Para sociólogo, los robos a policías “presentan niveles de victimización similares al resto de la población”

Movilizaciones > “Se ubicarán en un terreno razonable y hasta saludable” para el fortalecimiento de la democracia

De acuerdo con el sociólogo Luis Eduardo Morás, los datos disponibles por el Ministerio del Interior no permiten afirmar que estemos en presencia de una ola delictiva que afecte particularmente a policías. Asimismo, el experto se refirió a las expectativas del cuadro social para el próximo gobierno, donde resulta “lógico” proyectar “un panorama de profundización de las movilizaciones”.

Por Ignacio Palumbo | @ignacio_palumbo

Desde principios de año se viene dando un aumento en los crímenes perpetrados contra oficiales de la Policía. En el correr del año, hasta el 5 de febrero, hubo 78 víctimas, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior.

De esta cifra se desprenden 43 atentados y agresiones, 25 rapiñas y seis hurtos, todos a funcionarios policiales. Los cuatro casos restantes se tratan de un oficial embestido por un auto, dos asesinatos y un herido de bala en la cabeza, según el informe de la cartera.

Sin embargo, “los datos disponibles no permiten afirmar que estemos en presencia de una ola delictiva que afecte particularmente a los policías”, afirmó el sociólogo Luis Eduardo Morás en diálogo con CRÓNICAS.

El sociólogo evaluó que los funcionarios policiales no representan un grupo particularmente victimizado en la sociedad. Justificó esto al considerar que la policía cuenta con 30.000 efectivos, y que en el mismo período de 2019 se denunciaron casi 15.000 hurtos y 3.200 rapiñas.

“En definitiva, presentan niveles de victimización similares al resto de la población”, apuntó.

De esta manera, las medidas que se deben adoptar para reducir la violencia delictiva son las generales que se dispongan para el conjunto de la sociedad. Esto es, en tanto no se compruebe fehacientemente que se está en presencia de “una operación concertada y planificada de victimizar policías por su condición de tal por parte de grupos específicos”, señaló el sociólogo.

¿Seguridad?

Por otro lado, Morás se refirió a las perspectivas del panorama social de cara al próximo gobierno.

En ese marco, opinó que resulta “lógico” proyectar que existirá “una mayor conflictividad sindical y un panorama de profundización de las movilizaciones sociales”. El principal detonante sería el anuncio de medidas -algunas de las cuales ya están expresadas en el borrador de la Ley de Urgente Consideración, expresó- que afectan derechos y reducen conquistas laborales y salariales.

“La dimensión y el tono de las demandas sociales dependerá de hasta dónde el gobierno de coalición intente profundizar sus proyectadas reformas, su capacidad de negociación y cuánto se modifique el actual estado de equilibrio de las diferentes fuerzas sociales instalado y consolidado en los últimos 15 años”, explicó Morás.

No obstante, este no tiene por qué ser el caso. Las reformas planteadas pueden no representar “una amenaza de retroceso severo y grosero” de logros que “múltiples grupos sociales entienden como irrenunciables”.

Así, los conflictos y movilizaciones se ubicarán en un terreno razonable y hasta saludable para el fortalecimiento de una democracia madura como la uruguaya, argumentó Morás.

El principal riesgo en esta materia, advirtió el experto, se ubica en aquellos sectores políticos cuya razón de ser reside en anunciar inminentes catástrofes, que alimentan un discurso de confrontaciones inevitables que terminan provocando algo que bien pudo no ocurrir. “Es lo que se conoce como la profecía autocumplida: quienes venden paraguas anuncian temibles tempestades y los paraguas se terminan usando aunque nunca llueva”, ejemplificó.


Por un 2020 más seguro

En concreto, el principal desafío de este año en materia de seguridad reside en obtener resultados acordes a la cuantiosa inversión realizada en el Ministerio del Interior en los últimos años.

Para Morás, a pesar del respaldo material, económico y legal, “existe un fuerte consenso, que los resultados no llegan pues “la policía está atada de manos’”.

Asimismo, el principal desafío de la próxima cartera -liderada por Jorge Larrañaga- será adaptar un discurso electoral “que prometía liberar de molestas ataduras a unos y terminar con el recreo de otros”, a las responsabilidades propias de una gestión de gobierno en el marco del Estado de Derecho.

Esto es, en síntesis, “lograr diseñar una gestión que simultáneamente brinde garantías al conjunto de los ciudadanos, que evite confusiones y excesos en el accionar policial y que logre reducir efectivamente los actuales niveles de violencia delictiva”, concluyó.