Reconociendo que se atraviesa por “un escenario de restricción fiscal muy elevado”, el gobierno presentó las principales líneas del Presupuesto para el período 2026-2030, que tendrá foco en el crecimiento, la reducción de la desigualdad y la mejora de la seguridad. Se proyecta un incremento de gastos por hasta US$ 940 millones al final del período, y para financiarlo se pronostica un aumento de ingresos por mayor eficiencia y adecuaciones tributarias. También se prevén cambios en la regla fiscal, eliminando el “tope de gasto”, ya que contiene “un componente ideológico y político que este gobierno no comparte”.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabezó ayer jueves un Consejo de Ministros que tuvo como centro la presentación del Presupuesto Quinquenal, que se realizará el próximo domingo 31 de agosto. En tal sentido, el vocero del encuentro fue el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien explicó que el presupuesto establece una agenda de trabajo para los próximos cinco años, marcando un “rumbo” en un contexto de enormes desafíos e incertidumbres.
Los tres “objetivos estratégicos” son el crecimiento económico y de la inversión, la reducción de la desigualdad y fortalecimiento de la protección social, y la mejora de la seguridad pública.
Asimismo, Oddone afirmó que el presupuesto se sustenta en un principio de “responsabilidad” (ya que “se asume la restricción fiscal imperante”), de “transparencia”, y de “eficiencia”, dado que se busca que cada área del gobierno encuentre espacios de eficiencia para reorientar sus gastos.
La asignación presupuestal tiene dos grandes componentes. En primer lugar, las asignaciones incrementales, que para 2026 alcanzarán los US$ 140 millones y aumentarán hasta los US$ 240 millones al final del período. El 40% de estas asignaciones incrementales se destinará a infancia y adolescencia. El resto se asignará a la mejora de la seguridad (12%), crecimiento (12%), salud (12%), vulnerabilidad social (10%) y otros rubros (14%).
En segunda instancia, se destinan recursos presupuestales para obras nuevas por US$ 700 millones por año. Entre estas obras se incluye la construcción de la represa en Casupá, una planta potabilizadora de agua en Aguas Corrientes, dos establecimientos para la rehabilitación de personas privadas de libertad, hospitales y mejoras en la red vial.
Restricciones fiscales
Oddone reconoció que se atraviesa por “un escenario de restricción fiscal muy elevado”, el mayor desde el año 1995. En tal sentido, se prevé “armar un nuevo marco de convergencia fiscal” que girará en torno a una “nueva regla fiscal”, con una meta unidimensional en torno al nivel de deuda de mediano plazo, que se establece en el 65% del PIB.
Esta regla tiene metas operativas en lo que refiere al resultado fiscal estructural y el nivel de endeudamiento, pero no en cuanto a límite de gasto, como establecía la regla vigente. “Detrás de una regla de tope de gasto hay un componente ideológico y político que este gobierno no comparte”, aseguró.
Con estas modificaciones, se prevé mejorar el resultado fiscal en 1,5 puntos porcentuales del PIB en los próximos cinco años.
Por otra parte, el jerarca explicó que el aumento de ingresos previsto implica dos fuentes: una mayor eficiencia y adecuaciones tributarias. Dentro de estas últimas, se encuentran modificaciones en el marco de la adhesión de Uruguay al impuesto mínimo global, que permitirá localizar en el país impuestos que se pagan en otros; tratamiento equitativo de la ganancia de capital de las inversiones locales y aquellas que se realizan en el exterior; introducción de cláusula antiabuso, para evitar que no sean gravadas las compañías que compran activos y los venden en Uruguay; y modificaciones al régimen de envíos exprés.
Se acabó el tiempo
Respecto a esto último, lo que se ha conocido como “el impuesto TEMU”, se introduce un gravamen de 22% a las compras (exceptuando a aquellas que se realizan en EEUU), se incrementa la cantidad de adquisiciones a tres por año y se aumenta el tope a US$ 800.
Consultado respecto a si la aplicación de este impuesto constituía un incumplimiento a la promesa de campaña de no elevar tributos, Oddone defendió que su postura siempre fue que “hacer promesas sobre temas impositivos es desaconsejable”. Pero, más allá de eso, recordó que el año pasado, en el período preelectoral, el nivel de déficit proyectado para 2025 era de 2,8%, y finalmente será 4,2% o 4,3%. “En 2024 vivimos en un espejismo fiscal. Sabíamos que no iba a ser 2,8%, pero nunca pensé que 4,2%. Por lo tanto, en campaña electoral se dijeron muchas cosas en base a la información que había en campaña electoral”, sostuvo Oddone. El ministro sostuvo que, con un déficit fiscal de 2,8% en 2025 hubiese sido posible “no apurarse” a implementar estas modificaciones tributarias. “Hubiese preferido no apurarme, porque tendría más tiempo para implementar el proceso, (pero) en la medida que se me acabó el tiempo tengo que hacerlo ahora”.
