Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
En los últimos años el país consolidó su estabilidad macroeconómica, aunque el crecimiento ha sido bajo y eso genera importantes desafíos. En este marco, se destaca la necesidad de mejorar las políticas productivas y la infraestructura. El presupuesto quinquenal y el diálogo social serán algunos de los lineamientos estratégicos claves a futuro.
¿Cuáles han sido las grandes transformaciones de la economía uruguaya en los últimos 15 años?
Visto en perspectiva histórica, sin duda la estabilidad macroeconómica es un logro que las políticas y la política uruguaya han logrado consolidar en estas primeras décadas del siglo XXI. Uruguay se ha posicionado, también, como un receptor creíble y estable para la inversión extranjera directa productiva. Ha operado incorporación tecnológica, aunque de forma heterogénea, en el entramado productivo y algunas ramas de actividad novedosas se consolidan como plataformas de generación de valor. Los flujos de exportación en el sector intensivo en tecnologías de la información es un ejemplo emblemático, pero no único. Somos un país con reglas de juego confiables y conocidas, transparente e institucional.
Esta última dimensión no es trivial: Uruguay ha atravesado y atravesará en el futuro –porque así lo necesita– cambios en los arreglos de política pública, pero esos cambios se procesan siempre dentro de canales institucionales conocidos e instituidos. En un mundo donde la discrecionalidad en el manejo de las políticas, incluso en el plano internacional, tiende a emerger como un patrón preocupante, contar con reglas institucionales creíbles y transparentes para cambiar las propias políticas públicas es un activo a destacar y, por supuesto, preservar.
¿Qué evaluación hace de la situación económica del país?
Pese a los logros señalados en la pregunta anterior, Uruguay enfrenta desafíos sustantivos. Su crecimiento económico en la última década ha sido raquítico, tensionando a las políticas públicas como plataforma para sostener el bienestar colectivo. Ese crecimiento económico, en particular durante los últimos cinco años, se expresa inequitativamente a nivel de los hogares: el crecimiento de los ingresos en los hogares pertenecientes a los deciles más bajos de la población fue significativamente menor que en los hogares de los deciles superiores. Este patrón es preocupante porque afecta al bienestar de los sectores más vulnerables, pero es también preocupante porque tensiona a la sociedad en su conjunto.
Esto abre rutas de priorización de políticas que debemos atender: ¿cómo promovemos un crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo en las condiciones actuales de Uruguay? Las respuestas no son ni únicas ni simples, pero debemos avanzar en el análisis sistemático de los incentivos a la inversión productiva, debemos avanzar en la incorporación del conocimiento en el entramado productivo y en las propias políticas públicas, lo cual requiere un ordenamiento institucional y en la incorporación de nuevos instrumentos, a la vez que se evalúan los existentes.
La inversión en infraestructura, como política pública, debe guardar una relación clara con su impacto en términos de productividad potencial, ya sea de nuevos sectores o dinamizando los actuales. Por ejemplo, parece existir cierto consenso en los actores vinculados al sector agropecuario de que la expansión de los sistemas de riego es un camino para mejorar el desempeño primario. Si esto fuera así, ¿por qué no se han generalizado hasta la fecha? ¿se debe a problemas de diseño de políticas? Ese tipo de preguntas es relevante, porque implica encontrar las reglas de juego que permitan dar saltos de nivel en términos de productividad.
Debemos avanzar en superar los rezagos en el acceso a la educación de calidad de las cohortes más jóvenes, rezagos hirientes en muchos casos: Uruguay muestra un nivel de culminación de la educación secundaria que dista de la necesaria universalización, y funciona también como una barrera al acceso a la educación superior. Debemos mejorar el diseño de nuestros sistemas de protección social, en particular vinculados a las infancias y adolescencias, para promover su pleno desarrollo. Debemos construir esquemas de políticas salariales –como las reflejadas en las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo– que combinen un incentivo al crecimiento del empleo con una priorización de los hogares más postergados.
Un ingrediente importante en esta coyuntura económica es que estos desafíos de política hay que abordarlos en un contexto fiscal tenso y en un marco internacional cargado de incertidumbres, como es de público conocimiento.
¿Cómo ve la realidad de la descentralización y el desarrollo territorial en Uruguay?
Uruguay es un país que presenta grados de desarrollo territorial que sabemos dispares, si se lo mira desde sus resultados –por ejemplo, por el nivel de desarrollo humano de los distintos departamentos–, y necesidades en distintas áreas territoriales diversas: hay una especificidad en toda el área metropolitana que requiere de infraestructuras que no pueden descansar solo en el esfuerzo de los gobiernos departamentales.
Hemos tenido avances, pero la agenda de políticas sigue siendo demandante. Recientemente, el Ministerio de Economía incorporó una batería de medidas que toma en cuenta la especificidad de las zonas de frontera. De forma mucho más estructural, se ha hecho un esfuerzo sistemático desde la Udelar, la UTEC y la ANEP para descentralizar las capacidades institucionales vinculadas a la educación terciaria y superior. Son avances tangibles, pero queda mucho camino por recorrer. Por mandato constitucional, desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) tenemos la intención de mejorar la articulación entre las políticas nacionales, las políticas departamentales y las políticas municipales. Construir agendas conjuntas que mejoren las capacidades en distintos rincones del país. Ese camino debe profundizarse y expandirse, y el instrumento de la Comisión Sectorial de Descentralización, donde participan el gobierno nacional y los gobiernos departamentales, debe ser el lugar desde donde pensar y planificar esas políticas.
¿Qué desafíos vislumbra hacia el segundo semestre para la OPP?
El segundo semestre de este primer año de gobierno estará signado por los esfuerzos en tres áreas: en primer lugar, como parte del equipo económico y del equipo de gobierno, es en este semestre que se discutirá el presupuesto quinquenal que ordena y refleja el plan de gobierno.
En segundo lugar, es la instrumentación del diálogo social, que busca reconfigurar la protección social a lo largo del ciclo de vida para que constituya una plataforma donde apoyar a una sociedad más igualitaria y capaz de promover el desarrollo de todos quienes vivimos en este país.
En tercer lugar, el esfuerzo por acordar políticas conjuntas con los gobiernos departamentales y el gobierno nacional, independientemente del signo político de cada instancia de gobierno. Por las razones expuestas antes, esto es medular en la estrategia de la OPP e importante desde el punto de vista institucional, en tanto muestra la capacidad del sistema político uruguayo de alcanzar acuerdos, en un contexto internacional donde esta dimensión se transforma cada vez más en una señal de identidad positiva.
