El nuevo gravamen establecido en la Ley de Presupuesto Quinquenal que apunta a multinacionales con una recaudación anual mayor a los US$ 750 millones, según lo entienden Giovanna Lorenzi, directora del Departamento Legal de KPMG Uruguay, y Aldo Zignago, socio de Impuestos y Legales de la consultora, pondrá a prueba la eficacia de las franquicias tributarias que el país brinda a la hora de atraer nuevas inversiones. En entrevista con CRÓNICAS, los especialistas subrayaron que Uruguay es un país con “muchas bondades”, con niveles de corrupción bajos y seguridad jurídica, pero que los costos “juegan” en la cabeza del empresario a la hora de decidir si instalarse en un país.
-¿Cuál es su valoración al respecto de las medidas y modificaciones impositivas incluidas en la Ley de Presupuesto?
-Aldo Zignago (AG): Los cambios impositivos son muy significativos en el Presupuesto y de las 400 hojas que tiene el proyecto de ley, 100 se las llevan cambios impositivos. Hay grandes cambios.
Giovanna Lorenzi (GL): Lo que ha hecho mucho ruido del Presupuesto es el tema del secreto profesional y bancario, en cuanto a las atribuciones para pedir información. Fue un tema sensible. Hay que evaluar las modificaciones. También, el Banco Central del Uruguay (BCU), en cumplimiento de las investigaciones que realice, puede pedir un montón de documentación que hasta ahora no podía y se explicita que no va a regir el secreto profesional, algo que ni la Dirección General Impositiva (DGI) tiene hasta hoy. Tal cual viene redactado el proyecto, el BCU va a tener atribuciones de pedir información y documentación a personas físicas, jurídicas y fideicomisos, entre otros, en el marco de sus atribuciones de fiscalización y no vamos a poder oponer secreto profesional.
-¿Entienden que estas modificaciones surgen a raíz de los últimos casos de estafas que ha tenido el país, como Conexión Ganadera o República Ganadera? ¿Es necesario brindar mayores herramientas al Estado?
-GL: Sí, es cierto que han ocurrido este tipo de situaciones en Uruguay, pero me genera la duda si no son utilizadas para promover determinados cambios. Hoy, a través de otros caminos, se puede llegar a cubrir situaciones como esas.
-¿Por ejemplo?
-AZ: Como empresas que no pudieron pagar a sus inversores, que se auditan. Hoy en día no hay exigencias de tener auditorías.
GL: Una herramienta podría ser ampliar el perímetro regulatorio, que es lo que están haciendo, porque había giros de actividad que no estaban bajo la órbita y no había claridad respecto de que el BCU tuviera facultades de fiscalización. Entonces, eso es correcto, controlar y dar recursos al Estado para que controle, pero de ahí a sacar una garantía constitucional como el secreto profesional y no darle intervención, es como patear al Poder Judicial para afuera. No digo que no puede haber casos por bienes jurídicos sensibles, en los que alguien ceda el secreto profesional, pero siempre con la garantía de la intervención de un juez, no administrativa como se pretende.
-¿Cómo ha reaccionado el mercado a estos anuncios incluidos en el Presupuesto?
-GL: En nuestros espacios, son más garantistas y conservadores en lo que ha sido un pilar, que es el secreto bancario y profesional. Hay reticencia en este cambio.
AZ: A nivel de nuestros clientes, en particular del sector financiero, no tenemos datos oficiales, pero dicen que ha habido un movimiento en el sector financiero y hay preocupación por parte de todos los inversores, que es hasta de índole de seguridad personal. Hay un tema de que esa información después puede ser filtrada por otro lado.
-La oposición denunció que se estaba dotando a la DGI de «superpoderes» para aumentar el nivel de recaudación. ¿Entienden que esto es así?
-GL: No sé si decir que se le dio superpoderes, pero sí más poderes. Incluso hoy la DGI tiene mucha información. Todos los contribuyentes proporcionan información de sus compras y ventas y la DGI ya tiene todas las facturaciones en tiempo real y cuenta con muchos elementos, que son razonables para poder fiscalizar, el tema es seguir atribuyéndole a costo de qué, que es la seguridad que tienen los contribuyentes y la seguridad jurídica del debido proceso que tiene cada persona, con el secreto profesional en particular.
-En cuanto al Impuesto Mínimo Global, recientemente Oddone anunció que las empresas ya instaladas en el régimen de zona franca no estarán alcanzadas por este nuevo tributo. ¿Es acertada esta modificación?
-AZ: El Impuesto Mínimo Global sigue los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el que grupos multinacionales con facturación anual superior a los US$ 750 millones quedan incluidos. Esto implica que en cada jurisdicción estas empresas deberán pagar un 15% de su facturación, para lo que hay distintos mecanismos. Uno es que su casa matriz pague este impuesto, que es lo que está pasando generalmente con las empresas europeas. Otro es que, si la casa matriz no puede gravar, que grave alguna empresa del grupo, vía no deducción de costos u otro mecanismo, y otra alternativa es la que está aplicando Uruguay, que es un impuesto complementario doméstico. En tanto este impuesto sea calificado de acuerdo con la evaluación de la OCDE, inhibe que las otras jurisdicciones puedan gravar por las ganancias que se generan en Uruguay. Entonces, entre pagar un impuesto en el exterior y pagar un impuesto en Uruguay, es preferible que se pague localmente. Tal como está hoy el proyecto de ley, ese impuesto local, para ser calificado, debe alcanzar a todas las empresas, no solo a las que pagan en el exterior. Entonces, puede generar un nuevo gravamen para sociedades que no lo estaban pagando afuera. En particular, eso es lo que se propone modificar para las empresas de zonas francas que no estaban pagando el impuesto en el exterior. Esto tiene un motivo, y es que la Ley de Zonas Francas da una garantía a los contribuyentes de no gravar con ningún tributo existente ni a crearse, con lo que generar este nuevo impuesto da la posibilidad a los usuarios de zonas francas de hacer un juicio de indemnización contra el Estado. Esto, en el sentido de que, a través de la ley, se les prometió que no iban a pagar impuestos, y posteriormente se les generó uno. La función del reciente anuncio de Oddone es que, dado que esas empresas no iban a pagar impuestos, no se les van a imponer esos tributos para evitar tener un juicio.
-Sin ese cambio se perforaría, como se denunció, el régimen de zonas francas, que ha apalancado inversiones. ¿Es así?
-AZ: Uruguay es costoso y uno de los motivos para incentivar la inversión son las franquicias fiscales, en particular la zona franca. Este Impuesto Mínimo Global, por más que Uruguay no lo adopte, si una empresa lo tiene que pagar en Europa, igual es un costo instalarse en Uruguay. El Impuesto Mínimo Global va a poner a prueba la eficacia de las franquicias tributarias que da Uruguay. El país está dando muchas franquicias para captar inversión, pero, si no las daba anteriormente, ¿hubiesen venido esas inversiones? Ahora vamos a tener la prueba. A mí me genera dudas si van a seguir viniendo inversiones. Uruguay tiene muchas bondades, como niveles de corrupción muy bajos, grado inversor, estabilidad económica y seguridad jurídica, pero los costos juegan en la cabeza del empresario. Y esto va a hacer dudar a los inversores de si vienen o no a invertir en Uruguay. Probablemente, las que ya están y cuentan con infraestructura, no se vayan. Ahora, las que no tienen infraestructura, hay que ver si no deciden irse.
-En la región, solamente Brasil aplica este tributo. ¿Es una posibilidad que empresas que evalúan instalarse en el país decidan ir hacia Argentina o Paraguay, que no aplican este impuesto?
-AZ: Es la gran duda y está dentro de las probabilidades. El gobierno ha entendido hasta este momento que parte para la captación de inversiones es dar franquicias fiscales. Entonces, probablemente haya inversores que evalúen en el mapa otras jurisdicciones, como puede ser Paraguay, donde el nivel de costos es bajo. Obviamente, Uruguay tiene muchas más ventajas para el inversor que Paraguay, pero los costos tienen un rol fundamental.
-El gran desafío es la atracción de inversiones para fomentar el crecimiento de la economía y, de esa forma, satisfacer la demanda de gastos para las distintas prioridades presentadas por este gobierno. ¿Creen suficientes las medidas e incentivos presentados en el Presupuesto para fomentar esto?
-GL: Es una lotería. Es prever imponderables. Creo que hay un paquete de medidas muy trabajado, pero saber si estará alineado con la expectativa de crecimiento o no, es difícil. Influyen temas globales, no solo depende de Uruguay. Poder proyectar o plantear si es ambicioso o no, me parece arriesgado. Las medidas están a la vista, es un paquete ambicioso de medidas, pero es difícil saber qué va a suceder, porque es como proyectar el tipo de cambio. Acá inciden otras variables que son globales. El propio proyecto de ley, en su exposición de motivos, da cuenta de ese nivel de incertidumbre global. Estamos a niveles altos y mucho más altos que en la pandemia. Con ese nivel de incertidumbre, ¿quién se atreve a decir que se va a concretar tal cual lo proyectado?
AZ: Probablemente, la visión no sea inmediata, sino que sea a mediano plazo para medir cuál es el impacto. Ahora está más quieto este asunto por una cuestión de incertidumbre, pero habrá que ir viendo a mediano plazo cómo se va generando esto y si hay una pérdida de inversión o no.
¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias de capital en el exterior y el “impuesto Temu”?
-¿Qué señales creen que se les da al mercado y al inversor con los otros grandes ítems impositivos incluidos en el Presupuesto, como el gravamen a las ganancias de capital de uruguayos en el exterior y el «impuesto Temu»?
-AZ: El impuesto a las ganancias de capital en el exterior va atado con el secreto bancario, en el sentido de que, según nos han comentado nuestros clientes del sector financiero, hay una gran preocupación y ha habido movimiento. El país, históricamente viene aplicando el criterio de la fuente, de gravar las rentas en Uruguay. En 2011 hubo una modificación a nivel del IRPF para gravar los rendimientos de capital del exterior, llámese intereses y dividendos, pero no la venta de los papeles, que son los incrementos patrimoniales. Eso fue revisado en 2016 y 2020. Sin embargo, ahora se pasa a gravar con la finalidad de decir que se está ajustando para gravar los rendimientos y también los incrementos para captar toda la renta que se genere en el exterior. Esto directamente es un nuevo gravamen que se está generando para los inversores y existen preocupaciones de distinta índole. Es importante saber cómo se va a gravar esto o qué ocurre con las ganancias ya acumuladas. Sabemos que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está al tanto y está buscando soluciones para que solo se tome la ganancia generada a partir de 2026, pero hay que ver cómo se adoptan e incluyen estas medidas. Esto viene atado a otro tema que es la transparencia fiscal. Si una persona tiene ganancias en el exterior y sociedades interpuestas, ni bien se obtiene la ganancia en el exterior, automáticamente se debe computar la persona física residente en Uruguay, lo que puede generar algunos problemas.
GL: Pareciera que el «impuesto Temu» es una política pública que busca equidad, porque, dado que se importaron millones de dólares bajo el régimen de franquicia. Los comerciantes buscan equilibrar esto porque es un fenómeno que se derrama en desempleo porque están vendiendo menos y, de alguna manera, el comercio local se está viendo afectado. Creo que es una respuesta, que no calificaría de buena o mala, a una realidad que vemos todos.
