El presidente electo Luis Lacalle Pou se molestó con Fitch Ratings, asegurando que la agencia “se mete en un terreno que no le corresponde” al marcar dudas respecto a cómo podrá resolver el próximo Gobierno los problemas de crecimiento y deuda. Fitch advirtió que la diversidad ideológica de la coalición podría “obstaculizar reformas ambiciosas” y opina que la inclusión de Cabildo Abierto “podría crear fricciones” a la interna. El economista Pablo Moya de la consultora Oikos, evaluó que no es una “injerencia”, sino que las agencias “muestran cuál es su mirada del marco en que se va a desarrollar el próximo gobierno”.
El último análisis realizado por la agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Ratings sobre Uruguay, sembró polémica con las nuevas autoridades de Gobierno, ya que deja ver las dudas de la firma respecto a la posibilidad de lograr una consolidación fiscal mediante el recorte del gasto, e incluso se refiere a ciertos “conflictos” entre éste objetivo y algunas políticas de fomento al crecimiento que se buscan adoptar.
La agencia señala que el nuevo gobierno tiene por delante el desafío de recortar el elevado déficit fiscal ante el bajo crecimiento de la economía. Si bien destacó “la estabilidad política” con la que cuenta el país, advierte que “estabilizar la carga de la deuda pondrá a prueba la capacidad de la administración para tomar medidas políticas decisivas y creíbles”.
Se recuerda que la economía ha crecido un 1,3% en promedio desde 2015 y el mismo se ha debido principalmente a “sólo unos pocos sectores que no requieren mucha mano de obra, principalmente las telecomunicaciones”. Para el 2020 se espera que el crecimiento del PIB se acelere hasta un 1,5%, desde un 0,3% de expansión que se registraría este año, a impulso de la construcción de la segunda planta de celulosa de UPM y otros proyectos de infraestructura. No obstante, se alerta que las perspectivas de crecimiento parecen verse resentidas debido a la “dramática contracción del 32% en la inversión fija desde 2014 (incluso mayor que en Brasil)”.
Fitch destaca que Lacalle se comprometió a abordar objetivos claves para la competitividad, incluida la reducción de las tarifas de servicios públicos y la adopción de políticas salariales y laborales más flexibles. No obstante, sostiene que aunque se formó una coalición que le otorga mayoría parlamentaria, “su composición ideológica diversa podría obstaculizar reformas ambiciosas”. A modo de ejemplo, menciona que “en un documento que describe sus objetivos compartidos, la coalición abandonó los planes para liberalizar las importaciones de combustible para incorporar las opiniones de más facciones de izquierda”. Por su parte, se señala que “la inclusión de Cabildo Abierto, un partido socialmente conservador, podría crear fricciones dentro de la coalición”.
Uno de los principales desafíos según la agencia será reducir el déficit fiscal y el nivel de deuda, que cerrará el período del gobierno en el 66% del PIB, lo que implica un incremento de 17 puntos porcentuales en los últimos cinco años. Fitch remarca que se trató del mayor aumento de la deuda registrado en un país con categoría “BBB”. Se calcula que una mejora de 2,5 puntos del PIB en el déficit primario estabilizaría la deuda, pero podría requerir más de 2,5 puntos en medidas debido a las presiones persistentes del gasto. Si bien se entiende que un crecimiento más vigoroso respaldaría la consolidación, se estima que el impacto es menor al que estima el gobierno actual, de que la desaceleración económica explica un punto del PIB del déficit. Se sostiene que los ingresos fiscales no han caído como parte del PIB a pesar del lento crecimiento. “Esta capacidad de recuperación es positiva, pero destaca cómo las presiones del gasto estructural han impulsado el deterioro fiscal”, sostiene el informe.
Respecto al compromiso del nuevo gobierno de recortar el gasto para reducir el déficit en lugar de aumentar los impuestos, advierte que “podría ser difícil”. “Los recortes de gastos prometidos de US$ 900 millones (1,6% del PIB) han enfrentado cierto escepticismo por parte de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores y pueden enfrentar desafíos de implementación”, agrega.
Si bien hay coincidencia en todo el espectro político en la necesidad de reformar la seguridad social, Fitch sostiene que la misma “podría tomar tiempo para negociar y mucho más tiempo para generar ahorros”, y agrega que “incluso entonces, estos ahorros solo pueden estabilizar el gasto en lugar de reducirlo y contribuir a la reducción del déficit”.
No te corresponde
Al presidente electo, Luis Lacalle Pou, no le gustaron los comentarios de la calificadora, a la que acuso de meterse “en un terreno que no le corresponde”. En declaraciones al programa Las Cosas en su Sitio de radio Sarandí, sostuvo que “Fitch se mete en un terreno que no le corresponde. Dudar por temas ideológicos, está lejos de la macroeconomía y utiliza elementos de la realidad que no están ni cerca de estar confirmados. Es una apreciación ligera». “Lo que hace Fitch es desconfiar. Se mete en un terreno político. Esta partiendo de premisas muy arriesgadas y se supone que una calificadora de riesgo no debe partir de premisas arriesgadas”, agregó.
Pero más allá del malestar del mandatario electo, el economista Pablo Moya de la consultora Oikos, interpretó que no se trata de una “injerencia”, ya que las calificadoras “hacen una evaluación sobre el contexto institucional y dentro de ese marco dan su opinión”. “No hay una opinión política sino que muestran cuál es su mirada del marco, del contexto, en que se va a desarrollar el próximo gobierno”, explicó. “No entiendo que sea una injerencia, o que no deban opinar”, agregó.
“Dentro de una evaluación de riesgos uno puede entender que va a tener mayores dificultades o le va ser más difícil realizar algún tipo de política, o de aprobar ciertas leyes, que no comparten con todos los integrantes de la coalición de gobierno”
Moya señaló que comparte el análisis realizado por la agencia, ya que entiende que es difícil saber qué puede ocurrir con la coalición formada para gobernar cuando se discutan temas sensibles. “Dentro de una evaluación de riesgos uno puede entender que va a tener mayores dificultades o le va ser más difícil realizar algún tipo de política, o de aprobar ciertas leyes, que no comparten con todos los integrantes de la coalición de gobierno”, sostuvo Moya, aclarando que “eso no representa poner en duda el gobierno o el margen de maniobra de gobierno”.
A modo de ejemplo mencionó el caso de la educación, donde conviven dentro de la coalición “miradas muy disimiles” y que seguramente se resuelvan de forma diferente a que si lo hubiese hecho el Partido Nacional por sí sólo. “Eso no quita que en las grandes líneas programáticas existe un acuerdo”, aclaró.
Por último, subrayó que el próximo gobierno deberá hacer reformas importantes en áreas claves, como la seguridad social, “para la que no sólo precisa el apoyo de la coalición sino de la oposición del Gobierno”, la discusión de una regla fiscal, la gobernanza de las empresas públicas y la estructura dentro de las intendencias y su autonomía, entre otras.
