El 27 de junio pasado, en el Nuevo Centro de Eventos del LATU, la empresa Cutcsa desarrolló su Asamblea General anual, donde se recogió un apoyo unánime a Juan Salgado.
En los 30 años de gestión como Presidente de Cutcsa, Salgado puso a consideración de los accionistas la Memoria y Balance correspondiente al año 2024, aprobándose su gestión y del Directorio de la empresa por unanimidad de los 1.719 votos presentes.
La Mesa la integraron, además, el Secretario de la Asamblea Juan Pablo Salgado, Carlos Miglino, como nuevo gerente general y Rosana Sánchez, asesora contable de la empresa.
Luego de finalizada la Asamblea el presidente de Cutcsa y de la Cámara de Transporte homenajeó a Fernando Barcia por su retiro como gerente general y habló sobre la nueva función de éste como Presidente de Cutcsa Tecnologic, finalizando la sesión con una puesta a punto sobre lo que resta por hacer en este 2025, temas como el cambio de matriz energética, incorporación de nuevas tecnologías.
También se refirió con mucha preocupación al último año de la administración comunal del Intendente Zunino y de los atrasos en los pagos de los subsidios por parte de éste. Salgado considera que es la primera vez que se llega a un desastre financiero tan importante y un incumplimiento de los recursos comprometidos con las empresas de transporte sin precedentes en las administraciones comunales desde Tabaré Vázquez hasta la administración iniciada por Carolina Cosse.
De todas maneras Salgado compartió que se espera con ansiedad y expectativa no sólo por parte de Cutcsa sino de todas las empresas del sistema el cambio de autoridades municipales con el convencimiento que se volverá a la cordura, responsabilidad y cumplimiento de lo acordado y no de la forma en que se actuó durante el último año que no se puede determinar si se actuó entre irresponsabilidad o discriminación por parte del Intendente Zunino ante un servicio tan necesario para los montevideanos.
La Asamblea brindó un apoyo unánime e incondicional a tomar las acciones que sean necesarias para proteger los legítimos intereses de las empresas, de las fuentes de trabajo y del servicio público que el sistema brinda a los montevideanos todos los días.
