Durante la campaña se comprometió a equilibrar las cuentas y hacia eso apuntará en la administración que comienza el 1º de marzo de 2020. El presidente electo Luis Lacalle Pou sabe que uno de los caminos es aumentar impuestos, pero lo descarta. Por el contrario, elige reducir el gasto y ahorrar, algo claramente compartido por sus socios de la coalición multicolor, tal como quedó de manifiesto en el acuerdo denominado “Compromiso por el país”.
El diagnóstico que hace el líder del Partido Nacional con respecto a la situación fiscal del país es negativo. Por eso, su programa de gobierno tenía como centro el equilibrio fiscal, dejando el resto de las políticas subordinadas a ello. Lo mismo sucede con el texto firmado por los partidos miembros del futuro gobierno, cuya primera medida es “disminuir el déficit fiscal como condición para reducir el ritmo de endeudamiento y la presión sobre el tipo de cambio”. Además, se comprometen a manejar en forma cuidadosa y responsable el dinero de todos, en el entendido de que “los recursos que se vienen malgastando son aportados con esfuerzo por los uruguayos”.
La necesidad de una reforma de la seguridad social es algo que comparte todo el sistema político, y el nuevo gobierno no será la excepción. Según dijo a Empresas & Negocios Lacalle Pou, iniciar ese proceso es importante para contar con un sistema previsional que sea sostenible y acorde a los tiempos actuales.
En relación a la relevancia que tiene para el Uruguay salir a buscar mercados, el futuro presidente enfatizó en que es esencial flexibilizar el Mercosur, con el objetivo de poder concretar otros acuerdos comerciales. A su vez, señaló que en materia de comercio internacional no pueden existir las amistades con otros países por razones políticas.
En la misma línea, todos los integrantes del gobierno entrante coinciden en que la política exterior del Frente Amplio estuvo motivada por las afinidades ideológicas, y eso hizo que el país quedara encerrado en un Mercosur aislado del mundo. Por esto es que plantean abrirse al mundo y hacer alianzas para entrar a nuevos mercados en condiciones favorables.
Para Lacalle Pou, la globalización es la gran oportunidad de un país como Uruguay, puesto que acerca e iguala tamaños. Por lo tanto, está hecha para que el país se beneficie, aseguró.
Por otro lado, el líder nacionalista considera que no hay margen para aumentar impuestos, dado que si eso ocurre, cerrarán más empresas.
Más ahorro, mejor gestión
Cuando fue candidato a la interna por su partido, en el programa que elaboró se destacaba el llamado “shock de austeridad”. Esto hacía alusión a que ningún gobierno puede avanzar en políticas proactivas si no lo hace en el ahorro y el equilibrio fiscal. En ese entonces, explicaba que las políticas de shock implican que “antes del primer día ya estamos prontos para hacernos cargo”.
Para lograr ese equilibrio, Lacalle entiende que hay dos vías: la tributaria y la de ahorro y reducción del gasto. Sin embargo, opina que la primera es totalmente negativa y va a generar más cierre de empresas y más desempleo, por lo cual opta por bajar el gasto.
Fue así como junto con su equipo técnico, llegó a la conclusión de que es posible un ahorro en la administración que está sobre los US$ 900 millones al año, y sin afectar ninguna actividad esencial y ninguna política social del Estado.
A esa reducción apuesta la coalición que gobernará el próximo quinquenio y para ello propone, entre otras medidas, realizar una auditoría de gestión en 2020, a fin de identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos; identificar y aprovechar oportunidades de ahorro en el gasto público, sin afectar las prestaciones en el área social; diseñar y poner progresivamente en funcionamiento una regla fiscal de balance estructural. Al mismo tiempo, proyecta la reducción de los cargos de particular confianza, especialmente en áreas de provisión de servicios, sustituyendo parte de ellos por cargos de alta dirección pública; y la disminución de la cantidad de asesores y adscriptos contratados por el Estado, manteniendo solo los imprescindibles.
En tanto, con el propósito de mejorar la gestión, Lacalle pretende crear una Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas. Ese es uno de los cambios institucionales que quiere implementar y así lo hará, con el apoyo de sus socios. Estos consideran que mientras gobernó la izquierda, el Estado se volvió más ineficiente, opaco y burocrático, por lo que se comprometen a impulsar una reforma estatal para convertirlo en “inteligente y transparente”.
Parte de las propuestas para llegar a esa meta son fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), dotándola de los recursos necesarios para el cumplimiento de su tarea; jerarquizar el Portal de Transparencia Presupuestaria; fortalecer las capacidades del Estado en planificación estratégica; concentrar y reorganizar las tareas de selección, ingreso, inducción y redistribución de funcionarios públicos; y fortalecer y mejorar el sistema de compras públicas.
Las empresas públicas y el crecimiento
El futuro mandatario también tiene la mira puesta en la mejora de la gobernanza de las empresas públicas que, entiende, deben estar al servicio de los ciudadanos. Para alcanzar este objetivo, las nuevas autoridades en su conjunto planifican concentrar la actividad de las empresas públicas en las funciones industriales y comerciales definidas en sus respectivas cartas orgánicas; promover la designación de directorios profesionales y establecer la obligación de coordinar con el Parlamento la presentación y seguimiento de planes estratégicos; establecer mecanismos de control estrictos y eficaces de las empresas subsidiarias de derecho privado, con auditorías, entre otras medidas.
Por otra parte, la coalición de gobierno prevé dar un impulso al crecimiento, a fin de alcanzar el desarrollo productivo y la mejora de la competitividad, teniendo en cuenta que es fundamental reactivar la economía, generando un país más competitivo y dinámico en todos los sectores.
Con ese propósito, las propuestas son, entre otras, avanzar hacia precios de combustibles que sean competitivos con la región y el mundo; progresar en la competencia en los sectores de telecomunicaciones y energía eléctrica; impulsar al sector agropecuario como motor de la economía; y fortalecer técnicas productivas y líneas de investigación que promuevan una producción ambientalmente sostenible. A su vez, planean fomentar la incorporación de investigación, desarrollo e innovación, así como medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, incluyendo un régimen tributario especial.
Revisión profunda
La próxima ministra de Economía, Azucena Arbeleche, plantea que el problema fiscal es el origen de la falta de competitividad que hoy tiene la economía uruguaya, por lo cual remarca que es importante mejorar el resultado fiscal.
En conversación con Empresas & Negocios, explica que por ello la propuesta primordial es generar ahorros desde el Estado que se vuelquen a mejorar el resultado de las cuentas públicas. Al igual que Lacalle Pou, señala que de ninguna forma el camino a seguir será el aumento de impuestos, algo a lo que califica de injusto e inconveniente, puesto que cree que no corresponde que el gasto del gobierno lo financie la gente, como ha sucedido –expresa- durante las administraciones frenteamplistas.
La situación actual de la economía no es buena para la futura jerarca, ya que entiende que está estancada, sumado a que ha atravesado algunos trimestres de recesión. También se refiere a la considerable destrucción de los puestos de trabajo que ha sufrido el Uruguay en los últimos años, lo que atribuye a una política económica que ha fracasado.
Arbeleche asegura que desde el primer día en que asuma el nuevo gobierno, habrá que revisar en qué estado se entrega el país, en particular, la economía. En ese momento ya se podrá empezar a poner la casa en orden y dejar de cargarles a las personas el gasto estatal y, asimismo, poder descomprimir un poco la carga tributaria que hoy afecta al sector productivo.
