Jimena Pardo, presidenta del Banco de Previsión Social
El Banco de Previsión Social (BPS) es un pilar clave de la protección social en Uruguay que ejecuta políticas públicas que impactan a lo largo de la vida de las personas: desde jubilaciones y pensiones hasta asignaciones y subsidios. Ante el crecimiento del número de trámites y sus consecuentes demoras, impulsa un plan para optimizar la gestión y reducir expedientes acumulados.
¿Qué transformaciones ha afrontado el BPS en los últimos 15 años?
El BPS es el brazo ejecutor de todas las políticas públicas de protección social relevantes del país, por lo cual debe estar preparado para colaborar con el análisis, y eventualmente procesar e implementar dichas políticas, en la medida que el gobierno lo requiera. El BPS no solo gestiona el principal régimen previsional del país (paga más de 720.000 jubilaciones y pensiones y más de 94.400 pensiones no contributivas —pensión vejez e invalidez— por montos que rondan el 8% del PIB), sino que tiene a su cargo la implementación de otras prestaciones que impactan sobre la protección social a lo largo de la vida de las personas: asignaciones familiares, ayudas extraordinarias para personas con discapacidad o alteraciones en el desarrollo, prestaciones a trabajadores activos (subsidio por desempleo, subsidios por maternidad y paternidad, entre otros).
Por tanto, todos los cambios que hacen a estas políticas impactan sobre el BPS y determinan trabajar en su implementación. No necesariamente estamos hablando de cambios legales, como fue la reforma del sistema previsional del 2023 (Ley 20.130), sino de cambios que pueden venir por decretos en cumplimiento de compromisos del gobierno. Por ejemplo, la implementación del Bono Escolar donde más de 114.000 niños y niñas que asisten a escuelas públicas en contextos socioeconómicos vulnerables reciben un bono de $ 2.500 desde el 2 de julio. Esta medida promovida por la ANEP (Administración Nacional de Educación Pública) es financiada por el Ministerio de Economía y ejecutada por el BPS.
¿En qué situación se encuentra el banco actualmente y qué perspectivas tiene para el segundo semestre?
Estamos poniendo en marcha un conjunto de medidas concretas para mejorar la gestión de los trámites de algunas prestaciones, tras un diagnóstico que identificó un crecimiento sostenido del stock de expedientes en los últimos años y demoras prolongadas en su resolución. Entre 2021 y 2024, el número de expedientes vinculados a jubilaciones, pensiones por sobrevivencia y otras prestaciones no contributivas creció de forma significativa. En Montevideo, los trámites de jubilación más que se duplicaron, incrementándose un 117%, y en el interior del país un 82%. Este aumento está directamente relacionado con la implementación de un modelo de atención que no fue evaluado a la luz de las capacidades operativas reales del organismo, particularmente en cuanto al número de funcionarios capacitados para resolver los trámites, ni contempló mecanismos para fortalecer su formación continua, especialmente en etapas más administrativas y estandarizadas. Como consecuencia, se generó un volumen creciente de expedientes sin resolver. En 2024 se resolvieron 80.885 trámites de prestaciones, lo que representa el 80% del total ingresado ese año. Al 31 de mayo de 2025, el stock total de trámites en curso superaba los 58.000. De ellos, solo el 24% tiene una antigüedad menor a tres meses, mientras que un 42% tiene más de un año de antigüedad.
Actualmente, los tiempos promedio de resolución de algunos trámites sensibles son superiores a los seis meses: en el caso de la jubilación con cese de actividad, es de 201 días; la jubilación por incapacidad o subsidio transitorio por incapacidad parcial (STIP), de 252 días; la pensión por invalidez, de 189 días; la pensión por vejez, de 210 días. Por tanto, hemos definido medidas con impacto en el corto plazo (para lo que resta del año) y otras para lo que resta del quinquenio. En este marco, se conformó un grupo de trabajo para ajustar y mejorar el modelo de atención actual. El equipo elaboró un primer diagnóstico e identificó cambios necesarios, junto a posibles acciones de corto y mediano plazo. Por su parte, las áreas de Prestaciones y Salud están implementando mejoras en los procesos, optimizando los recursos humanos y tecnológicos disponibles dentro de la normativa vigente.
Además, se está avanzando en un plan de trabajo para todo el período, con foco en simplificar los trámites, hacerlos más accesibles y comunicar sus resultados de forma clara y empática. En ese sentido, se priorizará la segmentación de públicos para mejorar la atención presencial y telefónica, y se impulsará la innovación tecnológica aplicada a la gestión interna del organismo.
Como reseña de las medidas con impacto en el corto plazo, detallamos: la contratación de 12 médicos bajo régimen de arrendamiento de obra desde julio de 2025 para agilizar las juntas médicas en trámites especialmente sensibles como jubilación por incapacidad, STIP o pensión por invalidez (existe la posibilidad de ampliar esta contratación, previa capacitación); la reducción de plazos para la evaluación médica en jubilaciones por incapacidad, eliminando partes del trámite que se detectaron como redundantes; un nuevo criterio de análisis inmediato para trámites de jubilación común: a partir de julio se comenzará a diferenciar los trámites de personas que ya cumplen con la causal (edad y años de trabajo), y que no están en actividad, a quienes se les realizará el trámite en el momento (este criterio también se aplicará a quienes estén en proceso de agregar años de trabajo; el trámite se iniciará y se recalculará luego si corresponde). Además, un plan piloto desde agosto para eliminar el trámite de “Jubilación sin cese”, actualmente iniciado por personas que quieren saber cuánto cobrarían en caso de jubilarse, que se sustituirá por una proyección estimada a través del aplicativo “Mi jubilación estimada” y, si corresponde, se iniciará el reconocimiento de años de trabajo; la creación de equipos especializados, dedicados especialmente a la gestión de trámites sensibles, con el objetivo de resolver casos que llevan un prolongado tiempo en espera y reducir el stock de expedientes acumulados. Estos equipos estarán vinculados a un call center especializado, que permitirá una mejor interacción con las personas usuarias y contribuirá a descongestionar tanto la atención presencial como las agendas de los servicios. A su vez, como reflejo del compromiso con la mejora de la gestión, para este año se definieron metas institucionales que alinean los esfuerzos de todo el organismo en torno a objetivos concretos y medibles, como reducir un 25% el stock de casos en proceso de valoración de incapacidad respecto al cierre de 2024, reducir un 20% el stock de trámites activos de jubilación sin cese y reconocimiento de años de trabajo respecto al cierre del 2024, y eliminar formularios redundantes y desarrollar aplicativos digitales que simplifiquen la gestión interna de los expedientes.
¿Cómo cree que el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial (IA) puede impactar en la seguridad social?
Aún no existe evidencia contundente respecto a este tema en Uruguay, más allá de algún estudio específico para algún sector realizado por Cinve (Centro de Investigaciones Económicas). A nivel del mundo lo que se está viendo es un avance del empleo no estándar (formas de trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, trabajo por cuenta propia y trabajo a través de plataformas digitales) y una creciente automatización o estandarización de procesos que correspondían a tareas rutinarias que realizan los trabajadores.
Esto podría implicar un crecimiento del trabajo autónomo, así como la necesidad de rever la forma en que se aumentó la edad de jubilación en la reforma de la seguridad social del gobierno anterior. Allí, las excepciones al aumento de la edad abarcan escasas actividades (construcción y rural) y su alcance depende de lo que establezca la reglamentación. Los posibles efectos del cambio tecnológico sobre el mercado de trabajo podrían dejar a muchos trabajadores sin empleo o con dificultades de reinserción a edades avanzadas, por lo que es necesario analizar instrumentos de retiro anticipado.
