Carlos Faroppa: “Sin zonas francas y sin forestación, caería el PIB desde todo punto de vista”

Carlos Faroppa, director general forestal


En las últimas semanas Uruguay ha experimentado una serie de incendios forestales sin precedentes a causa de la sequía y las altas temperaturas. Sin embargo, las consecuencias no han sido tan catastróficas como se pensaba al inicio, según explicó a CRÓNICAS el titular de la Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Por otra parte, el jerarca se refirió al indiscutible avance del sector forestal en la economía uruguaya y aseguró que fue un puntal para la atracción de inversiones y la mejora de la credibilidad del país a nivel internacional.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Cuáles son las principales tareas de la DGF en relación a los recientes incendios?

-Estamos haciendo revisiones de las condiciones en las respectivas áreas y vamos a hacer más comunicaciones para pedirle a la sociedad mayores cuidados. Es un momento muy vulnerable; la sequía y las altas temperaturas suponen una combinación compleja, y cualquier cosa puede encender un fuego.

-¿Cómo tomaron el hecho de que hubiera algunos incendios intencionales?

-Nos tomó por sorpresa. Eso explica la virulencia del fuego. En realidad, lo que vimos fue un fuego muy intenso empezado accidentalmente cuando se quemó el vehículo con elementos inflamables, y con las condiciones de humedad relativa, material de combustión, temperatura y viento, se extendió. Sí nos sorprendió el caso de Algorta, que cambiaba los frentes por el viento, porque volaban los materiales, y se descubrieron unos cinco focos agregados, es decir, el fuego estaba empezado y lo que hicieron fue agrandarlo.

-¿Cuáles han sido las mayores consecuencias de los incendios para el sector?

-El MGAP y el Ministerio de Ambiente dispusieron personal para hacer un relevamiento de los daños, sobre todo, de mayor urgencia: los ganaderos que se quedaban sin pastoreo y los apiarios perdidos. Por suerte, no hubo perjuicios en personas ni en viviendas. Hay falta de pastoreo para unos 1.500-2.000 vacunos, para lo cual se está buscando una solución. Igualmente, la semana pasada empezaron a distribuir raciones y fardos, o sea que se actuó de manera rápida.

Nosotros hicimos la cuantificación del impacto por sistemas satelitales y determinamos que entre campo y bosques se vieron afectadas 27.000 hectáreas y en montes unas 13.500 hectáreas.

En relación al sector forestal, se perdieron muchos millones de dólares, pero hay que cuantificarlo en campo, porque hay áreas en las que el fuego fue rápido y la madera no se estropeó, otras en las que sí se concentró y hubo daño, o plantaciones jóvenes que se perdieron.

-¿En cuánto tiempo se prevé una recuperación?

-Los que están mal se van a cortar rápidamente y a replantar en la próxima temporada –a partir de otoño-. El tiempo es muy importante en la forestación, porque lleva mucho, entonces, hay que cortar la madera que no está en condiciones o está estropeada, y renovar la plantación. Las que son jóvenes, de uno, dos o tres años, aunque se haya salvado una parte, hay que cambiarlas.

-El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo a CRÓNICAS que desde el sector forestal será necesario hacer algún tipo de autocrítica, para mejorar cuestiones que tienen que ver con los cortafuegos y la disponibilidad del agua, así como la distancia con los pueblos. ¿Qué piensa al respecto?

-El tema de la distancia ya se está trabajando, y vamos a determinar otras poblaciones que estén con algún riesgo para tomar las medidas precautorias lo antes posible, las talas o los mantenimientos adecuados, de modo de establecer a qué empresa le corresponde hacer cada tarea y empezar los procesos. La terminación de los trabajos de distanciamiento está prevista para noviembre del próximo año, porque son muchas hectáreas.

También está el plan paliativo para apicultores –cuyo daño es mucho menor de lo que se habló inicialmente- y ganaderos –raciones y fardos y búsqueda de campos alternativos; los productores forestales están cediendo algunos-.

Hay que tomar más medidas de inspección y las empresas tendrán que hacer más. No es homogéneo, en algunos lados tenemos muy buenas condiciones y en otros no tanto, eso es lo que hay que regularizar.

-Se ha hablado de que este ha sido un incendio sin precedentes, pero usted recién comentaba que el daño quizás no fue tan grande.

-En algunos medios de prensa hubo una magnificación. El evento fue muy importante porque fue el más grande del país, no cabe duda, pero hubo una magnificación de daños que en la realidad no existió. Al principio hubo gente que decía: “perdí cabezas de ganado”, “perdimos miles de colmenas”, pero, por ahora, según las cifras oficiales, no hay animales perdidos. Sí hay alambrados perdidos, que las empresas van a reponer, y unos 600 apiarios que desaparecieron. Por lo tanto, no fue tan cuantioso el daño con respecto a lo que fue el incendio.

En cuanto al sector forestal, los productores que van a perder la producción tendrán que solventar los costos para replantar, por más que haya seguros. En el fondo, el seguro es un paliativo para que uno pueda sacar los escombros y volver a plantar, pero no te paga el valor ni el tiempo de espera, es pérdida pura.

Por otro lado, quiero destacar el esfuerzo de la sociedad civil, los vecinos, los bomberos, las empresas, que trabajaron mucho.

“El sector forestal fue uno de los que atrajo inversiones de afuera e hizo más visible al Uruguay como un país confiable”

-¿Qué evaluación hace de la evolución del sector forestal en Uruguay en estos más de 30 años?

-La Ley Forestal (de 1987) fue una muy buena ley que visualizaron nuestros antecesores forestales, los agrónomos, los técnicos, porque esto arrancó con la CIDE (Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico) en los 60, ahí se empezó a planificar y a determinar un estudio cartográfico del país.

La ley trajo muchas inversiones, cumplió y sobrepasó las metas trazadas, y hay mucho camino por recorrer. Esto no significa más plantaciones, sino el agregado de valor. Hoy tenemos muy a mano lo que es la economía circular, los biocombustibles y lo que hace a la contribución de captación de CO2, y en eso el sector forestal juega un rol importante. Eso, sumado a algunas prácticas agrícolas y ganaderas, va a hacer que Uruguay llegue a ser un país carbono neutral. Hay mucho que trabajar.

Uruguay es el único país de Latinoamérica cuyo monte nativo creció en estos más de 30 años, mientras que en todos los otros países decreció. Además, hoy el rubro forestal es el segundo sector exportador, y es probable que superemos los 3.000 millones de dólares de exportaciones –actualmente estamos en el orden de los 2.000-.

-¿Qué expectativas genera la nueva planta de UPM?

-El problema era traer la primera inversión, que fue muy difícil, porque en el año 2002-2003, cuando empezamos a trabajar con ese proyecto, Uruguay estaba en una crisis económica y aparte no estaba acostumbrado a tener inversiones de ese porte. Cuando se abrió el camino con esa planta, atrás vino más inversión forestal, agrícola, industrial, y lo estamos viendo hoy. El sector forestal fue uno de los que atrajo inversiones de afuera e hizo más visible al Uruguay como un país confiable en todos los aspectos.

-Cabildo Abierto propuso limitar la forestación para aquellos predios de prioridad forestal y que el área total dedicada a la actividad no supere el 10% de la superficie nacional. El proyecto tuvo el apoyo del Frente Amplio, pero, tras ser aprobado, fue vetado por el presidente Lacalle. ¿Cuál es su posición sobre la iniciativa?

-Una tercera limitación que establecía era que si se quería vender el predio había que destoconar y, eventualmente, si no se podía, hacer un bosque nativo. Eso demuestra la falta de conocimiento, porque técnicamente no es posible hacer eso siempre, dado que los montes nativos crecen en los lugares correspondientes a su ecosistema.

El proyecto no era bueno, el Poder Ejecutivo se expresó claramente y por suerte el país mantiene esa confiabilidad. Lo que sí se va a hacer ahora (tras el decreto que actualiza la regulación del uso de suelos de prioridad forestal), y es lo que promueve la iniciativa, son reestudios de los suelos para que en algunos se plante y en otros no o se limite su capacidad de plantación. Hay muchas más regulaciones.

Por otra parte, se critica que las tres plantas (de celulosa) están en zonas francas, pero hay dos leyes que son de la misma época, que son la Ley Forestal y la Ley de Zonas Francas. Habría que pensar cómo sería el país sin zonas francas y sin forestación: caería el PIB (Producto Interno Bruto) desde todo punto de vista.


Desafíos: construcción en madera y mayor sustentabilidad

Uno de los desafíos que tiene el sector forestal por delante es acelerar el proceso para validar todos los mecanismos de bonos de carbono, donde “el Estado tiene una gran oportunidad”, de acuerdo con Faroppa.

En segundo lugar, mencionó el objetivo de seguir creciendo en el valor agregado de la producción. Para ello, en la Ley de Urgente Consideración se creó la Comisión Honoraria de la Madera, donde los actores involucrados en el asunto buscan unificar criterios para desarrollar la construcción en madera. De esa manera, en un comienzo se van a construir casas más sencillas, de una o dos plantas, para luego crecer en altura.

Al mismo tiempo, las autoridades aspiran a centralizar todos los residuos de la industria maderera hacia nuevos materiales que pueden ser de construcción, de aislación o combustibles líquidos o sólidos.

En tanto, el director general forestal dijo que “Uruguay creó su propia base para biorrefinerías y puede producir combustibles nuevos, verdes, naturales. Por otro lado, hay plantas, inclusive aserraderos, que tienen la capacidad de generar energía eléctrica. Una parte de la misma se consume internamente y otra se vende a UTE. Allí se generan unos 430 megavatios, es bastante más que en la represa de Palmar”.


Avanza la actualización tecnológica de la DGF

Antes de asumir este cargo, Faroppa se desempeñaba como productor y directivo forestal. En ese rol, tenía claro que el sector privado “crecía mucho más” que el público en materia de tecnología y control, puesto que la DGF se iba quedando “rezagada” desde ese punto de vista.

En lo que va del período, el jerarca aseguró que la dirección que encabeza ya se ha actualizado bastante y hoy atraviesa una reestructura tecnológica y de recursos. Si bien cuenta con nuevo equipamiento, todavía no ha recibido más personal, aunque está previsto que ingrese próximamente por la Ley de Presupuesto Nacional –tanto funcionarios técnicos como administrativos-.

“Hemos publicado la cartografía y la información de la web es muy valiosa; allí recibimos visitas del exterior permanentemente y también se toman los datos para hacer estadísticas a nivel nacional”, explicó.

A su vez, destacó que, durante 2020, que pudo haber sido “un año perdido” debido al cierre de oficinas que se dispuso por la pandemia, la DGF mantuvo el mismo número de inspecciones que en 2019. La expectativa para el 2022 es empezar a aumentar los controles.