Álvaro Garcé: “El desarrollo de la Inteligencia del Estado tiene que ser una política pública”

Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado


El flamante director de la Secretaría que fuera creada en 2018, propone echar por tierra la visión de la inteligencia relacionada estrictamente a la lucha contra el crimen organizado y asevera que la seguridad es solo una de las múltiples aristas que atañen a esta disciplina. En el marco de la emergencia sanitaria, Garcé conversó con CRÓNICAS acerca del cambio de paradigma mundial a raíz de la pandemia y cómo la inteligencia puede ser una herramienta vital para la concreción de objetivos en un mundo regido bajo la nueva normalidad. “El escenario pandémico es más restrictivo, más proteccionista y, por lo tanto, vamos a tener que estar mucho más atentos a las oportunidades comerciales; eso requiere de una labor de inteligencia”, reflexionó.


 El menú  En el confortable salón de Panini´s, ceñido estrictamente a las normas sanitarias propuestas en el protocolo correspondiente al sector gastronómico, Garcé degustó un bife ancho jugoso con guarnición de papines, acompañado con refresco light. A la hora del postre, prefirió helado de crema y frutilla y para la sobremesa escogió té. 


Por María Noel Durán | @MNoelDuran

-¿Cómo recibió la Secretaría y cómo fue la transición entre la administración anterior y la actual?

-La Secretaría de Inteligencia Estratégica fue legalmente creada en 2018 por la ley de Inteligencia (19.696). Es una oficina muy nueva y no ha tenido, hasta ahora, su primer presupuesto; lo tendrá en este ejercicio.

Encontramos un Secretaría en proceso de formación. La transición fue muy ordenada y muy franca, recibí toda la información acerca de aquellos temas que se estaban trabajando. En su momento le agradecí al Gral. Washington Martínez la franqueza para hacer ese traspaso de temas que son muy sensibles. Particularmente en el área de inteligencia es muy importante tener una buena transición ya que los temas deben tener un seguimiento y no hay que improvisar sino profundizar lo que ya se venía haciendo.

-¿De cuánto sería este primer presupuesto?

-En otro país y en otro mundo, es decir, en febrero de este año antes de la pandemia, le había presentado a la ministra de Economía una idea de presupuesto. Lo miró y a primera vista me dijo que era muy razonable y que no habría dificultades.

Todo cambió a partir de marzo, y sobre aquella idea de presupuesto hicimos un reajuste muy severo. A esta fecha no hemos tenido una devolución exacta de cuánto se asignará de acuerdo a lo solicitado a presidencia. Fue un presupuesto austero y elemental, como para poder cumplir la misión. Yo estimo que en otras instancias presupuestales por la vía de rendición de cuentas se podrá obtener algún tipo de correctivo si en esta primera etapa no se tuviera todo lo necesario.

La estructura de la oficina también va a ser atenuada con respecto a lo que se proyectó en el periodo anterior. Se había pensado en una Secretaría que estaría en el orden de los 40 funcionarios y nosotros estamos pensando en un 10% o un 15% menos.

-¿En qué se estaba haciendo foco hasta el momento y cuáles son los principales ejes de trabajo de aquí en más?

-El plan de trabajo lo presentaré el próximo 31 de agosto ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, que es un órgano de seguimiento compuesto por 10 diputados y cinco senadores, con la particularidad de que en él están representados los siete partidos, es decir que reproduce a escala mínima el escenario de la Asamblea General.

La Secretaría trabaja los temas estratégicos, esa es la misión asignada. Hay cuestiones estratégicas que tienen que ver con asuntos policiales, militares, otros económicos y algunos de cancillería. Imagino al Sistema Nacional de Inteligencia de Estado funcionando a pleno en dos o tres años. Es necesario profundizar la coordinación entre todos los servicios de inteligencia.

Veo que hay una cierta asimetría entre los factores tradicionales, que son la inteligencia policial y militar, respecto a la inteligencia de Cancillería y del Ministerio de Economía. Estas están algo más rezagadas en el grado de desarrollo porque la militar y la policial empezaron antes.

Yo creo que todo lo que tiene que ver con lo comercial y la inteligencia de oportunidades a través de la Cancillería es fundamental, ya que es un escenario mucho más competitivo. El escenario pandémico es más restrictivo, más proteccionista y, por lo tanto, vamos a tener que estar mucho más atentos a las oportunidades comerciales; eso requiere de una labor de inteligencia.

Del mismo modo entiendo que todo lo relacionado con Aduana y con la Dirección General Impositiva debe desarrollar mucho más la inteligencia estratégica. Hasta ahora lo que se ha hecho es inteligencia operativa vinculada a la represión del delito; en ese sentido tenemos que ser mucho más proactivos y preventivos. Actuar en las fases tempranas en todos los aspectos, no solo en la lucha contra el crimen organizado, sino también en aquellos aspectos positivos que requieren un desarrollo de la inteligencia; es el típico caso de inteligencia comercial y de oportunidades.

-¿Cómo se aplica la inteligencia en el plano de las relaciones internacionales?

-La inteligencia, por definición, consiste en la recolección, análisis, procesamiento y diseminación de la información. Si cruzamos este concepto legal con la actividad de la detección de oportunidades de Cancillería hay una correspondencia perfecta. 

La inteligencia estratégica está necesariamente al servicio del presidente y de todos los tomadores de decisiones. En esencia, se trata de dar una base empírica para la mejor toma de decisiones.

En el caso de Cancillería, se trata de activar mucho más las capacidades que tienen nuestros representantes diplomáticos, su capacidad de comprender el entorno en el que están, detectar las oportunidades, comunicarlas a tiempo de forma tal que podamos tomar las decisiones y ser prospectivos, pensar escenarios posibles y deseables. Podemos estar mejor preparados para el futuro; de las decisiones que hoy tenemos depende cuál será nuestro desempeño y nuestro éxito a mediano y largo plazo. En el caso de las oportunidades comerciales, detectamos una necesidad de hacer análisis y de formular escenarios prospectivos que nos permitan competir mejor.

-Uno de los ejes de la anterior administración en materia de inteligencia era el ciberterrorismo, con una disrupción tecnológica cada vez más veloz. ¿Se planea mantener este escenario? ¿Es necesario mejorar en digitalización?

-La evolución de la tecnología nos plantea escenarios cada vez más desafiantes. Yo entiendo que es necesario desarrollar mucho más la inteligencia estratégica vinculada a estos temas. Sin desconocer que hay una tarea importante que se realiza dentro de la Agesic, la idea no es rivalizar ni competir, sino agregarle mirada a aquellos temas que ya están siendo atendidos por el Estado. También en Cancillería, no es  cuestión de desplazar sino de complementar; es algo que hemos estado conversando con el ministro Bustillo. Así como en este plano de relaciones exteriores pensamos en sumar capacidades y alinear inteligencia operativa y estratégica, lo mismo cabe decir con respecto al terrorismo y ciberterrorismo, donde hay cuestiones que tienen que ver con la prevención de los ataques. Espero profundizar esa línea de cooperación y de intercambio con beneficios mutuos.

En este marco, próximamente se reunirá la quinta Mesa Coordinadora de Inteligencia, que es el órgano soberano, donde todos están representados.

En el caso de las oportunidades comerciales, detectamos una necesidad de hacer análisis y de formular escenarios prospectivos que nos permitan competir mejor.

-Formuló cambios en la Ley de Urgente consideración en el articulado alusivo a Inteligencia. ¿Cuáles fueron las modificaciones y por qué las hizo? 

-En la primera redacción de la LUC, en setiembre de 2019, no había un capítulo específico sobre inteligencia estratégica del Estado. Una vez que pasó el balotaje, el resultado de las elecciones nos hizo evidente la necesidad de incluir normas específicas que introdujeran ciertos ajustes en la legislación. Es así que se introdujo una breve sección vinculada a la inteligencia de Estado. Ahí provocamos tres cambios en el marco jurídico. En primer lugar, reforzar las facultades jurídicas de conducción de la Secretaría de Inteligencia Estratégica respecto de todo el sistema nacional, es decir, fortalecimos la idea del Sistema Nacional de Inteligencia que tiene que tener un liderazgo que le corresponde a la secretaría, sin neutralizar las capacidades propias de la inteligencia militar, policial, económica y de cancillería. Por eso se pasó de coordinación a dirección técnica, porque de ese modo se va un poco más allá y se pueden plantear las líneas estratégicas.

Otro cambio muy importante tiene que ver con la capacidad de obtención de información, donde veíamos una clara limitación porque a la Secretaría de Inteligencia se le podía oponer el secreto tributario o secreto bancario. Se daba una asimetría, porque la Senaclaft, por ejemplo, podía requerir información sin que se le opusiera el secreto tributario, pero no podía compartirla con la Secretaría de Inteligencia. Vista la necesidad de trabajar en conjunto entre todos los órganos del Sistema, planteamos el cambio y a partir de la LUC no hay oponibilidad del secreto tributario.

El tercer cambio tiene que ver con la introducción de una categoría específica que es la información secreta para determinada información altamente sensible cuya divulgación pueda generar un daño a los acuerdos internacionales en materia de inteligencia. Entendimos que si otros Estados que colaboran con Uruguay tienen clasificada como secreta determinada información, al no existir esa misma categoría en nuestro marco jurídico, no íbamos a tener información vital, por ejemplo, en temas como la lucha contra el terrorismo. 

Erróneamente se dijo que se estaba incurriendo en las pesquisas secretas. Explicamos en el Parlamento que no hay que confundir el concepto de pesquisa secreta, que es una actividad ilegal con la información secreta, clasificada, que se obtiene en el marco de la ley y cuyo secreto tiene una función primordial para la obtención y el intercambio con la comunidad internacional. La inteligencia tiene mucho de confianza; se asemeja en eso a la actividad bancaria. La confianza se construye con trabajo, con el intercambio de información, con la responsabilidad, con el tiempo y con un buen marco jurídico, y a nosotros nos estaban haciendo falta esos cambios para poder sellar un círculo de confianza.

Como hombre de derecho, el cumplimiento de la misión es esencial entro de la constitución y de la ley. Tan importante como cumplir la misión es cumplirla con honor, y para alguien que tiene formación jurídica no hay otra manera de cumplir la misión que no sea con honor y dentro de la Constitución. Quienes en su momento plantearon dudas o reservas con respecto a la categoría del secreto, pueden tener la más absoluta seguridad en cuanto al manejo responsable y legal de toda la información.

-El tema relacionado con las escuchas de la vicepresidenta Beatriz Argimón y el relacionista público, Fernando Cristino, dejó la puerta abierta para preguntar qué tan extendida está la práctica de las escuchas en Uruguay. ¿Qué reflexión le merece el tema?

-No concebimos ningún tipo de actividad de escucha que no sea dentro de la ley, es decir, con la autorización de un juez y en el contexto de un procedimiento especial como lo marca la ley. Creo que en ese sentido la vicepresidenta dio las explicaciones, a qué se refería. No existe un sistema estatal y legal de escuchas y toda la actividad de los órganos de inteligencia estatales se realiza dentro del marco de la ley. Si hubiese algún desvío, actuaríamos con firmeza para evitar hechos de esa naturaleza.

-¿Cuál es la prioridad de la Secretaría para esta administración?

-La prioridad para nosotros es lograr que dentro de este periodo de gobierno el Sistema Nacional de Inteligencia esté funcionando y encaminado hacia la madurez, es decir, que se haga en Uruguay inteligencia operativa, inteligencia estratégica y que todos los órganos del sistema, actuando dentro de la Constitución y de la ley, cumplan eficazmente en tiempo real su función de darle a los decisores los elementos para tomar las mejores decisiones.

En cuanto a la formación del personal, el gran objetivo es tener un personal altamente capacitado. Estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en el diseño de cursos especiales, pensando en instancias superiores, a nivel terciario, en inteligencia estratégica. Es clave que pueda abrirse camino una generación altamente calificada integrada por civiles, militares y policías. El país lo necesita más allá de un determinado gobierno. El desarrollo de la Inteligencia del Estado tiene que ser una política pública, y esa es nuestra primera prioridad.

-¿Cómo se encuentra la inteligencia uruguaya en comparación con otros países de la región?

-Tenemos recursos humanos que hay que seguir capacitando pero, lamentablemente, tenemos una brecha tecnológica muy importante. Es necesario no solo tener buenos analistas, sino dotarlos de la tecnología como para hacer eficazmente su tarea. 

Siempre que se habla de tecnología en este contexto empieza el temor acerca de si la incorporación de la tecnología no puede ir en detrimento de los derechos de los ciudadanos y ahí aseguramos que evidentemente no. El empleo de la tecnología es totalmente compatible con el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

Creo que hay que desterrar definitivamente un preconcepto que existe al respecto de la inteligencia, que es que esta tiene que esté al servicio de los grandes intereses nacionales y la seguridad puede ser uno, pero a eso hay que agregarle la inteligencia prospectiva, la de oportunidades. Uruguay tiene que avanzar en la anticipación de escenarios futuros, es algo que se hace en todos los países. Es necesario mejorar la dirección de los esfuerzos para obtener los mejores resultados.