NICOLÁS CICHEVSKI, ECONOMISTA Y GERENTE DE LA PRÁCTICA DE ANÁLISIS ECONÓMICO DE CPA FERRERE
Para Nicolás Cichevski, la principal contribución económica del gobierno en este quinquenio ha sido la reforma de la seguridad social. A su vez, prevé que la reducción del déficit fiscal será “bastante menor” a la prevista y que el nivel del mismo será superior al necesario para estabilizar la trayectoria de la deuda. El economista considera, además, que Uruguay deberá procesar reformas que le permitan alcanzar mayores niveles de competitividad y crecimiento.
¿Cuáles fueron los puntos altos y cuáles las debilidades que tuvo el gobierno en materia económica este año?
La agenda del gobierno saliente estuvo condicionada inicialmente por la pandemia. En ese contexto creo que fue importante readecuar las exigencias del régimen de inversiones para incentivar la inversión privada, así como poner foco en la inversión pública en infraestructura vial.
A su vez, creo que en materia monetaria el gobierno logró avances concretos a instancias del énfasis que puso el directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) en reducir la inflación desde el histórico 8% a algo por debajo del 6%. A mi juicio, la principal contribución económica del gobierno en este quinquenio, por el costo político que implica su aprobación, ha sido la reforma de la seguridad social. El déficit del sistema debe estabilizarse, ya que no es otra cosa que un subsidio implícito a la población que recibe jubilaciones o pensiones, que hoy ronda los US$ 4.000 millones, más de 10 veces superior al costo de eliminar la pobreza monetaria. Cualquier política orientada en atender a la población más vulnerable, que en su mayoría no se beneficia de los subsidios al régimen de pasividades, requería de una reforma. Además, contribuyó a reducir el riesgo país, que reduce el costo de servir la deuda en un contexto de condiciones financieras globales más restrictivas. La institucionalidad fiscal fue una innovación positiva y ordenó la discusión en materia fiscal.
Sin perjuicio de ello, la reducción del déficit fiscal será bastante menor a la prevista y el nivel del déficit será superior al necesario para estabilizar la trayectoria de la deuda. Recordemos que este gobierno asumió con un déficit fiscal estructural de 4.5%, lo redujo a 2.6% en 2022 y planteaba reducirlo a 2.3% al cierre de 2024. En cambio, este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó que se ubicaría en 3.4%. Observando lo ocurrido hasta octubre, es probable que termine ubicándose por encima de 3.5%. Por otro lado, creo que los avances en materia de reformas “pro-crecimiento” fueron escasos. El gobierno asumió con cierto mandato de reformar el mercado de los combustibles, así como de reformar algunas áreas del Estado, y los avances fueron limitados. Claramente, la economía política de estos temas es compleja, máxime cuando no necesariamente existió consenso a nivel de la coalición, pero tengo la impresión de que el gobierno debió haber realizado un esfuerzo mayor en estos temas. Por último, creo que la “solución” propuesta para los deudores del Banco Hipotecario en UR fue negativa. Fue mala desde el punto de vista de la distribución de los recursos públicos y generó un mal antecedente en materia de reglas de juego y cumplimiento de contratos.
¿Cómo evalúa las propuestas económicas de las autoridades recientemente electas?
Existe cierto consenso a nivel técnico de que Uruguay debe incrementar su tasa de crecimiento, no solo porque ello implica mejorar el bienestar de la población sino porque es necesario para financiar incrementos del gasto público, ya que el margen para elevar la presión fiscal sin afectar la inversión y el empleo es limitado. A su vez, haber puesto el foco en atender a la población más vulnerable es acertado por motivos de equidad y porque es necesario desde óptica del crecimiento potencial. Los jóvenes que hoy transcurren su niñez y su adolescencia en condiciones de vulnerabilidad serán parte de la fuerza laboral en 20 años. Ha trascendido también que se buscará promover una agenda de “desregulación” o simplificación de trámites que distorsionan las actividades del sector transable, lo cual es bienvenido, aunque resta ver cual es su alcance y cómo se implementa. Creo que la discusión en torno a la actualización del “gasto fiscal” es bienvenida, aunque veo poco margen para realizar cambios significativos sin afectar la inversión privada y el empleo. La mayoría de estas excepciones existe para compensar ineficiencias y costos elevados de producción.
¿En qué contexto cree que se desenvolverá la economía uruguaya en 2025?
El contexto externo no será tremendamente negativo, pero no será favorable. Escaso dinamismo en China, potencialmente menor en caso de que se materialice la eventual guerra comercial, y una reducción más lenta que lo previsto de la tasa de interés por parte de la Fed mantendría los precios de los commodities debilitados, el dólar fortalecido a nivel global y los costos de endeudamiento elevados. Tampoco el contexto en la región es favorable, con Brasil “abaratado” por la incertidumbre fiscal. Quizá lo positivo provendría de la eventual estabilización de la economía argentina que confirme su reciente encarecimiento relativo.
En materia económica, ¿cuáles son los temas más urgentes a resolver en el corto y mediano plazo?
Si bien existe cierto consenso en que se debe incrementar la tasa de crecimiento y la transferencia de recursos a la población más vulnerable, no es evidente que las reformas necesarias para lograr crecimiento sean parte del mandato que recibió el gobierno electo. El punto de partida será desafiante, ya que la próxima Ley de Presupuesto no podrá evitar incluir una proyección fiscal que incorpore una reducción del déficit hacia 2030 en al menos 1% del PIB. Reducir el déficit y financiar programas destinados a la población más vulnerable requerirá reasignar gastos dentro del Estado y de mayor crecimiento. Ello es plausible, pero complejo de instrumentar. En ausencia de un mayor dinamismo externo, Uruguay deberá procesar reformas que le permitan alcanzar mayores niveles de competitividad y de crecimiento.
¿Qué pasos se deberían dar para ser más competitivos, un aspecto en el que poco se avanza?
La agenda de reformas ha sido bastante discutida a nivel técnico y más allá de matices en cómo implementarla, implica corregir la regulación en algunos mercados que trasladan ineficiencias a otros. Solo a modo de ejemplo, el precio del gasoil tiene incorporado subsidios al transporte colectivo de pasajeros, las ineficiencias que genera la producción de cemento y caña de azúcar y la propia distribución del combustible. El problema radica en que en el corto plazo cualquier reforma tiene “perdedores” y ello no suele ser del debate. No considero que el gobierno electo haya recibido un mandato que implique “desatar vacas”, pero dada la necesidad de realizar cambios, será clave la forma en que se comunique, implemente y se atienda a la población que en el corto plazo se ve afectada. Similar análisis podría hacerse para otras áreas del Estado, la negociación colectiva y otros sectores regulados.
¿Cómo evalúa lo hecho por la actual administración en materia de inserción comercial internacional? ¿Se pudo haber hecho algo más?
Comparto el énfasis que se puso desde el punto de vista discursivo en que Uruguay debe abrirse al mundo, aunque obviamente por temas de escala, la voluntad de Uruguay no es condición suficiente. Es importante que Uruguay haya adherido al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
De todas formas, los beneficios de una mayor apertura no surgen únicamente del eventual aumento de las exportaciones. Importar más y a menor precio puede mejorar la competencia interna e incluso la productividad. ¿Para qué arancelar celulares y computadoras? Creo que hay una agenda pendiente en materia de reducción de aranceles y tasas, que no ha sido prioritaria por motivos fiscales en algunos casos y por proteger a ciertas industrias en otros.
