Ramiro Correa, economista jefe del Centro de Estudios para el Desarrollo
La Ley de Presupuesto y las proyecciones macroeconómicas que sustentan lo plasmado allí, tienen “supuestos optimistas”, según lo entiende Ramiro Correa. Así lo explicó en entrevista con CRÓNICAS, en la que también reconoció las medidas de “desempapelamiento” introducidas y apuntó a la posibilidad de “desarmar” en fases la tasa consular. Por otro lado, en cuanto a las modificaciones tributarias incluidas en el documento, el economista dijo que el IVA a las compras en el extranjero por franquicias y el IRPF a las ganancias de capital “son claros aumentos de impuestos”.
-Las proyecciones macroeconómicas del MEF para la elaboración del presupuesto apuntan a un crecimiento de la economía del 2,4% y la estabilización del déficit fiscal en 2029 en el 3%, entre otros aspectos. ¿Cómo las valora?
-Cuando se realiza una Ley de Presupuesto, se plantea un escenario macroeconómico de cinco años hacia adelante. Creo que las proyecciones de crecimiento económico que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el presupuesto están en el plano del optimismo por una serie de razones. Se plantea que la economía uruguaya desde el 2025 hasta 2029 va a crecer al 2,4% anual real en promedio. Y son optimistas, porque si se mira el pasado, en la última década, Uruguay creció al 1% real en promedio anual y, por lo tanto, el MEF estima que este quinquenio más que se duplicaría esa tasa de crecimiento. En segundo lugar, cuando se miran las proyecciones del comité de expertos, que es parte de la institucionalidad fiscal y que brinda insumos al MEF, muestran un crecimiento del 2,2% para los próximos cinco años, al igual que la encuesta de expectativas del Banco Central del Uruguay (BCU), que también están por debajo de lo que plantea el MEF. Por lo tanto, las autoridades económicas están siendo optimistas en la tasa de crecimiento que esperan para la economía. Esto no es menor, porque a partir del crecimiento de la economía es que se proyecta la recaudación, el gasto público necesario y todo lo demás. En términos de inflación, el MEF se planta en una inflación que va a estar en el entorno del 4,5% durante todo el quinquenio, que es el objetivo explícito del BCU. Sin embargo, en este punto cabe decir que Guillermo Tolosa, cuando asumió como presidente del BCU, dijo que el objetivo de corto plazo era de 4,5%, pero que se planteará ir hacia una inflación más baja en el largo plazo, en el entorno del 3%. Parecería que el MEF eso no lo cree posible, porque mantiene la inflación en todo el quinquenio en el 4,5%. Lo otro que llama la atención es que se plantea un valor del dólar que va a evolucionar por debajo de la inflación, lo que impactaría en las importaciones. En su conjunto, este es un presupuesto de supuestos optimistas, que va a quedar muy amenazado si el crecimiento económico no se cumple tal como se prevé.
-Gran parte de las proyecciones dependen de cuánto crezca la economía y en gran medida ese crecimiento estará condicionado por el nivel de inversiones que lleguen al país. ¿Hay en el presupuesto medidas necesarias para apalancar un crecimiento de la inversión?
-Gabriel Oddone ha marcado que Uruguay tiene un problema de crecimiento y que debe crecer más, y para ello es necesario atraer inversiones. Uruguay necesita realmente hacer crecer su proporción de inversión con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) en el entorno del 6% extra de lo que ya tiene hoy. Estamos hablando de aproximadamente US$ 4.000 millones de inversión adicional cada año. Son montos realmente grandes y cuando se mira lo que hay en el presupuesto para facilitar la inversión, surgen un conjunto de medidas que ya se habían anunciado previamente que tienen que ver con rebajas tributarias y aumento de beneficios para inversores. Estas apuntan a la desburocratización del Estado, facilitación de trámites y reducciones de costos, que van en el sentido correcto, pero el impacto que pueden tener es acotado. Me es difícil imaginar un crecimiento del ratio inversión sobre PIB solamente en base a este conjunto de medidas anunciadas. Creo, más bien, que ese ratio se va a lograr aumentar si en el horizonte cercano aparece algún megaproyecto de inversión extranjera directa, como ha pasado en las últimas décadas, donde los grandes empujes se han dado por los megaproyectos extranjeros. Nada de eso hay en el horizonte, quizás en el Poder Ejecutivo estén manejando algún proyecto grande que se mantenga en silencio, pero de momento no hay nada público.
-En línea con lo que menciona, ¿qué entiende que hace falta para promover una mayor cantidad de inversiones en el país?
-Entiendo que hace falta intentar resolver, de manera considerable, los problemas que sufre la empresa uruguaya. Hablo de cargas tributarias, cambios en la regulación del funcionamiento de las empresas y las leyes laborales. Son cosas que cualquier empresa uruguaya, pequeña, mediana o grande, identifica como un problema para el crecimiento y la inversión. Y esas cosas son las que se espera que surjan. La realidad es que Uruguay hoy en día es un país que, en comparación con la región, es caro y tiene un peso del Estado sobre la economía considerable. Por lo tanto, eso hace que la economía crezca débilmente. Si bien tenemos fortalezas como la institucionalidad, una macroeconomía sólida y estable, con una inflación baja y respeto por las reglas de juego, solo con eso no es suficiente. Hay que ser más creativos en este sentido. Cuando se mira el último gran proyecto de inversión que recibió Uruguay, que fue la segunda planta de UPM, lo que pidieron los inversores para realizar esa inversión fue estar en una zona franca y pagar menos impuestos, infraestructura y paz sindical. Eso es una muestra de lo que efectivamente se precisa para atraer proyectos de inversión grandes y de manera continua a Uruguay.
-En cuanto al “desempapelamiento” del Estado, con el paquete de 13 medidas que anunció el MEF a mediados de julio, ¿cree que hay lugar para ir hacia medidas más profundas, teniendo en cuenta lo que hace a la recaudación?
-Las medidas anunciadas de desempapelamiento del Estado son muy reconocibles y van en el sentido correcto. Oddone, que viene de un pasado empresarial, tenía el diagnóstico claro y actuó en consecuencia de eso. El margen y la intensidad tal vez fueron bajos y entiendo que hay espacio para ampliar esto, porque hay muchas medidas que se pueden tomar y que no tendrían un impacto en la recaudación. Me refiero a lo que tiene que ver con regulaciones del tipo habilitaciones, permisos o registros, que no tienen impacto sobre la recaudación y pueden ayudar a acelerar procesos de inversión, comercio y producción. El problema es que es una agenda muy minuciosa y estamos hablando de una agenda de reformas microeconómicas.
-¿Se podría desarmar la tasa consular, teniendo en cuenta el peso que tiene a nivel de recaudación?
-Se puede pensar en desarmar en fases la tasa consular. También tenemos cuestiones como permisos bromatológicos para importación. Esto es algo en lo que se trabajó intensamente en el período de gobierno anterior, que fue la habilitación técnica y bromatológica de distintos productos para varios mercados, que no estaba asociado a cuestiones arancelarias, sino a la habilitación para exportar ciertos productos. Gracias a eso se habilitaron 100 mercados, donde hay algunos productos estrella como el mondongo a China y la lengua bovina a Japón, que hoy en día representan decenas de millones de dólares de exportación, que antes no existían. Y como ese trabajo que se realizó, sin lugar a duda, hay muchas cosas más que se pueden hacer.
-¿Qué valoración tiene sobre las medidas impositivas incluidas en la Ley de Presupuesto? ¿Cree que se trata de nuevos impuestos o es simplemente la ampliación del alcance de impuestos ya existentes?
-El Impuesto Mínimo Global no es la creación de un nuevo impuesto y tampoco el aumento de uno ya existente, sino que es la localización del pago de un impuesto que antes se hacía en otras jurisdicciones y ahora se hará en Uruguay. Es una medida absolutamente atinada en el contexto de que existen impuestos y en ese sentido el Estado uruguayo los trae a sus arcas. En lo que refiere al IVA a las compras de bienes y servicios bajo el régimen de franquicias al exterior, sin lugar a duda es un aumento de impuestos. Si bien es un impuesto existente, porque el IVA ya lo pagamos, ahora pasa a pagar IVA el que antes no lo pagaba. Se lea como se lea, es un aumento de impuestos. Yo antes compraba en Temu y no pagaba IVA y ahora lo voy a empezar a pagar. En cuanto a los cambios en el IRPF tampoco aparece un nuevo impuesto, es una adecuación del IRPF, pero al final del día implica mayor recaudación y pago de impuestos por parte de los agentes. En definitiva, el IVA a las compras en el extranjero y el IRPF a las ganancias de capital son claros aumentos de impuestos.
“Es muy rentable invertir en primera infancia en términos económicos y sociales”
-¿Cree necesaria la implementación de políticas de shock en el abordaje de las prioridades, como en el caso de la pobreza infantil, por ejemplo?
-Hay dos grandes rubros de crecimiento del gasto público. Uno son las partidas incrementales, que comienzan con US$ 140 millones y que posteriormente se incrementarán año a año hasta llegar a los US$ 240 millones, y dentro de eso el 40% estará destinado a políticas de infancia. Yo digo que es muy rentable invertir en primera infancia en términos económicos y sociales y está absolutamente demostrado. Por lo tanto, todos los recursos que se puedan volcar en esta área, es una buena cosa. Sin embargo, dada la presión fiscal que tiene Uruguay, para llevar adelante una política de shock de algo significativo, no debería hacerse en el marco de aumentar impuestos o el gasto público, sino de buscar espacios en el presupuesto del Estado. Entonces, me gustaría una política de shock más grande, pero que el espacio fiscal destinado a ello sea con los recursos ya existentes, no con el aumento de recursos que traigan aumento del gasto y de la presión fiscal.
“Los cambios introducidos en la institucionalidad fiscal debilitan a la regla existente”
-El presupuesto trae modificaciones a la institucionalidad fiscal, al eliminar el tope de gasto en la regla fiscal y fijando un tope de deuda en pesos como porcentaje del PIB. ¿Cree que esto debilita la institucionalidad fiscal?
-Creo que este es uno de los cambios más relevantes que plantea la Ley de Presupuesto. Desde mi punto de vista, los cambios introducidos en la institucionalidad fiscal debilitan la regla existente. Uruguay pasó a tener una institucionalidad fiscal sólida y seria por primera vez a partir de 2020. Antes, el país tenía una regla de tope de endeudamiento que es muy similar a lo que tenemos hoy en día. Antes de la regla fiscal, el tope de deuda se incumplió la enorme mayoría de los años y así funcionaba. Eso llevó a un deterioro estructural de las finanzas públicas y a que la deuda creciera, mientras que, en 2020, con ese diagnóstico, se llegó a la regla fiscal con sus tres pilares y una visión estructural de las finanzas públicas. Esta nueva regla fiscal elimina el tope de gasto y establece un ancla de deuda que es algo así como el máximo endeudamiento sobre el PIB al que se puede llegar. Ese tope está en el 65% del PIB. Entiendo que estos cambios vuelven más laxa a la regla fiscal.
