Que estemos en año electoral dificulta avances en el combate al lavado de activos, según especialistas

Ricardo Gil Iribarne: “No hacen falta leyes, sino voluntad política”

Ante las propuestas manejadas por la bancada del Frente Amplio en materia de transparencia, Eduardo Brenta, senador frenteamplista; Leonardo Costa, abogado especialista en prevención del lavado de activos, y Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y la Senaclaft, analizaron los problemas que presentan los principales organismos involucrados en el control del lavado de activos. En entrevista con CRÓNICAS, coincidieron en que la Ley de Urgente Consideración (LUC) introdujo cambios perjudiciales, y que hace falta un trabajo coordinado de inteligencia para dar batalla a un problema “evidente”.

Gil Iribarne tiene la posición tajante de que en Uruguay se lava dinero históricamente, y que es preferible afirmarlo antes que relativizar. “Recién en el 2004 se empezaron a tomar algunas medidas y a avanzar lentamente. Creo que en los últimos años se retrocedió, y los resultados son pocos”, reprobó. 

Para ejemplificar, recordó que según la Evaluación Nacional de Riesgo oficial que realizó la Senaclaft, “en cuatro años hubo 74 millones de dólares de mercadería contrabandeada decomisada”, pero “no hay un solo caso de lavado de fondos que vengan del contrabando”, apuntó.

Nuestro país tiene niveles de transparencia fiscal que “han mejorado mucho”, pero en su opinión, no hay señales de un sistema de control efectivo en la materia. Así como “hay que asumir que siempre se puede escapar algo”, para Gil Iribarne es cierto que aumentaron los delitos de crimen organizado, y cuando éstos generan mucha riqueza, “es lógico que se lave más”. 

Otra zona de riesgo son las inversiones, “que el país necesita” pero no deben ser causa para bajar controles. Esto es porque pueden repetirse casos anteriores de inversiones que “resultaron estar en manos de delincuentes”. Para el exdirector de los organismos antilavado, está faltando coordinación y compromiso “del presidente hacia abajo”.

Por último, encontró que el lavado de activos no suele relacionarse con la inseguridad que afecta a todos los ciudadanos, pero que es un factor contribuyente, por lo que “hacernos los distraídos no ayuda en nada”. El accionar del Estado es clave para dar el ejemplo. “Si el Estado no cumple con lo que tiene que hacer, es razonable que los actores privados que también tendrían que colaborar, no colaboren porque ven que el Estado no está interesado realmente en hacer las cosas”, remarcó.

Propuestas 

Eduardo Brenta, senador por el Frente Amplio (FA), repasó los cuatro proyectos de ley que maneja su partido en materia de transparencia. Estos incluyen el fortalecimiento de la Jutep y la creación de la figura jurídica del enriquecimiento ilícito. 

Además, se manejan propuestas de modificación a la LUC, específicamente en lo que respecta a los montos de efectivo que pueden ser movilizados sin justificación. La intención es que se pase de los 150 mil dólares permitidos a 25 mil, para lo que “se está trabajando con especialistas”.

Brenta destacó un balance producido por el Banco Central del Uruguay (BCU), “que reconoce que la flexibilización de la LUC ha facilitado el lavado de activos”. También mencionó que organismos internacionales recomendaron bajar el monto permitido, porque hubo una “disminución significativa” de los reportes de operaciones sospechosas. 

“Nadie dice que una ley, por ser ratificada, sea inamovible para la eternidad. Reducir el monto de efectivo es súper razonable si el gobierno está comprometido en la lucha contra el gran narcotráfico. Si no se combina con una fuerte política del lavado de activos y una gestión concreta en las áreas convertidas en depósitos de droga, uno debería sacar otras conclusiones”, cuestionó.

Gil Iribarne calificó este cambio introducido por la LUC como “una barbaridad”, y resaltó la gravedad de que las autoridades hayan “ignorado” el rol preventivo en el lavado de activos que cumplía el monto anterior. Para Leonardo Costa, “fue algo hecho sin el mínimo análisis de riesgo y por un tema de promesa de campaña, porque el proyecto original no tenía límite”.  La razón explícita del cambio fue porque anteriormente el monto “era muy bajo” y “afectaba al interior profundo del país”.

Sobre las propuestas de nuevas legislaciones y modificaciones a las existentes, Gil Iribarne es crítico. En el 2019, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) hizo una evaluación positiva de la normativa uruguaya, por lo que dichas propuestas pueden no ser la solución al problema. “Uruguay está al nivel que la comunidad internacional exige. Tenemos esa tentación de que basta sacar una ley para que un problema se solucione. Además es año electoral, y como pasó en el 2019 donde en materia corrupción salen leyes que no se cumplen porque, en realidad, solo fue un objetivo electoral. No faltan leyes, sino voluntad política de combatir el lavado y de capacitar gente para que sepa investigar, que no hay”, razonó Gil Iribarne.

En cuanto a la creación de la figura de enriquecimiento ilícito, recordó que en el 2019 el Senado había aprobado un proyecto similar pero fue rechazado en Diputados, por lo que “genera dudas” que el proyecto resurja en período electoral.

La función del Senaclaft

Leonardo Costa dijo que el nuevo plan de estrategia del Senaclaft sería publicado a mediados del presente mes. Se trata de un insumo “importante”, pero “no es ni el inicio de la solución”, porque no implica más que las tareas a encarar en adelante. “Generalmente son muy descriptivas siguiendo un modelo internacional, marcando dónde focalizar los grupos de riesgo. Pero si se ve a la Senaclaft sola y no se busca una estrategia coordinada, por ejemplo, se ponen zonas francas pero la aduana no está detrás de los movimientos, lo único que se hace es descargar los costos al sector privado. Es preocupante, no veo una sensibilidad de cómo atacar el problema por parte del Estado”, lamentó Costa.

El abogado coincidió con Gil Iribarne en que es necesario un trabajo de inteligencia coordinado entre distintos organismos, ya que hasta el momento la tarea del Senaclaft se resume a “la actividad preventiva de recibir a sujetos obligados”, pero la “parte investigativa” tiene carencias. “Hay que darse cuenta que el lavado de activos no es una lucha independiente, sino que tiene que formar parte de una estrategia nacional de seguridad”, puntualizó Costa.

Los recursos de la Jutep

Una preocupación de la bancada frenteamplista es que “la Jutep ha sido totalmente degradada en este gobierno”. Eduardo Brenta apuntó contra el impulso del oficialismo a la precandidatura del senador Juan Sartori, que fue declarado omiso por la Jutep. “Según lo establecido en la Ley Cristal del período de Batlle, hasta no regularizar su situación no podrá ocupar un cargo en desarrollar la función pública, pero parece que esto cada vez vale menos”. 

Tal como expresó el senador del FA, hay una intención de hacer de la Jutep un organismo independiente del Poder Ejecutivo y “colocarlo dentro de la órbita del Parlamento». Sobre este punto, Gil Iribarne calificó como “un paso atrás brutal” el hecho de que la designación de los tres directores del organismo sea por cuota partidaria. 

Para Leonardo Costa, la Jutep tiene un problema de presupuesto que no permite exigir resultados. “Creo que hay cierto menosprecio hacia la Jutep cuando no se le da presupuesto ni importancia política. Con diez funcionarios no se puede hacer nada. En la agenda del sistema político la lucha contra la corrupción no está, porque de lo contrario no podés aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos, menos vas a aprobar la del fortalecimiento. Están dormidos”, juzgó. 

No obstante, Gil Iribarne rechaza la idea de que el problema se trate exclusivamente de carencia en los recursos. Si bien entiende que se trata de un factor, también planteó que hay problemas en el uso eficiente de los recursos disponibles. “En todos estos años, desde 2020 a 2022, a la Jutep le sobró mucha plata a fin de año. En la Rendición de Cuentas de 2020 se aprobó que fuera de los organismos que excepcionalmente podían llenar las vacantes, y en la de 2021 se crearon tres cargos de abogado y uno de contador. En todo el 2023 no llenó ninguno de esos cargos. Entonces, si yo no gasto lo que tengo, algo estoy haciendo mal”, puntualizó.