Según argumentó un grupo de expertos durante una conferencia virtual de la Academia de Economía, es posible mejorar el desempeño fiscal al mismo tiempo que la calidad de vida de los contribuyentes. Para esto, es necesario crear una “defensa del contribuyente” como institución, y acompañar esto con una tríada de propuestas monetarias, impositivas y fiscales para apuntalar esta problemática.
El pasado viernes 21, como parte de su ciclo de seminarios, la Academia de Economía organizó una ponencia virtual donde se cuestionó si es posible mejorar el desempeño fiscal y la calidad de vida de los contribuyentes al mismo tiempo.
Según el abogado Julián Barquín, esto es posible. La cuestión es el cómo. “Esa es la pregunta del millón”, indicó.
A raíz de la ley de urgente consideración (LUC) se estableció no solo una regla fiscal, sino también el concepto de responsabilidad fiscal. De esta manera, dicho instrumento es “flexible y de cumplimiento rígido”, cuyo objetivo es que la política fiscal sea clara, y con lineamientos establecidos y una meta indicativa que acompaña al presupuesto.
“Apunta a la sostenibilidad de las finanzas públicas, es decir, gastar mejor”, detalló Barquín.
A su vez, la responsabilidad fiscal se propone como un compromiso político que tiene que ser transversal a todos los sectores de este sistema y tiene que exceder los cinco años de gobierno. Debe estar apoyado, argumentó el experto, en la transparencia en el manejo de la política fiscal, y por otro lado en el concepto de “accountability”; con esto se refirió a que el gobierno tiene que rendirle las cuentas a la sociedad civil y dejar en claro si se cumplió o no con esos compromisos fiscales y porqué.
“La regla fiscal de por sí no es mágica y no nos va a llevar a mejores resultados”, señaló Barquín. Sin embargo, lo que sí es indispensable es el compromiso fiscal para mejorar el resultado y lograr una estabilidad de deuda que el país necesita si quiere pensar en un crecimiento a largo plazo.
En este sentido, el Consejo Fiscal Asesor -cuya función principal es asesorar al Ministerio de Economía (MEF)- plasma en la LUC esta idea de institucionalidad fiscal.
Dicho organismo, que aún no está designado formalmente, “puede potencialmente tener un rol de canalizador del debate sobre las políticas públicas fiscales y, abriendo la puerta al diálogo, sobre la reforma del Estado”, afirmó Barquín. Esto lo realizaría a través de la búsqueda de un gasto con mayores controles fiscales en relación con su eficacia.
Por otro lado, el abogado también expresó que el esfuerzo institucional que implica ejercer una correcta responsabilidad fiscal debe incluir un respeto al contribuyente. No solo en el manejo de los recursos, profundizó, sino en sus derechos individuales. Es por esto por lo que propuso la creación de un ente “defensor del contribuyente”, cuyas finalidades sean fortalecer el control de gestión independiente y brindar apoyo a los mismos, informándoles de sus derechos y brindándoles acceso a ellos.
A mayor escala, esto obliga a una necesidad de una reforma del sistema de justicia tributaria, según Barquín.
Tríada de soluciones
Por su parte, el licenciado en Dirección de Empresas, Juan Manuel Patiño, sostuvo que hay un “trilema” en cuanto a cómo resolver la restricción presupuestaria.
En primer lugar, propuso achicar el estado de bienestar vía reducción del gasto público. Luego, aumentar impuestos, ya que “es inevitable que una parte del ajuste fiscal tenga un componente” que aborde esta temática. Por último, Patiño reflexionó sobre una propuesta fiscal, la cual puede abordarse desde varias iniciativas. Por ejemplo, elaborar una ley respecto al número de funcionarios que prohíba el llenado de vacantes en el Ejecutivo, Legislativo e Intendencia por varios años. También, sugirió -en materia de remuneraciones- un congelamiento de salarios en el sector público. “Dentro de los componentes del gasto, en corto plazo es sobre el que se puede actuar más”, aseveró.
Reformas para los contribuyentes
El evento contó también con la participación del contador Alberto Sayagués, exdirector de la Asesoría Tributaria y Recaudación del Banco de Previsión Social (BPS).
En su alocución, en concordancia con Barquín, dijo que “no hay nadie” que ampare al contribuyente frente a “las filtraciones que tiene el gasto público por todos lados”. En este sentido, también bregó por reformas. A su entender, lo mejor es cambiar las reglas de juego para que la gestión pública de los gastos funcione de acuerdo al objetivo que se busca alcanzar.
De esta manera, planteó, en pos de beneficiar a los contribuyentes, “cambiar la mentalidad predominante” en la sociedad de que “el Estado paga”, en referencia a los funcionarios públicos, de los cuales argumentó que hay un exceso.
Este objetivo, una vez más, concuerda con lo planteado por Barquín, ya que requeriría la creación de un defensor del contribuyente en cada organismo, que, a su vez, no genere ninguna remuneración pública.
