En respuesta a las estafas asociadas a “fondos” ganaderos, el Banco Central del Uruguay (BCU) remitió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) un anteproyecto de ley para fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para canalizar el ahorro hacia proyectos productivos. Se busca además incentivar la inversión productiva para generar “un círculo virtuoso de ahorro, inversión y crecimiento que fortalezcan la economía nacional”.
El anteproyecto de ley propone modificaciones a la Carta Orgánica del BCU con el objetivo de ampliar la regulación, fortalecer la protección del inversor y fomentar un ecosistema de financiamiento más dinámico, transparente y seguro para promover la inversión productiva.
El principal cambio propuesto es ampliar el ámbito de regulación y control del BCU para incluir a las entidades que, aun sin emitir valores, realicen operaciones financieras convocando a la inversión mediante la captación masiva de recursos financieros del público. En la propuesta se configura una operación financiera cuando exista un desembolso de fondos a cambio de una promesa de rentabilidad futura, gestionada por un tercero.
Además, en materia de supervisión, la reforma refuerza las facultades de la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) para investigar y actuar frente a potenciales infractores.
Problema de “fondos”
Los notorios y polémicos casos de las estafas de los “fondos” ganaderos fueron los motivadores principales de esta propuesta para ampliar las potestades regulatorias. Mucho se cuestionó el rol del BCU en no haber regulado estas actividades, pero desde la entidad se defendió que siempre se actuó según lo permitía el marco legal vigente.
“Estos casos dejan de manifiesto el daño potencial al que están expuestos los inversores, lo que demuestra la necesidad de promover modificaciones legales con el objetivo puesto en que los inversores cuenten con la información necesaria para evaluar los riesgos a que se exponen generando mayor protección para el ahorro del público, cuando este se canaliza mediante llamado público”, señala la propuesta del BCU.
Por otra parte, se advierte que si bien la inversión local se mantiene en niveles bajos en la comparación internacional, lo cual limita el dinamismo de la economía, una proporción significativa del ahorro de los uruguayos se canaliza hacia el exterior. “Esta situación evidencia la necesidad de actuar con decisión para desarrollar mecanismos que permitan canalizar ese ahorro hacia oportunidades de inversión productiva dentro del país, generando un círculo virtuoso de ahorro, inversión y crecimiento que fortalezcan la economía nacional”, señala el BCU.
Más fiscalización
El contexto generado por los fondos ganaderos evidenció la necesidad de reforzar las potestades de regulación y control del BCU respecto a todas las empresas que, aun sin emitir valores ni realizar intermediación financiera, convoquen indiscriminadamente al público a realizar operaciones financieras a efectos de destinarlas a sus actividades productivas. También se hace necesario “reforzar sus potestades de fiscalización” ante potenciales infractores.
En tal sentido, se propone incorporar al perímetro de nuevas actividades sujetas a la regulación y al control de la Superintendencia de Servicios Financieros (SFF), así como a la incorporación de la definición de operación financiera.
La reforma busca ampliar el ámbito de control del BCU; brindar mayor flexibilidad contractual en las etapas incipientes de proyectos productivos, dirigidos a inversores calificados; canalizar operaciones financieras mediante figuras ya reguladas en la legislación o reglamentación vigente para las inversiones no calificadas; establecer requisitos de información diferenciados y proporcionales según umbrales y tipo de inversores a los cuales esté dirigido el instrumento; proteger la integridad del mercado de valores y fortalecer la confianza del público; y promover el financiamiento de producto formal y transparente.
Respecto a la fiscalización, se busca otorgar a la SSF la potestad para requerir información a cualquier persona física o jurídica, así como a patrimonios de afectación independientes, de los que existan indicios de que están realizando actividades bajo su ámbito de control. También podrán realizar inspecciones e incautar documentación, con las mismas potestades que la DGI, para conocer realmente el tipo de negocios u operaciones que se realizan y su cumplimiento normativo. Además, podrá instruir el cese de actividades o adoptar medidas preventivas ante el incumplimiento de requerimientos legales.
Esta mayor “información y transparencia” también implicará para quienes inviertan en estos proyectos, contar con los “derechos y las protecciones propias de los mercados regulados por el BCU”.
“Se busca establecer un perímetro regulatorio que agrave significativamente las consecuencias de operar fuera del marco legal, tanto en términos económicos como reputacionales (…). El objetivo es implementar un régimen sancionatorio que sea efectivamente disuasorio ante quienes consideren desarrollar esquemas”, agrega el documento.
Marca escalonada
Respecto del mercado de valores, la estrategia es consolidar una arquitectura regulatoria escalonada que fomente el desarrollo empresarial, manteniendo como principios la adaptación a la realidad nacional (instrumentos simples, comprensibles y de baja carga administrativa), la eficiencia de costos, la protección del inversor (especialmente de aquellos sin formación financiera) y la eliminación de saltos regulatorios (escala regulatoria progresiva, que estimule el crecimiento de las empresas, sin desincentivarlo, aumentando requisitos a medida que la empresa se desarrolla).
“La comunicación como herramienta clave para la protección del inversor”
El documento publicado por el BCU hace referencia al “rol fundamental” que cumple la comunicación para la protección del inversor, tanto sea por su capacidad para brindar información clara y oportunidad, como por su efecto disuasorio frente a comportamientos indebidos”. Se explica que la difusión pública de acciones de supervisión y control contribuye a desalentar prácticas irregulares o abusivas.
Además, una comunicación fluida con inversores y usuarios permite explicar de forma accesible los objetivos, mandatos y resultados de la regulación, y también fortalece la confianza entre el regulador y la ciudadanía.
“En ese sentido, el BCU profundizará sus esfuerzos en materia de comunicación con dos objetivos centrales: informar adecuadamente a la población y disuadir a potenciales actores que pretendan vulnerar la normativa o defraudar a los inversores”, asegura la entidad.
Al facilitar el acceso a la información y promover la comprensión de los riesgos, “se crean condiciones más robustas para la toma de decisiones informadas y se refuerza la confianza pública en la supervisión financiera”.
