La Cámara de Zonas Francas “exhorta al Parlamento Nacional a eliminar los artículos 628 y 662 del proyecto de Ley de Presupuesto”, referidos al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. Se advierte que su aplicación vulnera la seguridad jurídica, expone al país a litigios y desalienta y pone en riesgo el arribo de inversiones. Asimismo, entienden que “no existe urgencia ni presión internacional” que obligue a implementar dicho tributo y “coloca a Uruguay en desventaja frente a la región”.
La Cámara de Zonas Francas del Uruguay emitió un comunicado expresando “su posición contraria a los artículos 628 y 662 del proyecto de Ley de Presupuesto 2025-2029 referidos al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico”.
Se fundamenta que en los últimos 40 años, el régimen de zonas francas se consolidó como una política de Estado, respaldada por todas las fuerzas políticas desde el retorno a la democracia. Entre los beneficios del régimen, remarcan que las zonas francas aportan el 6,6% del PIB, representan cerca del 40% de las exportaciones y generan más de 66.000 empleos, directos e indirectos. A su vez, permiten atraer a empresas internacionales de bienes y servicios que operan desde Uruguay al mundo, transfiriendo conocimiento, innovación y beneficios a toda la economía. Además, promueven la radicación de familias extranjeras en el país, con un importante efecto multiplicador en distintos sectores.
Según se explica, “por cada dólar exonerado, generan más de siete dólares de valor agregado en la economía nacional, por tanto, no hay renuncia fiscal sino una importante recaudación para el país”.
Riesgos varios
Desde la gremial advierten tres grandes riesgos. En primer lugar, “vulneran la seguridad jurídica”. “El Art. 628 modifica el Art. 19 de la Ley 15.921 exceptuando al Impuesto Mínimo Complementario Doméstico de la exoneración otorgada a las empresas de zonas francas. Tanto el Art. 628 como el Art. 662, omiten establecer a título expreso el respeto por los contratos vigentes, lo cual viola derechos adquiridos y la seguridad jurídica, pilares fundamentales del régimen de zonas francas”, señala el comunicado.
En segundo lugar, los cambios “exponen al país a litigios”. “La aplicación de estos artículos (…) habilita juicios nacionales e internacionales por incumplimiento de contratos y tratados de protección de inversiones, generando responsabilidad patrimonial para el país y un grave menoscabo a su soberanía”, sostiene la gremial. Agrega que “el daño reputacional por su eventual implementación ya es noticia en el plano internacional”.
Por último, entiende que “desalienta y pone en riesgo inversiones”. “En un contexto de incertidumbre global, la implementación (…) es inoportuna e innecesaria ya que desalienta nuevas inversiones y podría provocar el retiro de empresas ya instaladas, con la consecuente pérdida de empleos y exportaciones”. De acuerdo al comunicado, la aprobación de la ley “coloca a Uruguay en desventaja frente a la región, donde ningún país -excepto Brasil- ha implementado el impuesto”.
Por último, la Cámara de Zonas Francas asegura que “no existe urgencia ni presión internacional”. “El futuro del impuesto es incierto; el G7 lo mantiene en suspenso desde junio, EEUU, China e India no lo han implementado y varios países europeos cuestionan haberlo hecho. Tampoco la OCDE exige a Uruguay avanzar en este momento. La amplia mayoría de los países esperan la evolución de este debate antes de avanzar”, detalla el comunicado.
En tal sentido, la gremial concluye que “es fundamental preservar la seguridad jurídica y la confianza en nuestro país como pilares fundamentales para la captación de inversiones”, entendiendo que “el régimen de zonas francas ha sido -y debe seguir siendo- una herramienta estratégica para el desarrollo del país”.
Por ello se “exhorta al Parlamento Nacional a eliminar los artículos 628 y 662 del proyecto de Ley de Presupuesto, en defensa del empleo, la competitividad, la inversión y la reputación internacional del Uruguay”.
