El crimen organizado transnacional representa una amenaza real y significativa para las democracias en América Latina debido a su capacidad para socavar instituciones, corromper sistemas políticos y perpetuar la violencia.
Las organizaciones criminales buscan infiltrarse en las instituciones públicas mediante sobornos y amenazas, debilitando la capacidad del Estado para actuar de manera efectiva y transparente.
El crimen organizado siempre está vinculado a altos niveles de violencia, incluyendo homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados, secuestros y extorsiones. La violencia afecta directamente el tejido social, limitando la participación ciudadana y restringiendo libertades fundamentales que tiene todo ser humano.
Las actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de dinero fortalecen a estas organizaciones criminales y les permiten financiar campañas políticas o influir en decisiones gubernamentales de los Estados. Esto genera economías paralelas que compiten con las economías legales, dificultando el desarrollo económico sostenible de cualquier Estado.
El crimen organizado puede influir en elecciones mediante el financiamiento ilícito, intimidación o manipulación de resultados electorales. La pérdida de credibilidad en los procesos democráticos lleva a la desafección ciudadana y al auge de discursos autoritarios que prometen soluciones a problemas complejos que viven los gobiernos.
La falta de cooperación entre países y las diferencias en políticas públicas dificultan los esfuerzos conjuntos para enfrentar estos peligros, las redes criminales aprovechan las fronteras débiles y las disparidades legales para operar con mayor impunidad y realizar todas sus operaciones ilegales.
Combatir el crimen organizado transnacional requiere un enfoque integral que combine el fortalecimiento institucional, mejorar la capacidad de los sistemas judiciales y de seguridad para actuar con independencia y mayor eficacia. A su vez, promover acuerdos regionales para combatir el crimen organizado de manera coordinada y conjunta. Es necesario involucrar a la sociedad civil en la vigilancia de la transparencia, auditorías y en la promoción de la cultura democrática. Además, se hace necesario reducir las desigualdades sociales y económicas que alimentan la vulnerabilidad frente al crimen organizado.
El crimen organizado transnacional no solo amenaza la estabilidad de las democracias, sino también el desarrollo y la seguridad de la región. Su lucha requiere de un compromiso decidido y sostenido por parte de los gobiernos y la sociedad en su conjunto.
El crimen organizado transnacional y el narcotráfico representan una amenaza creciente y real para Uruguay, que históricamente ha sido considerado uno de los países más seguros de la región. Sin embargo, en los últimos años, el impacto de estas actividades ilícitas ha comenzado a sentirse con mayor intensidad en el país, lo que constituye un desafío significativo para el nuevo gobierno electo en 2025.
Uruguay, por su ubicación geográfica y sus puertos estratégicos, se ha convertido en un punto de tránsito para el tráfico de drogas, especialmente cocaína, hacia Europa y otras regiones. El puerto de Montevideo se ha convertido en una ruta “contra intuitiva” de tránsito y tráfico de cocaína hacia el mercado europeo. La liberalización del mercado de cannabis en Uruguay, aunque diseñada para combatir el narcotráfico local, no ha eliminado la influencia de redes criminales transnacionales ni modificado el mercado ilegal de drogas.
Las organizaciones criminales transnacionales, como los carteles mexicanos, brasileños y colombianos, ya tienen influencia en el Cono Sur, Argentina, Brasil, Paraguay. Aunque Uruguay aún mantiene índices de violencia más bajos que otros países de la región, ha habido un incremento en homicidios y delitos relacionados con ajustes de cuentas, guerras entre bandas criminales por territorio, mercado y drogas en todo el país. El crimen organizado busca corromper a funcionarios públicos, políticos, policías y sistemas judiciales, lo que representa una amenaza directa a la estabilidad del Estado.
Los desafíos que debe enfrentar el nuevo gobierno electo en el año 2025 en materia de política criminal y política de seguridad pública son varios. La nueva administración deberá priorizar la transparencia y la lucha contra la corrupción para evitar la infiltración del crimen organizado en la policía, justicia y sistema político. La capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad serán esenciales para luchar contra estas redes criminales.
La cooperación internacional es fundamental para establecer alianzas con países vecinos y agencias internacionales para coordinar esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos. Hay que modificar la mirada sobre la cooperación de agencias internacionales como la DEA (Administración de Control de Drogas, Estados Unidos), pero es importante hoy mantener vínculos permanentes y más estrechos con Europa, especialmente con Europol (la Oficina Europea de Policía). Los mayores cargamentos de cocaína que pasan por el Puerto de Montevideo tienen como destino final el mercado europeo.
El nuevo gobierno deberá abordar las políticas sociales y económicas y las desigualdades que pueden alimentar la criminalidad y reducir la vulnerabilidad de sectores marginados al reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
La revisión de la legislación en materia de lavado de activos y financiamiento de las actividades delictivas es importante, como también dotar a los organismos de control de más recursos humanos y tecnológicos.
El nuevo gobierno deberá enfrentar un panorama desafiante en materia de seguridad, con un crimen organizado transnacional y narcotráfico consolidados como amenazas reales. El éxito estará en una estrategia integral que combine la seguridad, justicia, la cooperación internacional y el desarrollo social para proteger la estabilidad del país y garantizar la seguridad y una convivencia pacífica en la sociedad.
Edward Holfman
Analista y consultor en seguridad
