Por Felipe Schipani (*) | @FelipeSchipani
El Senador Oscar Andrade declaró al Semanario Búsqueda el 4 de febrero de 2021 que el referéndum promovido por el Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT es contra el gobierno. Dijo en dicha oportunidad: “más allá de los artículos que nadie va a recordar, el referéndum por la LUC (Ley de Urgente Consideración) también es contra la gestión del gobierno”.
No caben dudas de que esa es la intención que se busca, la LUC es la excusa. El verdadero objetivo es deslegitimar y debilitar políticamente al gobierno de coalición. Pese a que los voceros del Sí lo nieguen, y que señalen que es un referéndum contra 135 artículos de una ley, todos sabemos que no es cierto.
Los promotores del referéndum incurrieron en un grave error de cálculo. Cuando empezaron a juntar las firmas evaluaron que en el momento en el que se realizara el referéndum, al inicio del tercer año de gestión, el gobierno se iba a encontrar desgastado. No estaba en sus cálculos que el presidente de la República tuviera un apoyo del 59% de la ciudadanía, manteniendo los mismos niveles de marzo de 2020.
Este último dato generó un cambio de discurso. Esconden sus verdaderas intenciones porque son conscientes de que, si plantean la contienda en términos de apoyo al gobierno, no les irá nada bien. Y ese apoyo al gobierno no es un espejismo, es producto de una gran gestión de la pandemia en términos sanitarios, pero también en términos económicos y sociales.
El año 2021 cierra con datos alentadores que confirman el acierto de las políticas impulsadas en la pandemia. Ha crecido el empleo y bajado el desempleo, ubicándose en niveles previos a los de la pandemia. También ha bajado la pobreza, lo que desnuda la falsedad de que durante la emergencia sanitaria tuvimos un Estado ausente. Asimismo, tuvimos récord de exportaciones y las previsiones de crecimiento económico que fijó el gobierno se cumplieron.
No nos extraña el rol que ha asumido el FA en relación al gobierno. Basta repasar la historia para advertir que siempre se han opuesto a todos los grandes procesos de cambio que se pretendieron realizar en el país. Por nombrar algunos, recordemos la ley forestal, la ley de puertos, la ley de zonas francas, la reforma de la seguridad social, la reforma educativa de Rama, la ley del marco regulatorio de UTE, el tratado de protección de inversiones con Finlandia, las inversiones de las plantas de celulosa. La realidad demostró que todas estas iniciativas fueron positivas para el país y generaron desarrollo. Los hechos demostraron que el FA estaba equivocado, a tal punto que cuando les tocó gobernar, les dieron continuidad a estas políticas.
La circunstancia que plantea la LUC es similar, porque esta ley no es otra cosa que el programa de cambio de la coalición de gobierno. Muchos de los aspectos que la LUC establece formaron parte del “Compromiso por el país”, que fue el documento programático con el que comparecimos los cinco partidos de la coalición a la segunda vuelta.
Lo que pretenden desde el FA y el PIT-CNT es impedir que este gobierno cumpla con el mandato para el que lo eligió la gente, que fue el de realizar transformaciones profundas en distintos asuntos de la realidad nacional, como la seguridad y la educación, por mencionar los más importantes.
La gran virtud que tiene la LUC es que hace 17 meses que está vigente. No es una promesa, no es una incógnita, es una realidad. Este tiempo de vigencia ha permitido dejar al descubierto todos los vaticinios que sobre los efectos de la LUC se hicieron. En su momento se señaló que con la LUC iban a campear el abuso policial y el gatillo fácil. Nada de eso ha pasado. También se dijo que iba a haber desalojos masivos de inquilinos. Tampoco sucedieron.
A ningún ciudadano la LUC le ha traído perjuicios, todo lo contrario. Lo único que ha generado la LUC han sido cambios positivos en materia de seguridad. Si el índice de delitos ha bajado, en gran medida se explica por las normas que introdujo la LUC, que les han dado a los policías mayores herramientas para el combate del delito.
La LUC, con los cambios en educación, sienta las bases para el ineludible proceso de transformación educativa que ha iniciado la ANEP. El cambio en la gobernanza de la educación permite hacer más ágil y fluida la toma de decisiones y conducir la educación desde una perspectiva integral, sin las chacras a las que nos conducían los viejos Consejos. Pero la LUC también consagra derechos para los docentes, a través del reconocimiento del título universitario para los maestros y profesores egresados de formación docente.
La obligación de presentar un Plan Nacional de Educación es también un cambio importante que se introduce. Se obliga a los responsables de la conducción educativa a establecer metas y objetivos de su gestión ante el Parlamento. La LUC regula el marco jurídico para el funcionamiento de los liceos modelo en zonas vulnerables, que son los Centros María Espínola y constituyen un puntal para quebrar esa desigualdad que se genera en dichos contextos, donde solo 18 de cada 100 jóvenes terminan el liceo. La derogación de la LUC sería un misil en la banda de flotación del proceso de reforma más importante que tiene que encarar el país, que es el proceso de transformación educativa que ya está en marcha.
Si bien seguridad y educación son los principales asuntos, también hay otros temas no menos importantes. La LUC atiende la emergencia de vivienda, creando un nuevo régimen de arrendamiento sin garantías y manteniendo el anterior. También, garantiza el derecho al trabajo, permitiendo que los no huelguistas puedan trabajar. Cuida las finanzas del Estado a través de una regla fiscal que plantea que no se pueda gastar por encima de sus posibilidades. Respeta la identidad digital de las personas que pasan a ser dueños de su número de teléfono y consagra la libertad financiera.
Son tan pocos los argumentos que se tienen para cuestionar la LUC, que se ha tenido que recurrir a la mentira. En lo personal, nunca había participado de una campaña tan plagada de falsedades como la de los impulsores del Sí.
Mienten a cara descubierta. Por ejemplo, en el spot oficial de la campaña del Sí se dice que “la LUC privatiza la escuela pública”. ¿Cómo se puede mentir de un modo tan descarado? Fernando Pereira declaró hace unos días que la LUC quita la obligatoriedad de la educación en primera infancia, cuando este tramo educativo nunca fue obligatorio, ni antes ni después de la LUC.
Tengamos claro lo que está en juego el próximo 27 de marzo. Los uruguayos tendremos que decidir si queremos que el gobierno siga implementando el programa por el que fue elegido, o si, por el contrario, queremos volver atrás. Lo que está en juego no es otra cosa que el legítimo derecho a gobernar.
(*) Diputado y secretario general del Partido Colorado en Montevideo.
