María Dolores Benavente, presidenta de la Academia Nacional de Economía
En los últimos 15 años, Uruguay ha experimentado algunos avances importantes, como la recuperación del grado de inversión en 2010, la aprobación de la Ley de Urgente Consideración en 2020 y reformas en educación y seguridad social que se sancionaron en 2023. Sin embargo, muchas de las transformaciones más profundas ocurrieron antes de 2010, incluyendo reformas liberales, acuerdos internacionales como el Mercosur y avances en energía y tecnología. Para enfrentar los desafíos del mundo actual, el país debe apostar a una economía abierta y flexible, fortaleciendo sus acuerdos comerciales y reduciendo la burocracia estatal. Actualmente, las políticas fiscal y monetaria parecen estar mejor coordinadas, aunque las políticas salariales podrían generar más desempleo e informalidad si no se manejan con cuidado.
¿Cuáles considera han sido las grandes transformaciones que se han dado en la economía uruguaya en los últimos 15 años?
La mayor parte de las transformaciones se dieron antes del año 2010. En efecto, las medidas liberales de Alejandro Végh Villegas son de 1974; la Ley Forestal, de 1987; el Mercosur, de 1991; la Ley de Puertos, de 1992; la Reforma de la Seguridad Social, de 1995; la de liberación de la generación de energía eléctrica es de 1997; la Ley de Inversiones y promoción industrial, de 1998; la instalación de las plantas de celulosa fue a partir de 2003; y el Plan Ceibal es de 2006.
Concretamente, en los últimos 15 años, encontramos en 2010 la recuperación del grado de inversión (perdido en 2002); en 2020 la Ley de Urgente Consideración, que estableció la Regla Fiscal, con su Consejo Fiscal Asesor y Comité de Expertos; cambios en materia educativa y la creación de la Comisión de Expertos en Seguridad Social con el cometido de delinear las bases de una reforma de segunda generación, que finalmente se sancionó en el año 2023.
Es de destacar, asimismo, la convergencia de la inflación al rango meta establecido por el Banco Central del Uruguay durante los últimos dos años.
Finalmente, un paso importante en materia de apoyo a la innovación se dio con la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que, aunque con reservas, se aprobó en 2024.
¿Cómo debería insertarse Uruguay en este mundo económico y comercial de hoy, con problemas geopolíticos, donde cada vez tienen más relevancia los proteccionismos, y la amenaza de aumentos de aranceles se ha vuelto algo cotidiano? ¿Qué políticas debería adoptar el país para mitigar los riesgos geoeconómicos actuales?
Solamente con una economía abierta y flexible se estará en condiciones de enfrentar las repetidas turbulencias internacionales y regionales.
En efecto, un país de las dimensiones de Uruguay en cuanto a su mercado interno, solo puede encontrar viabilidad si abre su economía al mundo. En la pasada administración, con el empuje del canciller Omar Paganini y el vicecanciller Nicolás Albertoni, se avanzó en ese sentido, sentando las bases para nuevos acuerdos comerciales que se deberían estar concretando en la actual administración.
Sin embargo, no ha habido avances en materia de contar con una economía más flexible, con un peso del Estado que no cargue sobre los hombros del sector privado toda su ineficiencia y burocracia. Por el contrario, el número de funcionarios sigue rondando los 300.000, pese al avance de la automatización y de los trámites digitalizados.
Sobre todo durante la segunda administración de gobierno de Tabaré Vázquez hubo una crítica bastante extendida dado la inconsistencia entre la política salarial, la monetaria y la fiscal. Por un lado, había una política monetaria contractiva, por otro una política fiscal y salarial que terminaban siendo expansivas y eso tenía incidencia sobre la inflación. ¿Cómo analiza el escenario actual? ¿Considera que hoy hay mayor coordinación entre las políticas fiscal, monetaria y salarial?
El equipo económico actual es sumamente sólido y cuenta con reputación internacional. Asimismo, se han mantenido muchos de los valiosos cuerpos técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En materia fiscal, el ministro Gabriel Oddone ya ha manifestado que mantendrá y mejorará la regla fiscal avanzando hacia una regla fiscal dual, que contemple también el concepto de deuda prudente. Comentó que el MEF se encuentra trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) al respecto.
En materia salarial, en cambio, surgen algunas luces amarillas. En el anuncio de las nuevas pautas para los Consejos de Salarios estuvieron las máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y del MEF, reflejando que en ambos casos se sigue una misma línea. El problema es que estos lineamientos pueden tener consecuencias indeseadas. En efecto, las nuevas pautas implicarán más desempleo y/o informalidad, especialmente en los sectores de menores salarios y en los más jóvenes. No se puede olvidar que la tasa de desempleo de los menores de 24 años es de 25% y que la tasa de informalidad total (no aporte a seguridad social) es de casi el 22%. Más que clasificar por ingresos, las pautas debieron tener en cuenta sector de actividad, región y tamaño de las empresas.
¿Puede Uruguay aprovechar este momento de desconcierto de la economía mundial para atraer inversiones? ¿Están dadas las condiciones?
Uruguay tiene muchas cualidades a la hora de atraer inversiones. Para que esas ventajas comparativas sean competitivas (que no las tengan otros países), es necesario que las medidas económicas que las sustentan sean consistentes en el tiempo y coherentes entre sí. Toda vez que se amenaza el clima de negocios con propuestas descabelladas o populistas -tales como el último plebiscito sobre seguridad social, o los planteos de nuevos impuestos- se ahuyenta al inversor, tanto nacional como extranjero, y ello redunda en menor crecimiento y menor bienestar para el país. Del mismo modo, desbordes sindicales, como el que se está viviendo en estos momentos en la pesca, constituyen una muy mala señal para el desarrollo de las inversiones y por tanto del empleo.
¿Estamos en una nueva era de proteccionismo económico? ¿Qué países están impulsando más barreras comerciales y cuál cree que es el objetivo?
Claramente el país que más ruido está haciendo con este tema es Estados Unidos. Sin embargo, habrá que ver cómo se decantan las diferentes negociaciones que están llevando adelante, puesto que es claro que un mayor proteccionismo también redundará en menor competitividad para el propio Estados Unidos y así se lo han hecho saber diferentes economistas y think tanks de ese mismo país. El propio presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comentó que los aranceles de Trump implican mayor desempleo y una mayor inflación.
Sin embargo, las políticas proteccionistas tienen defensores encarnados no solo en la figura del presidente de los Estados Unidos o de otros países, sino también en nuestro propio país. Y así vemos que se mantienen a lo largo de décadas y diferentes gobiernos, protecciones a diversos sectores de actividad (automóviles, calzado, aceite, azúcar, textiles, entre otros), donde los beneficios están concentrados en unas pocas empresas y en el fisco y los perjuicios atomizados en toda la población.
