Uruguay atraviesa un proceso de revisión y afinación de su marco de seguridad pública, impulsado por la necesidad de equilibrar la eficacia operativa de las fuerzas policiales con la protección de los derechos fundamentales de las personas. En este contexto, las reformas buscan fortalecer la rendición de cuentas, ampliar la capacitación y establecer reglas claras sobre el uso de la fuerza, sin perder de vista el principio de debido proceso.
Por: Dra. Ximena Méndez Castillo (*)
El marco vigente se apoya en la Constitución nacional, en el Código Penal y en el Código del Procedimiento Penal, que delimitan las garantías de las personas, como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la integridad personal. A la vez, existen leyes específicas de seguridad pública y de policía que regulan la jerarquía, la disciplina y la responsabilidad disciplinaria de las fuerzas. En el plano internacional, Uruguay se enmarca en tratados y mecanismos de control regionales y de derechos humanos, que ofrecen recomendaciones y requieren rendición de cuentas ante posibles abusos.
¿En qué consiste el Plan Nacional de Seguridad Pública?
El Plan Nacional de Seguridad Pública es liderado por la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, con el objetivo de avanzar hacia más seguridad que sea equitativa y democrática.
La seguridad ciudadana se entiende como un deber compartido que reúne a las diversas instituciones estatales y a la ciudadanía. Exige una planificación prolongada, la implicación cívica y el uso riguroso de la evidencia, incorporando los resultados obtenidos de sus propias valoraciones.
¿Qué son los encuentros por seguridad?
Los encuentros por seguridad constituyen el núcleo del proceso participativo del Plan Nacional de Seguridad Pública. Estas instancias de consulta y trabajo colectivo reúnen a partidos políticos con representación parlamentaria, organismos de los tres poderes del Estado, gobiernos subnacionales, representantes del mundo académico, expertos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, sindicatos y empresas privadas.
El proceso cuenta, además, con el respaldo de un Consejo Internacional de Observación y Cooperación integrado por seis organismos internacionales. Este consejo tiene la función de ofrecer asesoramiento técnico, garantizar estándares de calidad, aportar visibilidad internacional y facilitar el acceso a recursos para implementar iniciativas derivadas del plan.
Metas de las reuniones sobre seguridad
Los propósitos de las sesiones orientadas al diseño del plan son:
- Integrar diversas miradas acerca de los retos en materia de seguridad.
- Profundizar en el análisis de la situación y señalar prioridades estratégicas.
- Plantear iniciativas de intervención viables y adaptadas al contexto.
- Detectar acuerdos fundamentales y dejar constancia de las diferencias legítimas.
- Promover compromisos compartidos entre representantes del Estado, actores políticos y sectores sociales.
Fases del Plan Nacional de Seguridad Pública
- Diagnóstico: consiste en la elaboración inicial de un informe técnico como disparador del proceso.
- Encuentro por seguridad: es el espacio de interlocución para profundizar el diagnóstico, identificar prioridades y perfilar intervenciones.
- Propuesta técnica: construcción programática con base en la evidencia y en los aportes del diálogo social.
- Propuesta política: definición de prioridades finales considerando aspectos como la viabilidad normativa, financiera y operativa.
- Validación social: cierre del proceso de diseño con registro de consensos, disensos, y compromiso institucional en su ejecución.
Colaboración internacional
El Plan Nacional de Seguridad Pública cuenta con la colaboración del Consejo Internacional de Observación y Cooperación, conformado por agencias internacionales y entidades multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Organización de Estados Americanos, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Este consejo brinda una perspectiva externa e imparcial, asegurando que la elaboración y ejecución del plan se lleven a cabo con transparencia y solidez técnica.
Consideraciones Finales
La seguridad pública en Uruguay avanza hacia un modelo integral que busca equilibrar eficacia operativa y respeto por los derechos fundamentales. Las reformas policiales y el marco normativo vigente ofrecen bases sólidas para fortalecer la rendición de cuentas, la capacitación y la regulación del uso de la fuerza.
El Plan Nacional de Seguridad Pública constituye una herramienta estratégica que articula diagnóstico, diálogo y validación social, con la participación activa de partidos políticos, instituciones estatales, expertos y ciudadanía.
En definitiva, Uruguay enfrenta el desafío de sostener estas reformas en el tiempo, garantizando que la seguridad se conciba como un derecho ciudadano y no solo como una tarea policial, reafirmando así su compromiso con un Estado democrático y de derecho.
(*) Integrante del Equipo Legal de Galante & Martins
