Por Juan José Olaizola (*) | @juanjoolaizola
Los gobiernos suelen comenzar su gestión con algunas fortalezas. Al influjo del triunfo obtenido en las recientes elecciones y el respaldo de la ciudadanía en esa instancia, se suman la alegría de la importante porción del electorado que conforma su militancia y los uruguayos que —sin pertenecer a esa fuerza política— confiaron en la propuesta y la apoyaron con su voto.
Comienza a partir del primer día de marzo el período de seis meses —que se puede extender a un año— que algunos denominan “primavera”, que no es más que esa carta de crédito que la ciudadanía le otorga a un gobierno nuevo, para que lleve a la práctica su programa de gobierno y las propuestas enunciadas en la campaña electoral previa.
No parece haber sido este el comienzo del gobierno que encabeza el presidente Yamandú Orsi.
Lejos de aprovechar ese crédito, el gobierno mostró por un lado la falta de un liderazgo claro. El presidente, más allá de su estilo accesible y buen relacionamiento con los distintos actores políticos, no muestra un perfil de liderazgo en el gobierno ni en la fuerza política, pese a la importante votación del sector al que pertenece.
Por su parte, cuando miramos la Torre Ejecutiva, ya no se ve un escenario como el vivido en el período anterior, donde se advertía claramente por propios y extraños el marcado liderazgo del presidente (m.c.) Luis Lacalle Pou, con un Consejo de Ministros que respondía a esa impronta y al rumbo marcado desde la Plaza Independencia.
Hoy, en cambio, es tema frecuente de analistas y observadores políticos tratar de entender cómo se divide el poder en el vértice del Ejecutivo, el rol del presidente Orsi, y la influencia en la toma de decisiones de actores principales como el secretario Alejandro Sánchez y el prosecretario Jorge Díaz.
A partir del 1º de marzo, la novel administración, lejos de imprimir un ritmo adecuado para implementar una agenda de gobierno, se mostró dubitativa y a menudo complicada con distintas situaciones de miembros del gobierno, que obligaron a una serie de renuncias de distintos jerarcas en estos primeros meses.
La figura del ministro de Economía, Gabriel Oddone, tratando de transmitir ponderación y mensajes de tranquilidad y confianza a los actores económicos y eventuales inversores, se vio enfrentada en varias ocasiones con ministros y legisladores de sectores radicales, que planteaban posiciones y medidas a tomar de dudosa eficacia y posible afectación, teniendo en algunos casos que salir el propio presidente Orsi a laudar estas diferencias.
Paralelamente, los últimos días de agosto fueron pródigos en la generación de desaciertos. El jefe de Policía de Río Negro, a la usanza de los viejos jefes políticos del siglo XIX, participó en una actividad partidaria del Frente Amplio y cuando se le recriminó esta actitud por parte del Partido Nacional y varios partidos de oposición, no escatimó en descalificaciones y cuestionamientos hacia la gestión del gobierno de la Coalición Republicana, que solicitó su renuncia, siendo removido de su cargo por el ministro del Interior, Carlos Negro.
Por su parte, a pocos días de ingresar al Parlamento el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo, el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, en una charla ante militantes del Frente Amplio en el comité de base Vanguardia, expresó que el programa de gobierno presentado el año pasado a la ciudadanía por esa fuerza política es impagable, y que este gobierno no va a estar en condiciones de cumplirlo.
Según palabras de Vallcorba, cuando se votó el programa de gobierno, ya sabían que si se pensaba que era para un período de gobierno estaban razonando mal porque era impagable, imposible de pagar.
Estas declaraciones son especialmente graves. Que el número dos de Economía diga que sabían de antemano que el programa que presentaban a consideración de la ciudadanía era imposible de cumplir en el período, y que además lo reconozca con absoluta naturalidad un año después, ya en el gobierno, es poco serio y además deja de manifiesto que el Frente Amplio era consciente de que prometía un conjunto de medidas y propuestas de corte electoral, pero imposibles de llevar a la práctica.
En el Parlamento, en los próximos meses, se avizora una discusión ardua del proyecto de Presupuesto, donde el gobierno recibirá pedidos de varios sectores que reclamarán respuestas que el equipo económico advierte de antemano que no podrá dar. Es muy posible también que aparezcan actores del gobierno en el Parlamento solicitando respuestas y enfrentando por estos temas al equipo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Mientras tanto, los principales voceros del gobierno han intentado adjudicar a una supuesta “herencia” del gobierno anterior, la falta de recursos para dar respuesta a lo prometido a la ciudadanía.
A falta de propuestas concretas, el gobierno convoca a partidos políticos y sectores sociales a mesas de diálogo para instrumentar soluciones. Es tarea del gobierno en funciones proponer las soluciones que estime convenientes. Para eso fue electo. Gobernar implica optar, tomar decisiones y hacerse cargo.
El gobierno recién comienza su gestión, faltan más de cuatro años para que culmine el período.
Como uruguayos, esperamos que se puedan corregir estas descoordinaciones habituales y que no sigan surgiendo situaciones que ameriten la remoción de jerarcas del gobierno todos los meses. Los uruguayos miran atentos la evolución de los acontecimientos y la respuesta a las promesas de campaña.
En este panorama, es imperioso que la Coalición Republicana tenga una actitud de contralor adecuada en el Parlamento y en las empresas públicas, que apoye las iniciativas que merezcan ese respaldo y que prepare el camino para volver al gobierno en 2030.
Porque vivimos en un mundo en permanente cambio, que no nos espera, y porque algunos errores, marchas atrás y dilaciones en estas circunstancias pueden costar muy caros.
Por lo expuesto, lo del título.
(*) Diputado del Partido Nacional – lista 404.
