pérdida acumulada en el período puente. Ese 1,6 es aproximadamente el orden del 40% de la pérdida y hay un compromiso nuestro de continuar recuperando de manera tal de que, al finalizar el período de gobierno, se haya completado la recuperación.

En este marco de aumento de conflictividad, aseveró que las movilizaciones sindicales, como la sucedida en el puerto, tienen un condimento político. ¿Cree que no estuvieron debidamente justificadas?

Hay un escenario político que está caracterizado por determinadas características. Primero, cuando hay ronda salarial o renovación de convenio colectivo siempre viene acompañado de acciones sindicales que buscan presionar para alcanzar sus resultados. 

Segundo, el movimiento sindical ya no tuvo las limitaciones que tuvo el último año producto de la pandemia, que le impedía llevar adelante acciones más visibles desde el punto de vista de las medidas gremiales. 

En tercer lugar, hay un componente interno del movimiento sindical que es que tienen un congreso del Pit-Cnt dentro de un mes y eso ayuda a que haya distintas demostraciones de poder de distintos sindicatos. Además, el Pit-Cnt es un actor principal de la movilización contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), es decir, a favor del referéndum. Todo eso hace que uno tenga que tomar en consideración el escenario. Estamos en un escenario proactivo hacia la movilización y hacia el conflicto.

Después están las condiciones específicas de cada caso y en los dos casos que tuvimos la semana pasada, el puerto y UPM, tienen un factor en común que es que en ambos casos están negociando una renovación del convenio colectivo con lo cual todo suma en la misma dirección.

No nos parece sorprendente, pero sí desproporcionada la medida que el sindicato portuario tomó porque pasó de cero a 100 en una sola medida. Si nos habían planteado su preocupación un par de meses atrás por la incertidumbre de lo que iba a implicar el acuerdo que había alcanzado el gobierno con Katoen Natie por la eventual pérdida de puestos de trabajo. Eso se viene trabajando, ha habido varias reuniones, se ha avanzado en la conversación, en la perspectiva de dar respuestas que brinden tranquilidad a los trabajadores y, de repente, emergió este lio de la renovación del convenio colectivo entre TCP y el sindicato.

 Nos sorprendió mucho que la medida fuera, de primera, un paro de 72 horas, no solo porque en sí es una medida de alto perfil en cualquier ámbito sino que en el caso del puerto tiene una afectación múltiple, multidimensional muy grave; además agravado porque el Uruguay está sufriendo una escasez de llegada de barcos en un momento donde estamos en plena reactivación y necesitamos exportar y también importar. Afectó todo y eso le dio una connotación muy complicada.

La negociación por el convenio colectivo está en proceso, estuvo toda la semana pasada arriba de la mesa. Incluso pensamos en un momento que la medida podía levantarse, pero ahora está encausada una negociación sin ninguna medida de restricción de la actividad y tenemos la expectativa de que en el transcurrir de estos días se alcance un buen resultado. 

Las cámaras empresariales propusieron contratar empleados pagándoles por debajo del laudo, algo que fue descartado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pero es una señal del mal momento que atraviesan las empresas que son el motor de la generación de empleo. ¿qué le pareció la propuesta?

Yo creo que la intención, el espíritu de la propuesta, venía por el lado de dar alguna solución al problema del empleo, es decir, a la posibilidad de que las empresas contrataran más trabajadores; esa era la motivación.

La medida en sí no está en la agenda nuestra, nosotros vamos por el lado de la Ley de Promoción del Empleo que es una manera de ayudar también al sector empleador porque es quien recibe este incentivo, es el que cobra una cantidad por contratar. 

Nosotros estamos dando una propuesta que va en la dirección de ayudar al empleador para promover la contratación, pero que no afecta acuerdos que son muy sensibles.

Los laudos son acuerdos bi o tripartitos que implican compromisos, esa posibilidad de descolgarse del laudo nosotros la veíamos complicada. Además, no fue planteada a nivel de la negociación colectiva y obviamente no iba a despertar mucha adhesión por parte de los trabajadores.

Tenemos que buscar mecanismos de contratación de trabajadores, en eso estamos totalmente de acuerdo, capaz que esta ley que presentamos no alcanza, veremos, habrá que seguir buscando medidas.

Dentro de la heterogeneidad que caracteriza al sector privado, ¿se percibe la recuperación?

Sí, se percibe. También se nota que es heterogéneo absolutamente. Hay sectores que están creciendo de manera muy significativa como la construcción, el comercio viene más lento, la industria tiene niveles de reactivación de su actividad muy elevados, pero hay rezago en materia de empleo y ese es un problema común y creciente de acuerdo a lo que expresan los especialistas del tema laboral en las crisis.

La crisis económica sea cual sea, y esta es mundial, tiene un proceso de recuperación más rápido que la reactivación del empleo. El empleo viene rezagado porque hay incorporación de tecnología, porque las empresas aprovechan para tomar decisiones que quizás tenían demoradas como la sustitución de un número mayor de empleos por componentes tecnológicos, ese es un problema mundial, no es particularmente uruguayo.

¿Los cambios en la ley de negociación colectiva son una prioridad para el gobierno?¿En qué puntos se hará énfasis?

Sí, es una prioridad, porque además tenemos una situación que no se puede mantener que es la observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que está planteada desde el 2019 y que nosotros estamos comprometidos a levantarla. Eso significa modificar la Ley de Negociación Colectiva. Ya dimos un paso con la presentación al Parlamento de un proyecto de ley de Personalidad Jurídica de las Organizaciones Gremiales, una pieza dentro de esos reclamos.

Yo creo que la propuesta que presentamos al Parlamento lejos de ser limitante y afectar a los actores sociales, les da más garantías. 

¿Por qué?

 Porque un sindicato que no tiene personalidad jurídica es un sindicato en el que los responsables son individuos o nadie. Con personalidad jurídica hay un actor formal que responde.

Por eso atamos la tenencia de personalidad jurídica al procedimiento del descuento por planilla de la cuota sindical. En aquel sindicato que no tiene personalidad jurídica, la recaudación de la cuota sindical ingresa a una cuenta que está a nombre de una persona y eso es un problema para él porque es una gran responsabilidad y puede ser un lio en el futuro.

Esa norma va en la dirección de empezar a incorporar modificaciones en las reglas de juego de las relaciones laborales y apuesta a dar una señal con respecto a las observaciones de OIT. 

¿Qué otras observaciones ha hecho la OIT?

La OIT ha observado que es muy rígida la normativa uruguaya con respecto a la participación del gobierno en ella. Marcó la ultra-actividad de los acuerdos no salariales, es decir, de los convenios que tienen un componente salarial y de beneficios como prima por antigüedad o presentismo. La OIT sostiene que los contenidos de esos convenios no pueden tener ultra-actividad, es decir, que se den por hecho tácitamente, pueden ser renovados pero deben ser objetos de una manifestación expresa de las partes.

También hay un planteo de que la rigidez de la negociación por rama no está en línea con los criterios generales y algunas cosas más que tenemos que ajustar; nuestro propósito es que antes de fin de año el Parlamento reciba un proyecto de ley de modificación de la actual ley de negociación colectiva, que ese proyecto de ley se haga cargo de las observaciones que la OIT ha presentado y que podamos, en el correr de los primeros meses del año próximo, dar por resuelto el problema.

“Este gobierno tiene como objetivo levantar las observaciones de la OIT”

¿Todas las observaciones que mencionó estarían contempladas en ese proyecto?

Vamos a conversar con los actores sociales, en general sí. Hay un punto de duda que tiene que ver con el alcance de los acuerdos salariales. La OIT dice que la participación del Estado tiene que ser limitada a los mínimos de cada categoría. El Uruguay tiene una larga tradición de una negociación más completa, ese es un tema que tenemos que analizar. En principio, me parece que hay una tradición que hay que contemplar, pero lo vamos a conversar con los actores sociales para ver cómo lo manejamos.

Con total contundencia quiero afirmar que este gobierno tiene como objetivo levantar las observaciones de OIT, salir de esa situación que no está en línea con la tradición del Uruguay.

Uruguay siempre ha sido siempre de los primeros en aprobar los convenios colectivos, hemos sido un país que se destaca por el desarrollo de su derecho laboral, por la modernidad de la consagración de los derechos en esa materia y estar observado por la OIT no condice con la tradición por eso, con más razón, tenemos que resolverlo pronto.

¿Qué resultados se esperan de la nueva Ley de Promoción del Empleo?¿Qué diferencias tiene con normativas anteriores?

Evaluamos que las leyes de políticas activas de empleo, como la ley de política juvenil que existía antes, la ley de promoción del empleo del 2018 e incluso una ley de empleo juvenil del año 90 no habían movido la aguja.

La ley de empleo juvenil que estaba vigente hasta ahora en cinco años se había utilizado para 8.000 jóvenes, es muy poco. La nueva ley del año 2018 se había ejecutado sólo en un 10% los recursos que se le asignaron en dos años.

La modalidad es la misma, se le otorga el beneficio a un empleador por contratar a un joven o por contratar a un mayor de 45 años o a una persona con discapacidad, estos últimos dos componentes son nuevos y en los jóvenes se introducen cambios en primera experiencia laboral, en el que se recibe un subsidio por un año y transcurrido ese año, si se mantiene el trabajo de ese joven, se sigue recibiendo un incentivo que vencido el año será la exoneración del aporte patronal hasta que ese joven cumpla 25 años.

Asimismo, se ha buscado que la implementación sea por medio de un proceso ágil, fácil y lo más veloz posible porque detectamos que se dejaba de lado porque era un instrumento lento y burocrático. Ahora tenemos bien aceitado el mecanismo y estamos promoviendo la ley mediante publicidad y a través de los centros comerciales. Esperamos tener un rebote importante.

¿Cuántos recursos se destinarán a este fin?

Son US$ 16 millones en este año y US$ 16 millones el año que viene. Si se usara al máximo, estaríamos hablando de unas 16.000 personas que es un poco más de un punto en la tasa de ocupación.