“El Presupuesto Nacional es el marco general para la acción del gobierno. Representa la expresión cuantitativa de su programa, la síntesis fiscal de las prioridades y compromisos que proyecta desplegar inscripta en una trayectoria definida de ingresos y gastos”. Así comienza la exposición de motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2025-2029, que, tal y como había adelantado el ministro de Economía, Gabriel Oddone, está enmarcado por “tres prioridades estratégicas”: acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad; fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad; y mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de los habitantes del país.
El Proyecto de Ley de Presupuesto indica que, para lograr sostener e incrementar los niveles de cohesión y prosperidad, es necesario aumentar la tasa de crecimiento en relación con la registrada durante la última década, que se ubicó en 1% anual. Para ello, el foco principal está puesto en mejorar el clima de negocios y promover la concreción de inversiones.
Se enfatiza que la estabilidad fiscal es el ancla de la estabilidad macroeconómica, y que se requiere de una tasa de inflación baja y estable para alentar el clima de inversiones. Justamente, se atribuye el bajo crecimiento de la última década a la falta de inversiones, por lo que se incluyen iniciativas para potenciar la promoción de inversiones, revisar regulaciones públicas y desalentar prácticas comerciales que afectan la competitividad. Entre ellas, se menciona la transformación de la Dirección Nacional de Zonas Francas en la Dirección Nacional de Incentivo a la Inversión, el fortalecimiento del esquema de promoción de inversiones con énfasis en las mipymes, la eliminación de tasas y la reducción de impuestos a las exportaciones, así como el desarrollo de acciones dirigidas a simplificar y desburocratizar la relación entre el Estado y los ciudadanos.
Además, se incluyen iniciativas para fortalecer el sistema de investigación e innovación y potenciar la interacción con empresas públicas y privadas, y se priorizan obras de infraestructura, entendiendo que son “una pieza clave para la captación de inversiones”. Se destacan obras en: transporte y logística, agua potable, redes vial y ferroviaria, movilidad en el área metropolitana, y la infraestructura social y de seguridad.
Pobreza y desigualdad
Respecto al fortalecimiento de la matriz de protección social, el foco principal está en reducir de manera inmediata la pobreza infantil. “En Uruguay la pobreza continúa teniendo cara de niño, por lo que la infancia y la adolescencia son la prioridad del proyecto de presupuesto”. Entre las iniciativas, se menciona el aumento de un 50% del Bono Crianza de la Tarjeta Uruguay Social, destinado a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica extrema en los que residen mujeres embarazadas y niños de cero a tres años. También se prevén recursos para atender a las personas en situación de calle.
Respecto al sistema educativo, se propone asignar recursos para financiar la política de bono escolar e incrementar progresivamente el número de beneficiarios hasta abarcar a todos los estudiantes de la educación primaria pública en 2029. En secundaria se propone fortalecer y ampliar el número de becas, pasando de 14.000 a 70.000 al final del quinquenio.
En materia de salud, se destacó el restablecimiento de medicamentos faltantes en ASSE o la aplicación gratuita de la vacuna contra el meningococo. A su vez, con el nuevo presupuesto se propone asignar nuevos recursos para la atención de la salud en la infancia, incluyendo partidas adicionales para el programa aduana de ASSE, el abordaje integral del neurodesarrollo y las dificultades de aprendizaje, así como para el Programa Ampliado de Inmunizaciones.
También están previstos incrementos de recursos para fortalecer el primer nivel de atención y para el abordaje de la salud mental. Por último, se incluyen proyectos de avance institucional como la creación de la Agencia Reguladora Nacional de Tecnologías Sanitarias y de infraestructura como la construcción del Hospital de la Costa, la nueva obra para el Hospital Pasteur y las remodelaciones de los hospitales de Maldonado y Salto.
En cuanto a la política de vivienda, la propuesta presupuestal es acompañada con la presentación del Plan Quinquenal de Vivienda 2025-2029, cuyos lineamientos estratégicos incluyen atender a los hogares más vulnerables, apuntalar el acceso y la permanencia en viviendas adecuadas, promover la integración social y territorial en todo el país, abordar integralmente las estrategias de acceso al suelo y fortalecer el Sistema Público de Vivienda.
Mejorar la seguridad
Por último, en seguridad, se advierte por “un deterioro de las condiciones generales”, que hace “indispensable priorizar iniciativas para renovar el pacto de convivencia”. “En este contexto el gobierno ha asumido el desafío de diseñar e implementar una estrategia integral, sostenida y con visión de medio plazo que se plasma en el Plan Nacional de Seguridad Pública 2025–2035”, señala la exposición de motivos.
Este plan es una herramienta para articular y coordinar iniciativas y acciones entre el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
El proyecto de presupuesto prioriza acciones en: reducción de homicidios y violencia armada, reforma penitenciaria, profesionalización policial, prevención de violencia de género, fortalecimiento de la investigación criminal y combate al crimen organizado.
Para avanzar en los ejes se prevé combinar medidas inmediatas con una estrategia de mediano y largo plazo que incluye inversiones en infraestructura, ampliación de programas sociales y comunitarios, contratación de personal, incorporación de nuevas tecnologías, medidas alternativas a la prisión y cooperación interinstitucional.
La política fiscal
El texto presentado advierte por “una situación fiscal desafiante que el gobierno deberá gestionar”, y para ello se “propone una estrategia basada en la responsabilidad, la transparencia y la sostenibilidad fiscal”.
En primer lugar, “se modernizará la institucionalidad fiscal”, creando un nuevo marco fiscal basado en una regla fiscal dual con un ancla para la deuda pública de mediano plazo, metas operativas y mecanismos de convergencia para el corto plazo.
En segundo lugar, el proyecto presupuestal está elaborado para asegurar la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda pública, lo que implica una convergencia gradual hasta alcanzar un equilibrio del resultado fiscal primario del Gobierno Central-BPS en 2029. La estrategia definida para mejorar los ingresos se asienta en “aumentos en la eficiencia recaudatoria y cambios en el sistema tributario que corrigen inconsistencias técnicas en su diseño y que permiten a Uruguay sumarse a tendencias globales en la materia”.
Entre las iniciativas tributarias se destacan la incorporación de medidas para localizar en Uruguay el impuesto mínimo global para empresas multinacionales que facturan más de US$ 750 millones, y la equidad en el tratamiento tributario entre las ganancias de capital originadas en inversiones locales y en el exterior.
