Pablo Mieres: “Mi objetivo es que sobre fines del año que viene ya tengamos la reforma de la seguridad social aprobada”

Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social


Tras la aprobación de la LUC que supone el puntapié inicial de la comisión que estudiará la reforma de la seguridad social, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, detalló, en diálogo con CRÓNICAS, los plazos previstos por el gobierno para la puesta en marcha de la nueva normativa. “Mi aspiración es que en la segunda mitad del año que viene tengamos en el Parlamento el proyecto”, apuntó, y añadió que espera que se apruebe sobre fines de 2021. “Ninguna reforma de la seguridad social es fácil, pero es imprescindible, urgente y necesaria”, argumentó.

Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-En un contexto de emergencia sanitaria, cuando también se dirime el Presupuesto y el Consejo Superior Tripartito tuvo que resolver sobre la marcha los pasos a seguir en materia de negociación colectiva, ¿cuáles son las prioridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social?

-Sin dudas, la principal prioridad es cómo atacamos la problemática del empleo para que el daño sea el menor posible. En ese sentido, la semana pasada el Consejo Superior Tripartito formalmente dio el puntapié inicial al diálogo social tripartito por el empleo. El lunes se reunió por primera vez la comisión integrada por cuatro representantes de cada sector: empresarial, sindical y el gobierno.

El gran sentido es cómo logramos revertir una situación que es mundial. En uno de sus últimos informes, la OIT habla de la pérdida de unos 300 millones de puestos de trabajo en el mundo y esos trabajadores, a su vez, tienen familias, por lo que afecta a 1.000 millones de personas; eso es algo escandaloso. En Uruguay no somos la excepción, aunque yo creo que el impacto en términos comparados con otros países, puede llegar a ser menos grave.

En la encuesta de hogares tenemos un porcentaje de desempleo que anda en el orden de 9,7%, que es incluso menor que el de febrero, que estaba en 10,5%. Eso se explica porque está subrepresentado, ya que en la clásica pregunta de si se está buscando trabajo, el desempleo no aparece; pero sí aparece cuando se pregunta si la persona está ocupada.

La ocupación bajó en unas 90.000 personas en los últimos meses. Eso habla de un 5% o 6% de la población económicamente activa, más el 9,7%, estamos hablando de entre un 15% y un 16%. Esa es la magnitud del problema.

Los estudios de otras crisis económicas que fueron muy distintas a esta reflejan que cada vez cuesta más que la recuperación del empleo vaya en línea con la recuperación económica, hay una prolongación de la crisis del empleo más allá de la reactivación productiva; es un problema adicional que tenemos.

-¿A qué se debe que la recuperación del empleo no acompañe a la reactivación económica?

-Se debe al cambio de la demanda de empleo. En este proceso de crisis ocurren cosas: en muchas empresas se incorpora tecnología, se reduce la capacidad de contratación, cambian los perfiles del tipo de empleo que se necesita y hay muchos trabajadores que pierden pie en ese desacoplamiento.

Hay que trabajar en el reacoplamiento que implica capacitar a los trabajadores.

Por eso es tan importante el convenio que firmó hace menos de un mes Inefop con Microsoft para capacitar a 10.000 trabajadores en habilidades digitales que son competencias trasversales, no son solo para un tipo de trabajo; es como saber leer y escribir.

Si yo le doy a 10.000 trabajadores habilidades digitales, les estoy ofreciendo más probabilidades de alcanzar un empleo. Este es el tipo de cosas que tenemos que hacer pero multiplicado “a la N” porque la cantidad de trabajadores en problemas es muy grande. Capacitación laboral, capacidad para pronosticar el cambio en el mercado del empleo, entender las nuevas demandas de mano de obra y, obviamente, apoyar a las empresas porque no hay trabajo sin ellas y también la están pasando mal, por eso el diálogo no es solo sobre el empleo sino también sobre la sustentabilidad empresarial. Es otro desafío que tenemos.

-Hay unas 90.000 personas ocupadas menos que antes de la pandemia, de las cuales 20.000 fueron despedidas. Con estos datos sobre la mesa, ¿cuál es el escenario que se plantea para los próximos meses en materia de empleo? ¿Cómo estima que se comportará la curva de desempleo al vencerse los seguros de paro?

-Hay un escenario inmediato y uno estructural. Recién hablaba de uno más estructural. En lo inmediato, hay una avalancha de seguros de paro que llevó a que en abril y en mayo se hayan pagado casi 200.000 subsidios por seguro de desempleo; en junio bajó un poco, fueron 175.000 aproximadamente, pero es de una enorme magnitud. Además, como los seguros de paro duran cuatro meses, al individuo que ingresó en seguro de paro en marzo se le vence ahora y ahí viene la gran pregunta: ¿Qué salida tiene ese trabajador?

Hay cuatro posibilidades. Alentamos las dos primeras y, si no funcionan, la tercera y tratamos de desalentar la cuarta.

La primera es la reincorporación total y ahí apoyamos con el incentivo de los $5.000 que busca ayudar a que el empleador pueda reincorporar a su trabajador de manera completa.

La segunda es el seguro de paro parcial, que es menos conocido y es importante hacer un esfuerzo de difusión al respecto. Esta modalidad quiere decir que un empleador que no puede reincorporar totalmente a su trabajador puede pasarlo a seguro de paro parcial y así lo reincorpora por la mitad del horario o la mitad de los días. De esa forma, el trabajador gana en expectativa, se revincula con su trabajo, gana más y permite pensar en una perspectiva más positiva. Por eso lo prorrogamos hasta el 30 de setiembre, y no descarto que lo volvamos a hacer si es necesario.

El tercer escalón es la prórroga, es decir, que vaya más meses al seguro de paro. Para eso se necesita que el trabajador acepte continuar en el seguro de paro y la voluntad expresa del empleador de que lo quiere reintegrar. Es sostener más tiempo al trabajador en el seguro de paro para evitar el cuarto paso, que es el despido.

¿Qué esta pasando? Está claro que hay una ebullición de solicitud de prórrogas. Todavía no las tenemos cuantificadas, pero en julio se dispararon y en agosto supongo que van a crecer más. Al mismo tiempo, no tenemos datos de cuántos subsidios por seguro de paro se pagaron en julio pero eso nos va a dar una idea de si la tendencia a la baja que se dio en junio se mantiene o no. De todos modos hay que seguir viendo qué pasa en agosto, cuántos pasan a seguro de paro parcial y cuántos se reincorporan.

-En una entrevista realizada por CRÓNICAS, en enero de 2020, aseguró que su gestión al frente del Ministerio apostaría a situar el péndulo en el centro de las negociaciones entre cámaras empresariales y sindicatos. El mismo concepto fue reiterado recientemente por el director de Trabajo, Federico Daverede. ¿Considera que logró este objetivo en lo que va del gobierno?

-Absolutamente. Ese es motivo de orgullo para nosotros. Dijimos con mucha fuerza que el diálogo iba a ser el centro y que cuantas más diferencias, más diálogo, y queríamos demostrar que éramos ecuánimes y confiables. En estos cinco meses hemos cumplido con las dos consignas.

Hubo diálogo permanente e intenso, formal e informalmente desde el primer día. El hecho de que hayamos logrado la firma de un acta en la que se establece un periodo puente de la pauta salarial por un año, luego el acuerdo en la construcción, en los frigoríficos, entre otros, son señales de confiabilidad. Desde ninguna de las dos partes hay sensación de que flechamos la cancha; hay una buena relación y la va a seguir habiendo. Sin perjuicio de las movilizaciones, de los discursos, de las diferencias o los alcances, eso va a seguir existiendo también, pero creo que hemos cumplido de manera muy precisa y muy categórica.

-El domingo pasado, en el programa Séptimo Día de Canal 12, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, se refirió a las restricciones de los derechos de movilización y huelga a raíz de la ley de urgente consideración (LUC). Hizo alusión puntualmente al articulado que alude al piquete, no a la ocupación como derecho a huelga, que es el tema que trascendió a la OIT. ¿Qué posición va a tomar el gobierno en cuanto al cumplimiento de los derechos?

-Vamos a hacer cumplir lo que se votó en la LUC. Está bien, son dos situaciones distintas. Nosotros impulsamos el derecho del trabajador a trabajar si no está de acuerdo con la huelga y el derecho del director de la empresa de acceder a su empresa, eso es textual de una normativa de la OIT.

El tema de los piquetes no hace referencia al movimiento sindical. Un piquete lo puede hacer una ONG o un grupo de vecinos reclamando por seguridad en el tránsito.

Lo que se busca es evitar que se obstaculice la libertad de movimiento de la gente, y si ocurriera una situación de piquete que interrumpe el libre tránsito por parte de una organización sindical, los primeros que vamos a actuar somos nosotros, como ha sido siempre. El Ministerio de Trabajo va y habla con el actor sindical que sea para promover por la vía del diálogo el desalojo. Si eso no ocurre, ahí la ley da el poder al Ministerio del Interior para intervenir y desalojar en el marco de los criterios propios del Estado de derecho. La única diferencia es que antes el afectado tenía que hacer una instancia judicial y el juez, en general, establecía que había que desocupar y se desocupaba. No hay grandes diferencias y no hay una afectación de derechos fundamentales, ahí hay una discrepancia legítima y clara entre lo que piensa el movimiento sindical y lo que piensa el gobierno.

-En la LUC se habilita también la creación de una comisión que trate el tema de la reforma de la seguridad social. ¿Qué plazos maneja el gobierno para esto?

-Estamos coordinando para tener todos los nombres. La idea es que sea representativa de todo el arco político y de las principales voces sociales vinculadas al tema. Todos técnicos, pero que de alguna manera representen intereses del sector empresarial, del sector trabajador, de los jubilados, de los partidos y del gobierno. Con esa integración tendremos los 15 miembros y el presidente será el Dr. Rodolfo Saldain, uno de los mayores expertos en la materia y que, además, tiene una gran capacidad de diálogo y de articulación.

Ninguna reforma de la seguridad social es fácil pero es imprescindible, urgente y necesaria. Tenemos que trabajar para que sea entendida por la sociedad y por eso está bueno que haya un periodo de diagnostico una vez que se conforme la comisión que estimo será en este mes de agosto. Queremos que reciba delegaciones, que dialogue con todo el mundo, que haya una postura de puertas abiertas y de trabajo para llegar a un diagnostico sobre fines de año. Los primeros meses del año se elaborará una propuesta y mi aspiración es que en la segunda mitad del año que viene tengamos en el Parlamento el proyecto de reforma de la seguridad social. Mi objetivo es que sobre fines del año que viene ya tengamos la reforma aprobada.

-¿Cómo es la situación financiera del BPS en medio de este sacudón por la pandemia y el consecuente incremento de seguros de desempleo?

-Aunque parezca mentira, el impacto financiero del BPS y su déficit está marcado por el tema jubilatorio y de pensiones; el seguro de paro le agrega un gasto extra. Entre marzo y junio el BPS gastó casi US$ 200 millones en subsidios por desempleo. Si no hubiera habido pandemia, hubiera gastado US$ 50 millones. Ya había una cantidad importante de trabajadores en seguro de paro. Para tener una idea, en febrero el BPS pagó 50.000 prestaciones, o sea que había 50.000 trabajadores en seguro de paro, no era pavada. Va a seguir habiendo un gasto extra, pero no es el que define el déficit estructural del BPS.

Ese déficit estructural se disparó radicalmente después de la ley del 2008, hubo un pésimo calculo del impacto que iba a tener la ley, que lo que hizo fue establecer facilidades para la jubilación; permitió un aumento de jubilaciones radical que además fue subestimado por el propio Banco de Previsión Social en cuatro o cinco veces menos. Hoy tenemos la obligación de hacer la reforma porque en 2008 hubo un desvío en las previsiones debido a que cambiaron las reglas del juego. El gasto se disparó y hay que volver a corregirlo.


En coalición

En la pasada edición de CRÓNICAS, el director de Opinión Pública de Opción Consultores, Rafael Porzecanski, aseguró que el alejamiento de Talvi de la coalición de gobierno puede aliviar el relacionamiento del bloque. Consultado al respecto, Mieres aseguró que la coalición ha gozado de buena salud. “La presencia de Talvi no afectaba para nada, firmó el Compromiso para el País y cuando hubo que decidir la candidatura para la Intendencia de Montevideo jugó un papel muy activo y positivo igual que todo el resto, lo mismo que en Cancillería”.

En consecuencia, Mieres sostuvo que “no hay un antes y un después” de Talvi, dado que el Partido Colorado sostiene firmemente el acuerdo con el gobierno.

Acerca de la decisión del excanciller de retirarse de la política activa, el ministro compartió la siguiente reflexión: “Sin dudas es una decisión inesperada, me cuesta entenderla porque me parece que uno adquiere ciertas responsabilidades, pero hay que ponerse en los zapatos de cada uno y son situaciones muy personales. Es un capitulo raro, pero ya pasó”, concluyó.


Fuera de tiempo

Esta semana la bancada de Cabildo Abierto presentó un proyecto de ley para reinstalar la Ley de Caducidad. El proyecto tiene como objetivo “sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos, que finalizó ya hace más de 35 años”. El Ministro de Trabajo y Seguridad Social se pronunció al respecto en nombre del Partido Independiente y expresó: “Entendemos que es un planteo que no corresponde” y ratificó que su partido ha tenido, históricamente, una opinión totalmente contraria a la Ley de Caducidad.

En diálogo con CRÓNICAS, Mieres explicó su posición: “Trabajé para el voto verde, voté verde, la Ley de Caducidad estuvo vigente pero luego vinieron dos episodios muy importantes, más allá de la ley de 2011 que es donde él (Manini) pone el foco. Uno fue el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Gelman, que respaldó la normativa que Uruguay aprobó, convirtió en ley y ratificó que es la Convención Interamericana de Derechos Humanos la que establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y por lo tanto coliden con lo que establece la Ley de Caducidad y el fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad. Este planteo de Cabildo Abierto que plantea resolver el tema derogando la ley de 2011 no va a lograr nada. Me parece que el problema de fondo es pretender encontrar una reivindicación de una norma que, para decirlo como dicen los muchachos, ya fue”.


Un nuevo rumbo

“Yo creo que es posible ganar la elección en Montevideo”, aseguró Mieres y coincidió plenamente con la afirmación realizada por el politólogo Adolfo Garcé en la pasada edición de CRÓNICAS.  “Si hubo desgaste en el gobierno nacional con tres periodos, ni hablemos de Montevideo: 30 años de gestión y los mismos temas que vuelven a estar en el tapete. Es más, cada cinco años discutimos los mismos asuntos que no se terminan de resolver”, opinó Mieres.

Al respecto de la propuesta política del Frente Amplio en la capital, el ministro sostuvo que se trata de tres candidatos pero de un mismo proyecto. “Representan la continuidad”, apuntó. “Por el otro lado está el cambio con una excelente candidata que refresca la campaña, que va para adelante con mucha firmeza, ahora con ese desafío de debatir con los tres, lo que me parece que está muy bien definido porque es lo que corresponde. No debatir no le hace bien a la democracia, así que espero que acepten; además, son tres contra uno”, sostuvo en relación con la propuesta de la candidata por su partido Laura Raffo de generar un debate entre todos los candidatos.

“Tenemos la idea de que Montevideo necesita y se merece el cambio. Espero que en este tiempo que queda se logre revertir la tendencia, que no es tan categórica”, puntualizó.