La ley que regula el financiamiento de los partidos políticos se encuentra vigente desde mayo de 2009. Sin embargo, desde 2017 se viene trabajando en una nueva norma. En 2018 un proyecto de ley se aprobó en el Senado, pero quedó sin efecto cuando llegó a la Cámara de Representantes, producto de una votación empatada. La iniciativa, que era impulsada por el entonces oficialismo, vio frustrado su avance, pero permitió que se estableciera un compromiso de tratamiento para la siguiente legislatura en una comisión especial. Esta trabaja desde 2020, pero no ha dado mayores resultados.
Para profundizar en el estado de situación del tratamiento legislativo, las debilidades de la vigente ley de financiación de los partidos políticos y sus posibles consecuencias, CRÓNICAS conversó con el politólogo Daniel Chasquetti y el extitular de la secretaría antilavado, Ricardo Gil Iribarne.
Para Chasquetti, la mayor dificultad que tiene la ley vigente desde 2009 es la falta de capacidad para poder ser aplicada. Desde su punto de vista, la Corte Electoral, organismo encargado de la vigilancia y el cumplimiento de la ley, no tiene las capacidades para poder ponerla en práctica.
El politólogo enfatizó en el hecho de que la misma no establece multas ni una regulación de la actividad a ser desarrollada por la Corte Electoral. Esto último tiene que ver con que no deja claro un protocolo de acción, como lo podría ser, por ejemplo, una auditoría.
Para el académico, se ha tenido desde 2009 una “práctica rutinaria” en la que los partidos mandan su declaración jurada, pero cuando se profundiza en ella “no representa lo que se recauda y lo que se gasta”.
El entrevistado concluyó que la actual ley “tiene problemas de diseño porque no garantiza el cumplimiento” y por ende termina siendo “un saludo a la bandera”. Advirtió que los partidos políticos se transforman en empresas que tienen “doble contabilidad”.
Según comentó, sería necesario contar con un organismo de control, que podría establecerse de forma descentralizada y necesariamente por fuera de lo que hoy representa la Corte Electoral. Por otra parte, apuntó a la necesidad de que tenga un carácter técnico y que cuente con determinados poderes jurisdiccionales.
El proyecto de ley de 2018
El proyecto de ley presentado en 2018 y que finalmente no prosperó, tenía como uno de los puntos que generó más opiniones contrapuestas la prohibición de donación a los partidos por parte de las personas jurídicas. Según recordó Chasquetti, este artículo produjo una gran discusión y finalmente no fue apoyado por los legisladores del Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado (PC).
De forma complementaria, también se bajaban los topes de donación, tanto de las personas físicas como de los mismos candidatos. Además, se establecía que todas las donaciones debían hacerse por medidas de pago electrónico, y que aquellas que fueran hechas en forma de “especie”, como algún material o descuento, también debían quedar registradas.
Otro de los puntos claves y que generó discordia fue la creación de una franja de publicidad en televisión que tendría carácter de gratuita y pasaría a ser distribuida bajo distintos criterios.
Por último, se establecía un esclarecimiento de la faceta de control, incluyéndose al Tribunal de Cuentas para el chequeo de cifras.
Por otra parte, se autorizaba a la Corte Electoral a la realización de auditorías y a la aplicación de multas.
La presente legislatura, solo una promesa
El escenario que le puso punto final al proyecto en la pasada legislatura tuvo como protagonista al ex diputado frenteamplista Darío Pérez, quien, en diciembre de 2018, dejó la sala y no le dio la posibilidad al oficialismo de levantar el receso parlamentario, que permitiría votar el proyecto. De todas formas, luego de ese suceso, los partidos se comprometieron a crear en la siguiente legislatura una comisión especial en Cámara de Diputados.
En julio de 2020 fue conformada y retomó los trabajos, tomando como punto de partida el proyecto que había sido sometido a votación en 2018. Según explicó Chasquetti, desde su creación siguió una dinámica sostenida de invitación a participar a diferentes actores.
Sin embargo, el politólogo se detuvo en una serie de hechos que tuvieron lugar a finales del año pasado. Desde filas nacionalistas se presentaría una propuesta alternativa al proyecto sobre el cual se había venido trabajando y se les entregó a los diputados del Frente Amplio (FA) un documento del proyecto de 2018 con señalamientos relativos al nivel de acuerdo con los distintos artículos. Sin embargo, el día en el que se entregaría la contrapropuesta, desde la coalición se manifestó que no se había logrado un consenso. Por su parte, el FA tampoco presentó un proyecto alternativo, cuestión que según el académico podría haber servido para darle vida a la comisión. Dados estos sucesos, Chasquetti está convencido de que “no va a haber ley”.
El problema de fondo
Ricardo Gil Iribarne comentó que no se puede asegurar que haya presencia de dinero proveniente del lavado de activos en los partidos políticos uruguayos. Subrayó que eso tiene que ver con el peso histórico y la salud con la que perduran estas organizaciones en el país.
Sin embargo, el extitular de la secretaría antilavado también dejó en claro que “tampoco se puede afirmar que eso no nos va a pasar”, y consideró que asegurar que Uruguay va a estar libre de ese tipo de prácticas es de “una ingenuidad brutal”. Sentenció su apreciación afirmando que, si no se hace nada, va a pasar, al igual que ya pasó en varios países de la región.
Acerca de nuestro país, recordó que en los últimos años ha habido políticos y funcionarios a los que “les gustó el beneficio personal por encima de su función pública”. En ese sentido, detalló que es de esperarse que en algún momento se puedan encontrar el que ofrece plata con el funcionario o político que le gusta la “plata fácil”.
Para finalizar, evaluó a la prevención como fundamental, ya que a su entender una vez que este tipo de dineros se meten en la política “pudren” el funcionamiento de toda la estructura estatal y, lo que es igual de importante, dañan la confianza de la gente en la democracia.
