José Amorín: “El gobierno anterior tendría que haber hecho la reforma de la seguridad social, pero no tuvo voluntad”

Presidente del Banco de Seguros del Estado (BSE)


En el sistema político no hay dudas sobre la necesidad de hacer una nueva reforma del sistema previsional. De acuerdo con Amorín, el tema tendría que haber quedado resuelto en el período anterior, pero no hubo suficiente voluntad política. Ahora propone hacer un acuerdo entre todos los partidos para finalmente implementar las transformaciones necesarias. En otro orden, conversó sobre la actualidad del BSE y las principales metas marcadas por el organismo.


El menú En la cava de Panini’s, el jerarca degustó risotto de salmón, que acompañó con Coca-Cola light. De postre, optó por crème brûlée.


Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-¿Cómo han sido estos dos años al frente del banco?

-Buenísimos. Para mí fue un cambio importante salir del Parlamento y entrar a la presidencia de una empresa del Estado tan importante como el BSE. Durante toda mi etapa previa a ser parlamentario yo era abogado de empresas, así que conocía el movimiento empresarial. Quedé muy conforme porque recibí un banco que estaba funcionando bien y pudimos hacer mejoras, cambios de rumbo en algunas áreas, y hoy tiene la facturación más alta de su historia. El balance de estos primeros dos años es excelente. Quedé muy impresionado con el compromiso que tienen los funcionarios.

-La pandemia entonces no afectó las cuentas del banco.

-No. En cuanto a los seguros vendidos no cambió nada. Los primeros dos meses bajó a la mitad la siniestralidad en autos, pero después volvimos a tener accidentes, lamentablemente; y bajó la cantidad de personas aseguradas por accidentes de trabajo porque hubo muchos seguros de paro y menos accidentes laborales y enfermedades profesionales en esa época.

En el primer año colaboramos con el Fondo Covid, invertimos US$ 30 millones. Hoy está todo normalizado. El banco está funcionando bien. El año pasado, que tuvimos una buena parte con pandemia, fue el año de mayor facturación del banco. La utilidad de 2020 fue de US$ 67 millones y en 2021 de US$ 143 millones. Los dos años de la pandemia fueron los años de mayores utilidades del banco por distintos motivos.

-¿Cómo está compuesta la actividad del banco actualmente y qué porcentaje tiene cada sector?

-El banco se divide en tres grandes sectores. Uno son los seguros generales, donde están los autos, incendios, hurtos, rurales, que es cerca del 30% de la facturación y está en competencia pura.

Otra parte, que es monopolio legal, son los accidentes de trabajo. Ahí tenemos el hospital, que funciona muy bien y tuvo una gestión destacada durante la pandemia, y las rentas que se pagan a los enfermos o accidentados, o rentas permanentes. Eso representa el 20% de la facturación.

Por último, tenemos el área previsional, que está en competencia pero todavía no han entrado las aseguradoras privadas. Son los seguros que les hacemos a las personas que están en las AFAP, que prevén enfermedades, accidentes o incapacidades permanentes, y el pago de las rentas vitalicias cuando se jubilan. Uno al jubilarse de la AFAP tiene que elegir una aseguradora que le va a pagar una renta vitalicia mientras viva. Hoy la única que está en ese mercado es el BSE. Eso es un 50% de la facturación. El sistema estaba muy mal diseñado y el banco perdía mucho dinero, por eso no estaban los privados, pero ya lo hemos solucionado y ahora estamos trabajando para que entren. Yo soy partidario de la competencia.

-¿Cuál es la explicación de que la parte de accidentes de trabajo siga funcionando como monopolio? Las aseguradoras privadas reclaman participar en esto.

-En realidad, están preocupados por este sistema, que es el 20%, y no por el que tiene el 50%. Yo miraría el que la ley me permite, pero está bien que reclamen por sus intereses.

El banco desde hace mucho tiempo tiene servicios excepcionales para atender accidentados, es referente en el país y lo será en la región en la rehabilitación de este tipo de pacientes. Es un seguro muy particular porque quien lo toma es el empresario, y el beneficiario es el trabajador, entonces, es lógico buscar el mejor precio. Un monopolio conlleva una responsabilidad, que es dar el mejor servicio al menor precio posible.

-¿Se está trabajando en la baja de las tarifas?

-El año pasado el directorio resolvió que entre 2021 y 2022 íbamos a bajar un 20% las tarifas de accidentes de trabajo. Esto no es igual para todos, sino que aquellos que tengan menos siniestralidad, tendrán un poco más de 20% de rebaja, mientras que quienes empeoren, tendrán un poco menos. Si nosotros facturábamos US$ 250 millones, este 20% implica bajar US$ 50 millones de la tarifa, es decir, lo que paga el empresario, por tanto, estamos colaborando para bajar el costo país.

-¿Qué hace el banco por la prevención de accidentes de trabajo?

-A las empresas les pedimos una declaración jurada, que nos digan cómo está su situación, y solo el llenarla les da algunos beneficios. Hay una ley por la cual si tenés más de cierta cantidad de empleados tenés que tener prevencionista, y tenemos funcionarios que están trabajando en eso. Además, a todas las empresas que tienen más de 200 trabajadores les podemos hacer un estudio particular, ver la cantidad de accidentes de trabajo y hacerles una tarifa especial.

-¿Cuál es la importancia de la reforma de la seguridad social?

-Es fundamental. El gobierno anterior la tendría que haber hecho. La última reforma se hizo en el año 96, estuvo muy bien pensada, pero le faltaban algunas patas que eran las cajas paraestatales y al final nadie les hincó el diente.

-¿Por qué cree que no la hizo el gobierno anterior?

-Tenía los votos, tenía las mayorías, pero no tuvo la voluntad. Es una reforma compleja, porque hay algunas personas que se iban a jubilar a cierta edad y lo van a tener que hacer unos años después. La propaganda que hacían el Frente Amplio (FA) y el PIT-CNT respecto a la LUC (Ley de Urgente Consideración) iba en contra de hacer una reforma de la seguridad social, aunque sabían que había que hacerla.

Hay que actuar con responsabilidad. La reforma debería hacerse por un acuerdo entre todos los partidos, porque es muy difícil sacarla con la mitad del país pateando en contra. Para mí es esencial. Hubo un comité de expertos en seguridad social que hizo un trabajo interesante, que se tiene que discutir en el Parlamento, pero sería razonable y responsable por parte de la oposición trabajar para que esto salga, si no, va a ser complicado.

-¿Los votos de la coalición de gobierno estarán?

-Todavía nadie conoce el proyecto de ley, se van a ir poniendo de acuerdo en partes. Pero reitero, todo el sistema político tiene que decir: “esto es un país serio y en las cosas serias tenemos que estar juntos”. El FA sabe que lo tenía que haber hecho y no lo hizo. Este gobierno sabe que lo tiene que hacer. Hay que pensar no en estas generaciones, sino en las próximas, para que la gente vuelva a tener confianza en el sistema. No es sencillo cuando uno dice que las cajas tienen para dos años y cuando el BPS —que está trabajando bien y está haciendo las cosas con la mayor prolijidad posible— tiene que recibir siete puntos de IVA más algún refuerzo de Rentas Generales. Hay que pensar que la gente vive más, por suerte.

-¿La mayor contra es el aumento de la edad de jubilación?

-El tema es que si uno trabaja 30 años y hay que darle 30 años más de jubilaciones, sería fantástico, pero los números son complicados, no dan. Eso lo sabemos todos, de todos los partidos políticos, entonces, tratar de sacar ventaja en este tema es mezquino. Hoy está ese riesgo, pero si este gobierno no lo hace lo va a tener que hacer el próximo, porque si no, un día les va a explotar en la cara. Estas son cosas que hay que asumir que hay que hacer, y tanto el gobierno como la oposición tenemos que poner todo para que esto salga. Es uno de los temas grandes que tiene el país y el más urgente. En realidad, el más urgente es la educación.

-Se habla del costo político que esto generaría.

-Para que no haya costo político lo tienen que votar todos, pongámonos de acuerdo.

-¿Cuáles serían los riesgos de que no saliera ahora?

-Que la desfinanciación de todas las cajas va a ser cada vez mayor, que el Estado va a tener que dedicar muchos más recursos a la seguridad social y en ese caso va a tener muchos menos recursos para salud, educación, infraestructura, para todo el resto.

-Decía que lo más urgente es la educación.

-Están trabajando. Lo que se hace en educación se ve mucho tiempo después, pero está claro que hace falta una reforma importante, profunda. Por lo que he escuchado, se está en eso.

-¿Cuáles son los objetivos para este año?

-Vamos a seguir bajando las tarifas de accidentes de trabajo, que es una de las cosas más importantes. Hemos hecho sostenible la parte de las jubilaciones y mantenemos las reservas para pagar todas las rentas vitalicias. Vamos a intentar seguir teniendo utilidades para que crezca nuestro patrimonio, que hoy es de US$ 600 millones y es garantía del cumplimiento de nuestras obligaciones, y para verter a Rentas Generales lo que sea necesario.


Apuesta por los seguros rurales

-¿Qué lugar ocupan los seguros rurales en la actividad del banco?

-Tenemos cerca del 60% de la facturación de seguros rurales en Uruguay, un área que está en competencia. Le damos especial importancia porque el agro es la base de la riqueza del país. Y hemos crecido y estamos creando nuevos tipos de seguros. El sábado el ministro anunció en la Federación Rural que haremos un seguro contra los predadores de majadas de lanares, será el primero en Uruguay. El banco está empezando a incursionar en áreas rurales en temas en los que nunca había estado antes. Para nosotros es muy importante.

-Con los problemas que ha tenido el agro, ¿es un buen negocio?

-No es un gran negocio, de hecho, el año pasado tuvimos cifras muy negativas por la seca, la cosecha de soja fue muy mala, y este año lo empezamos con algunos problemas serios de incendios forestales en el norte del país, pero vamos a insistir para estar en ese mercado que es tan importante para el país.


Venta de servicios al exterior

Cuando empezó la pandemia, el covid-19 no era considerado una enfermedad profesional, hasta que el BSE llegó a un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El banco debió cubrir esa situación. En ese camino, a través de un acuerdo con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), rehabilitó a unas 100 personas que habían tenido covid-19 y habían estado mucho tiempo en el CTI, por lo que habían perdido toda la movilidad.

Actualmente el BSE está haciendo una certificación de la Comisión de Acreditación de Instalaciones de Rehabilitación (CARF, por su sigla en inglés) que es de nivel internacional, y el objetivo de la institución es ofrecer servicios para el exterior.

“Hemos tenido intentos de acercamiento de hospitales italianos que tienen intenciones de trabajar con el banco en rehabilitación para ACV y para ELA, por recomendación del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, que vio cómo funcionaba el banco en el área de rehabilitación y quedó muy conforme”, afirmó Amorín.