Que no hay margen para expandir el gasto público es algo que Carlos Steneri tiene claro y cree que se trata de una tarea permanente para bajarlo y consolidar la situación fiscal. Pero también es consciente de la importancia de abordar la situación de la pobreza infantil, sobre lo que declaró que si se trata de una prioridad para el próximo gobierno “debe haber espacios” dentro del gasto público que se puedan reducir para transferir a esta problemática. Así declaró en una entrevista que concedió a CRÓNICAS, en la que además abordó el atraso cambiario y los desafíos que el país tiene para crecer.
-El último anuncio del Comité de Política Monetaria (Copom) fue ajustar al 8.5% la tasa de interés, luego de que el presidente se reuniera con distintas gremiales empresariales y le plantearan su preocupación por la situación cambiaria. ¿Considera que esta medida es acertada para atender esta demanda?
-El atraso cambiario no es algo que esté relacionado directamente con el valor del dólar, porque es solamente un indicador de todos los que hay que mirar. El atraso cambiario tiene causas mucho más profundas. Primero, hay que tener en cuenta que un país chico siempre es caro porque no hay economía de escala en las transacciones y a su vez Uruguay, a mi entender, tiene formas de hacer transacciones internas que no son eficientes, porque hay regulaciones inadecuadas que generan costos más altos. Un ejemplo de ello son algunas regulaciones en la distribución de combustibles o en el requerimiento de certificados para hacer determinados trámites, que, si esas cosas no estuvieran presentes, el costo país sería más bajo. En este problema está la esencia de lo que explica parte del costo país. Por otro lado, puede haber un aumento del costo país cuando las políticas de ingresos están desalineadas con la trayectoria de la inflación. Si vos tenés una pauta salarial que no responde estrictamente al comportamiento de la inflación, surge un problema, porque se puede estar trasladando inflación inercial, donde si esos salarios están desalineados con el tránsito de la inflación, se genera un costo mayor. Esto origina la percepción de que hay un costo más alto y que se resuelve con la devaluación, lo que no es cierto. Este fenómeno responde a cambios estructurales que son difíciles de llevar adelante y que no se resuelven con una devaluación. A su vez, cuando se instala una política y se toma como objetivo contener la inflación, lo que se hace habitualmente en todas las situaciones similares en todos los países es subir la tasa de interés para frenar la demanda agregada y con eso tratar de quebrar las expectativas de la evolución futura de los precios. Esto es lo que dice la teoría, la aplicación es más un arte que una fórmula estricta. En el caso particular de Uruguay, se puede decir que ya hubo indicios, a fines del 2023, de que la inflación ya había tenido un cambio de tendencia hacia la baja y quizás desde finales del año pasado podría haber comenzado a bajar la tasa de interés. Esto es una percepción, porque también, en descargo a favor del BCU se puede decir que si se afloja antes de tiempo, todo el esfuerzo anterior está perdido. Este llamado atraso cambiario o costo país no se resuelve simplemente ajustando la política cambiaria.
-Menciona el costo país y las regulaciones, ¿cómo cree que esto se soluciona?
-Hay que hacer lo que se debe hacer, y sobre esto se viene hablando desde la academia desde hace dos décadas. Pero si se miran las agendas de casi todos los candidatos a la presidencia, este tema no es prioritario. Sabemos que los costos de distribución de los combustibles encarecen su precio. La Ley de Urgente Consideración (LUC) tiene un artículo que habla de flexibilizar y mejorar la distribución de estos, y este tema fue postergado en esta propia administración. La razón fue la oposición de los que se sienten afectados por esta medida y así podemos seguir la cadena y podemos hablar de los certificados notariales y de las dificultades que hay para flexibilizar el modo de transporte en nuestro país y que haya más competencia. Hay que desplazar todos estos impedimentos para tener un sistema de transacciones doméstico mucho más eficiente y barato, pero es muy difícil.
-Es difícil porque se tocan intereses.
-Si, es una realidad que existe. Otro ejemplo es la flexibilidad y las cláusulas que protegen el salario cuando hay una pérdida del mismo porque el aumento salarial estuvo por debajo de la inflación. La pregunta que debemos hacernos es, cuando hay una baja de la inflación y los salarios fueron ajustados previamente suponiendo una inflación más alta, ¿hay una cláusula de flexibilidad en ese sentido? Entiendo que la flexibilidad y las cláusulas que operan en ese nivel deben ser operativas tanto a la suba como a la baja de la inflación porque, de esa forma, todo el esfuerzo que pueda hacer el BCU para contener la inflación, de alguna manera queda diluido por la inflexibilidad que hay en la formación de los precios domésticos, entre ellos, los salarios.
-Dentro de las posibles soluciones a esta problemática, ¿qué importancia tiene la inserción internacional?
-El atraso cambiario y el costo país es algo que se puede mitigar con una mejor inserción internacional y con un mejor acceso a los mercados. Si se logra una rebaja de 10% en un determinado producto al acceder a un determinado mercado, es como haber obtenido una devaluación real del tipo de cambio del 10%. Entonces, el efecto práctico de una mejora del acceso a los mercados internacionales es equivalente a la mejora del tipo de cambio real. Por eso, la agenda del gobierno debe seguir apuntando hacia este aspecto, que tiene las restricciones que ya conocemos del Mercosur y de un mundo errático y que se cierra cada vez más.
-¿Cómo ve a Uruguay en materia fiscal? ¿Cree que el próximo gobierno deba encarar un ajuste?
-Todos estamos de acuerdo en que el nivel de gasto público que tiene Uruguay es alto, por lo cual no hay márgenes para seguir aumentándolo dado que la presión fiscal que hay para financiarlo es enorme, lo que dificulta al sector privado y con eso afecta la tasa de crecimiento. No hay margen para expandir el gasto público y hay una tarea permanente de bajar y consolidar la situación fiscal. Para hacerlo, en primer lugar hay que mirar todas las políticas que le son caras a la sociedad uruguaya, como la protección, la salud y la educación, ver en qué lugares ese gasto ya no es necesario, y ese ahorro destinarlo a esas políticas que acabo de mencionar pero en otros sectores, o simplemente bajar la carga impositiva. Hacerlo de otra manera y aumentando la emisión o el endeudamiento lo que hace es poner en dificultades a los logros que durante más de una generación han llevado adelante al país en materia de disciplina fiscal. Por lo tanto, más que ajustes, yo diría que es una tarea permanente. No estamos en una situación de crisis, donde sea necesario un ajuste fiscal ya, pero lo que sí es necesario es ser muy cuidadosos en cuanto a que una displicencia fiscal puede implicar la pérdida del grado de inversión o hacer que en nuestra senda de largo plazo el endeudamiento no sea sostenible, lo que oblige a una contracción severa e instantánea del gasto.
-¿Y cómo se atiende la pobreza infantil?
-La pobreza infantil sin dudas es un gran desafío. Si la pobreza infantil es una prioridad, debe haber espacios dentro del gasto público que se puedan reducir para transferir a esta problemática. Aquí la sociedad debe tomar en cuenta que esto es una decisión social, que después la política la recoge y la instrumenta en la práctica. Nosotros nos encontramos con que el nivel de pobreza menor que hay en nuestro país está entre los mayores de 65 años, lo que es fruto de un sistema de seguridad social muy grande y efectivo, con una amplia cobertura. Pero esta debe tener un límite, porque no se pueden atender los dos extremos de la pirámide etaria de la misma manera. En materia de protección social estamos llegando a un límite al respecto de las franjas etarias más altas, que le está costando a la sociedad no poder atender la pobreza infantil. Esta realidad es dura, pero tenemos que tomarla como un parámetro para toda la sociedad, y eso implica decisiones políticas. Además, hay que tener en cuenta que los niños no votan, y está estudiado que se genera un sesgo y se gasta más en la seguridad social destinada a las personas mayores.
“El desafío es crear condiciones para que el país sea más rentable para el inversor y de esa manera crear mayor nivel de actividad”
-Otro de los grandes desafíos que tiene el país es el crecimiento. ¿Qué debe hacer el próximo gobierno para generar las condiciones adecuadas para que Uruguay crezca y mantenga, al mismo tiempo, la estabilidad macroeconómica?
-Uruguay, para crecer, debe ser menos caro y que los recursos que se emplean sean más productivos, lo que se logra a través de mayor educación en los distintos estamentos. Deben existir mayores destrezas que permitan que cuando se adquiere capital físico más sofisticado, el trabajador se convierta en un bien complementario que haga aumentar la productividad y el valor de lo producido. Acá en Uruguay hay un círculo virtuoso y el desafío es crear condiciones para que el país sea más rentable para el inversor y de esa manera crear mayor nivel de actividad. Ahora, si hablamos de hacer políticas sectoriales para el fomento de una actividad en particular, creo que el sistema actual de promoción de inversión debería ajustarse a la realidad, en el sentido de que hay mucha promoción que no genera aumentos de productividad significativos y creo que es más un subsidio para algo que se podría haber hecho de otra manera. Si tomamos al sector primario como uno de los puntales más importantes de nuestro quehacer económico yo apostaría a fortalecer el sistema de riego, que brinde mayor volatilidad a la producción agropecuaria, sobre todo en algunos cultivos, para mitigar el impacto del clima y obtener mejores rendimientos por hectárea. También habría que hacer algo similar en la industria lechera, que es muy sensible a los cambios del clima.
“La ley de usura no es un tema para incluir en la Constitución”
-¿Qué postura tiene al respecto de la ley de usura?
-La ley de usura no es un tema para incluir en la Constitución. Además, el tema de la usura, si la hubiera, es algo que se puede mitigar a través de mayor información. En otros países, todos los anuncios y propagandas sobre crédito al consumo requieren anunciar cuál es la tasa de interés implícita, que acá no aparece. Es algo sencillo, pero es importante para que la gente pueda comparar entre las distintas ofertas disponibles y ver su costo real. También hay que dotar a la gente de cultura financiera, que sepa qué es una tasa de interés, cuál es el costo real de un préstamo y de una decisión financiera y, por último, limitar una oferta de crédito que está regulada en cuanto a su transparencia, que lo que va a generar es la creación de un mercado negro, que es mucho más nocivo, porque va a cobrar tasas más altas y va a operar con otras condiciones de cobro que no son las más adecuadas.
