El surgimiento del “órgano de los intereses rurales y centinela de los derechos de los productores”

Repaso histórico

Como homenaje a los 150 años de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Empresas & Negocios comparte con sus lectores un capítulo del libro “Historia Económica del Uruguay”. En el mismo, el historiador Dr. José Claudio Williman, exintegrante del Consejo Editorial de CRÓNICAS, realizaba un repaso de los primeros hechos que abrieron el camino hacia la creación de la ARU.

La organización, que nació con el fin de ser el “órgano de los intereses rurales y el centinela avanzado de los derechos de nuestros productores”, como lo dijo el doctor José María Castellanos en el primer número de la Revista -una publicación destinada a defender los valores y voluntades de la organización-, el próximo 3 de octubre cumplirá oficialmente sus 150 años de vida.

Fueron los estancieros progresistas en la línea de la “modernización” quienes fundaron la Asociación Rural (ARU) en años de crisis económica y en plena Revolución de Timoteo Aparicio: 1871. El programa que se propusieron desde su instalación, identificaba los intereses pecuarios con los nacionales; la ganadería constituía el punto de partida para la expansión del país. En su momento, la realidad no estaba tan distante con la tesis, ya que el 90% de sus exportaciones tenían origen pecuario. La tesis, en cambio, venía a transformarse en su ideario de congelamiento de las futuras posibilidades industriales del país, tan pronto como se iniciara un proceso de diversificación de su producción para abandonar el “destino manifiesto de su especialización regional”.

Entre sus fundadores, se advierte que los extranjeros, especialmente los de origen inglés, tuvieron una presencia destacada. Los estatutos de la ARU estaban firmados por Juan Miguel Martínez, como presidente -aunque de la primera directiva lo fue Juan Ramon Gómez-, Juan Antonio Porrúa, Marcos A. Vaeza, Domingo Ordoñana -quien de inmediato pasó a ser su secretario perpetuo- Ricardo B. Hughes, Gustavo Heber, Enrique Artagaveytia y Lucio Rodríguez (secretario en ese momento). Y entre los demás fundadores, cabe citar aun a Federico E. Balparda, Juan Maria Perez, Alfredo de Herrera, Daniel Zorrilla, Blas Vidal, Lucas Herrera y Obes, Antonio María Marquez, Juan P. Caravia, Manuel Garcia de Zúñiga, Tomas Butler, Octavio Lapido, Perfecto Giot, Santos Urioste, Antonio F. Braga, Jose María Cibils, Aurelio Berro, Juan Quevedo, Juan Mackinon, Jose María Montero, Roberto Young, Manuel Herrera y Obes, Joaquín Requena, Adolfo Vaillant, Tomkinson y Jones, Juan J. Herrera, Félix Buxareo, Jose Pedro Ramírez, Carlos Crocker, Juan J. Durán, Carlos Reyles, Cándido Joanicó, junto a una larga lista de nombres destacados de la sociedad de entonces.

La Asociación Rural se constituyó, originariamente, como un núcleo relativamente cerrado, ya que por el art.30 de sus estatutos clasificaba a los socios en “fundadores”, “suscriptores” y “honorarios”, siendo los primeros los que adhirieran a los estatutos hasta el momento de constituirse la Asociación “y los que en adelante sean invitados por la Junta Directiva”. Por el art.4 solo los socios fundadores podían ser miembros “de la Junta Directiva y tener voto en su elección y en las deliberaciones de la Asamblea General”, con lo que se creaba así, a partir de la fundación, un verdadero sistema de cooptación.

Tuvo un primer impulso importante que la llevó a registrar entre 1871 y 1874, 412 socios fundadores y 700 en total, con las demás categorías. Pero la crisis de 1875 la afectó profundamente, especialmente en lo que a aportes sociales se refiere, por lo que en 1884 su vicepresidente, Justo Carta, estimaba los socios fundadores en unos 100 miembros, no pasando de 20 los activos. Así, con los años, sus miembros activos fueron fundamentalmente los hacendados vinculados a Montevideo, y aun los más progresistas, ya que muchos se borraron por ser contrarios a soluciones apoyadas por la institución en el Código Rural (1876).

El 15 de marzo de 1872, apareció el primer número de la Revista de la Asociación Rural del Uruguay, bajo la dirección del doctor José María Castellanos. El editorial, que llevaba por título “Nuestro Programa” mostraba a la institución como “el órgano de los intereses rurales y el centinela avanzado de los derechos de nuestros productores”. Recordaba que la campaña es “la única fuente de producción que tenemos”, y principal proveedora de rentas con que el Estado financiaba sus gastos; se proponía “hacer respetar la propiedad y la vida, a contribuir a que la educación llegue hasta el solitario rancho, a que los dineros del municipio sean manejados y empleados como corresponde, a mejorar nuestro sistema de policías, a estudiar los impuestos, en una palabra, a tratar toda cuestión que sea de interés general”. El editorial terminaba invocando “la majestuosa trinidad de la República: Libertad – Igualdad – Fraternidad”, con lo que dejaba en evidencia la indiscutible presencia de integrantes de la Masonería del Uruguay.

La Revista, que en 1889 tiraba 1.200 ejemplares en forma quincenal, cumplió una notable labor de difusión no solo de su ideario, sino también de información técnica, llegando a un público por cierto mucho más extenso que el de sus propios socios: ministerios y oficinas públicas en general, maestros y escuelas, juzgados, comisarias, Juntas Económicas Administrativas, jefes políticos, etc.

Exaltó el trabajo, el ahorro y la sobriedad, virtudes estas a las cuales atribuían su éxito, y con ser típicas virtudes burguesas -que como vinculadas a esta clase europea bien conocían- eran también principios de un estilo de puritanismo inglés que integraban los valores de mayor recibo de una Inglaterra de la cual venían muchos de esos integrantes de la nueva clase alta rural, como hemos visto.

“La posición del gremio de los hacendados –dice Andrés Vázquez Romero– fue muy coherente en cuanto a la relación que existía entre las funciones inherentes al Estado y su ubicación en la sociedad; un Estado intervencionista en todo aquello que estuviera dirigido al mejoramiento de la situación general del país y encargado de las tareas no específicamente realizables por los particulares. Al tiempo que cumplía con el objetivo prioritario de lograr la paz interior y unificar al país, el Estado debía instrumentar, sin dilaciones, las medidas conducentes a la afirmación del derecho de propiedad, a la ‘estabilidad de lo poseído’, pues la relación entre la propiedad de la tierra y la explotación era considerada por los rurales -con razón- la condición básica para el mejoramiento de los establecimientos”

Esa presencia del Estado debía hacerse incluso al margen de la legitimidad formal de quien gobernara. Ello explica las palabras que Ordoñana afirma haberle trasmitido al coronel Latorre con motivo de la toma del poder: “Me permití indicarle algunas de las medidas que concurriesen a dar a la campaña la se seguridad en la vida y en la propiedad, haciéndola al fin habitable, encauzando al efecto, con manos vigorosas, las corrientes desbordadas”.

“Los ideales rectores del programa de la Asociación Rural del Uruguay -afirmará. W. Reyes Abadie- hicieron de esta y de sus hombres el centro de inspiración y apoyo más calificado de la gestión económica del gobierno provisorio. Las sumarísimas ejecuciones de matreros, el Reglamento de Policías Rurales, las exenciones impositivas a la importación de alambres y postes, la organización de ferias y concursos con premios y estímulos para la producción pecuaria y otras medidas adoptadas por el gobierno de Latorre con prontitud y siguiendo las pautas y proyectos originarios o sometidos a la consulta de la gremial rural, ratifican ampliamente el aserto”.

Entre los indiscutibles aportes de la ARU debe recordarse la participación en la creación del Código Rural. El 4 de julio de 1873, el senador Juan Ramón Gómez, fundador y presidente de la institución, presentó un proyecto de ley por el cual se encomendaba a la Asociación Rural la redacción de un Código Rural. En agosto de 1873 quedó integrada la Comisión Codificadora por el doctor Joaquín Requena y los hacendados Domingo Ordoñana y Daniel Zorrilla, haciéndose responsable de la secretaria Francisco Xavier de Acha. La Revista de junio de 1874 informa que había finalizado la labor y el Código estaba en condiciones de ser elevado a las autoridades.

En el conjunto de ideales que la ARU expone a través de su prédica y, particularmente en su Revista, el problema del proteccionismo y libre cambio constituye uno de los de mayor interés, especialmente porque la historiografía ha tendido a afirmar la posición librecambista y liberal de la Asociación. El doctor Frick Davies recoge y participa de la tesis de que la Asociación tuvo en sus comienzos una posición proteccionista, justificando tal interpretación con las palabras de Ordoñana expresadas en 1875: “El país necesita alzarse y es mentira, es engaño creer que eso puede suceder por su propia virtud y sin que se le faciliten muletillas de apoyo. Es necesario suprimir esas entradas de productos industriales que hacen terrible competencia a los propios…”.

Luego, la entidad modificó su posición -dirá Frick Davies- pero lo hizo cuando se enfrentó a un proteccionismo generalizado y especialmente a un proteccionismo contrario a la producción agropecuaria. La ARU llegó a contradecir a la “Liga Industrial” (fundada en 1879) cuando pretendió ese tipo de proteccionismo.

En 1887, el presidente de la ARU, Luis Lerena Lenguas, en colaboración con don Federico R. Vidiella, presentaron un proyecto de creación de los libros genealógicos para las razas vacunas y caballares importadas, así como para sus descendientes nacidos en el país. Aprobada tan importante iniciativa, las primeras inscripciones aparecen en la Revista de setiembre de 1887. Don Félix Buxareo Oribe realiza tres inscripciones de raza Shorthorn, importadas de Inglaterra, Eduardo Zorrilla realiza la 4ta. inscripción y la 1ra. de raza Hereford (siete reproductores); la 5ta. es de Leoncio Correa, con Shorthorn de Francia y la 6ta. es del general Máximo Santos -estando ya fuera del país- siendo la 1era. de especies equinas. Dos años después, en 1889, se habían registrado 19 animales de la raza Durham, 45 de la raza Hereford, tres de la Devon, uno de la Angus y 20 Stud Book (yeguarizos).