El Fondo Monetario Internacional (FMI) espera una moderación del crecimiento de Uruguay al 2,5% este año y a 2,4% en 2026, impulsado por la recuperación de los salarios reales. Se interpreta que la incertidumbre en torno a la política comercial mundial “ha tenido hasta ahora un impacto macroeconómico directo limitado”. Para el organismo, “los riesgos macroeconómicos están equilibrados” y “los escenarios negativos se derivan del entorno internacional, que está sujeto a shocks de política comercial y de precios de materias primas, de la incertidumbre regional, y de shocks climáticos”.
Personal técnico del FMI estuvo entre el 8 y el 19 de setiembre realizando una visita oficial en Uruguay en el marco de las consultas del Artículo IV del Convenio Constitutivo del organismo, tras la cual evaluaron que “la economía uruguaya sigue siendo resiliente en medio de la creciente incertidumbre mundial”.
Se describe que tras la grave sequía de 2023, la producción agrícola creció significativamente en 2024, sustentando el crecimiento en torno al potencial. El déficit fiscal del gobierno central, incluida la seguridad social, aumentó en 2024 a 3,2% del PIB, lo que obligó a activar la cláusula de escape de la regla fiscal.
Respecto a la incertidumbre en torno a la política comercial mundial, el FMI evalúa que “ha tenido hasta ahora un impacto macroeconómico directo limitado”, debido “a las relaciones comerciales diversificadas de Uruguay y a su fuerte dependencia a las materias primas, cuyos precios se han mantenido estables”. “Uruguay mantiene un acceso favorable a los mercados financieros, respaldado por calificaciones crediticias de grado de inversión y spreads soberanos en mínimos históricos, actualmente los más bajos de la región”, subraya el comunicado.
Respecto al nuevo gobierno, se menciona la intención de “equilibrar el crecimiento inclusivo con la estabilidad macroeconómica”. La agenda prioriza el crecimiento económico sostenible, impulsado por la inversión privada y la mejora de la competitividad, al tiempo que amplía la protección social y se compromete con la prudencia fiscal y la baja inflación.
Perspectivas y riesgos
Para este año, se espera una moderación del crecimiento al 2,5%, y en 2026 se crecería al 2,4%, impulsado por la recuperación de los salarios reales tras la pandemia y menor incertidumbre interna. Se espera que la inflación se consolide en torno a la meta de 4,5%, lo que permitiría al BCU contemplar una relajación gradual de la política monetaria. Se prevé que el déficit de cuenta corriente aumente levemente a 1,7% del PIB a mediano plazo, en línea con los fundamentos económicos.
Por otra parte, el FMI interpreta que “los riesgos macroeconómicos están equilibrados”. “Los escenarios negativos se derivan del entorno internacional, que está sujeto a shocks de política comercial y de precios de materias primas, de la incertidumbre regional, y de shocks climáticos”, señala el informe. El personal técnico del FMI destacó que las amplias reservas de liquidez, los largos plazos de vencimiento de la deuda, las condiciones favorables de endeudamiento y una creciente proporción de emisiones de deuda interna limitan los riesgos fiscales a corto plazo. Asimismo, los riesgos sistémicos permanecen contenidos debido a un ratio crédito/PIB bajo, amplia liquidez y capitalización bancaria, abundantes reservas de divisas y un nexo soberano-bancario limitado.
Entre los escenarios positivos, se mencionan altos rendimientos agrícolas, precios favorables de las materias primas, nuevos acuerdos comerciales, oportunidades de ganar mercados y atraer inversiones, y efectos mayores a lo previsto de las reformas estructurales.
Política fiscal
Se prevé que el déficit fiscal aumente en 2025 debido a la inercia fiscal. Dado que las opciones de política fiscal están limitadas por el calendario de transición de gobierno y las rigideces del gasto, se proyecta que el déficit del GC-BPS aumente a 4,1% del PIB en 2025, es decir, 0,9 puntos porcentuales por encima del déficit de 2024.
Se destaca que el proyecto de Ley de Presupuesto tiene por objeto reducir el déficit y estabilizar la deuda a mediano plazo por debajo de una nueva ancla de deuda prudencial. Contempla un aumento permanente del gasto e inversión social, que se financiará con un aumento gradual de los ingresos mediante la modernización y mayor eficiencia de la administración tributaria, la lucha contra el fraude fiscal, la implementación del Impuesto Mínimo Global, y la racionalización de determinados impuestos.
Este ajuste está sujeto a riesgos derivados del entorno macroeconómico y del contexto impositivo internacional, de demoras en la ejecución, y de presiones de gasto en el futuro. En tal sentido, recomienda “más esfuerzos para situar la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente a mediano plazo”.
Políticas estructurales
El FMI señala que tras un período de crecimiento lento, las reformas estructurales son fundamentales para impulsar el potencial económico. Reformas ambiciosas podrían dar frutos ya que Uruguay tiene brechas respecto a las economías avanzadas en términos de infraestructura, facilitación del comercio, barreras a la entrada y cuellos de botella regulatorios, concentración del mercado, capital humano y acceso al crédito.
Se recomienda intensificar el programa de reformas, por ejemplo simplificando los procesos de creación de empresas, la concesión de licencias y la tributación, reforzando la política de competencia, mejorando la calidad educativa y reduciendo la deserción escolar.
El mercado laboral uruguayo enfrenta importantes desafíos, como una flexibilidad limitada, un alto desempleo juvenil y el envejecimiento de la población. Además, las empresas perciben las prácticas de contratación y fijación de salarios como restrictivas.
El sistema bancario está bien capitalizado, tiene alta liquidez, y es rentable. Los bancos uruguayos mantienen ratios de capital que casi duplican el requisito regulatorio mínimo, con una rentabilidad sólida y un bajo nivel de morosidad. No obstante, se indica que un mayor acceso al crédito y la desdolarización apoyarían el crecimiento y contribuirían a la estabilidad macroeconómica. “Mejorar el acceso al crédito de empresas solventes -en especial en segmentos desatendidos como las pymes-, manteniendo al mismo tiempo normas de crédito prudentes, combinadas con reformas regulatorias para facilitar la igualdad de condiciones, podría contribuir al desarrollo financiero”, señala.
“Un avance en la independencia de facto del banco central”
“El nombramiento del primer presidente del BCU sin afiliación política marca un avance en la independencia de facto del banco central”, señala el FMI en referencia a Guillermo Tolosa.
Se interpreta que fue fundamental para la estrategia de desinflación, el compromiso de llevar la inflación a la meta de 4,5%, respaldado por una política monetaria contractiva y una mejor comunicación del banco central, así como por el presupuesto y los lineamientos del gobierno para la negociación colectiva.
En tal sentido, se entiende que “la política monetaria ha sido apropiadamente contractiva”. Con expectativas de inflación más bajas, la tasa real de interés está por encima de la tasa neutral. Esto, junto con la apreciación del peso, ha ayudado a bajar la inflación. Las recientes reducciones de la tasa de política monetaria se justifican por una disminución de la inflación y de sus expectativas. Seguir destacando en las comunicaciones públicas que la meta de inflación es de 4,5% con un rango de tolerancia debería continuar ayudando a anclar las expectativas.
